País Teletrabajo

Gobierno tramita nueva directriz de teletrabajo en sector público sin que se afecte prestación de servicios

A fines de mayo, la diputada del Partido Progreso Social Democrático, Paola Nájera, sugirió al Gobierno retomar el teletrabajo en todo en el sector público y hacer extensiva la alternativa al sector privado, dos días presenciales y tres días en teletrabajo.

El Ministerio de la Presidencia confirmó que la nueva directriz de teletrabajo que tramita el Gobierno se encuentra en análisis en la Oficina de Leyes y Decretos “para su debido proceso y consiguiente publicación”.

Según se informó a UNIVERSIDAD desde el despacho de la Ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana, “el Gobierno aboga por la modalidad de teletrabajo en el sector público siempre y cuando se pueda dar garantía de no afectación a la prestación de servicios públicos”.

«La nueva directriz de teletrabajo fue preparada en equipo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Fue trasladada a Leyes y Decretos para su oficialización en los próximos días”, se informó.

La nueva directriz introduciría “mecanismos de control que garanticen un eficiente uso del tiempo laboral”. Sin embargo, aún no se han dado detalles al respecto.

El 26 de mayo, la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Paola Nájera, envió un oficio a las ministras de la Presidencia, Natalia Díaz , y de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, sugiriendo retomar el teletrabajo en todo el sector público ante el aumento en el precio de los combustibles.

En la carta, la legisladora detalla: “Solicito valorar la posibilidad de volver a implementar el teletrabajo como una medida viable para paliar los continuos incrementos en el precio de la gasolina”.

“Valoro la posibilidad de que el teletrabajo pueda ser retomado en todo en el sector público y hacer extensiva la alternativa al sector privado, ambas, de manera no obligatoria en un horario: 2 días presenciales y 3 días en teletrabajo o bajo acuerdo mutuo entre las partes, siempre que no afecten el ejercicio de las instituciones y empresas, trasladándose a esta dinámica los funcionarios que no se requieran indispensablemente de manera presencial”, escribió Nájera.

En el documento expone que el costo que producen las “presas” o el congestionamiento vial en el GAM, para las personas que se desplazan a trabajar a un cantón distinto de dónde viven, representa alrededor de un 3.8% del PIB (¢1.4 billones), según datos del Informe Estado de la Nación 2018; que los costarricenses perdemos hasta 550 horas del año (23 días) en presas; y que durante el 2022 los combustibles han tenido constantes aumentos, generando que se vuelva insostenible para los trabajadores costarricenses el mantenimiento de sus vehículos.

Teletrabajo durante 2020 y 2021

En el 2019 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para Regular el Teletrabajo (9738) en el sector privado y en la administración pública. Señala que el teletrabajo es voluntario, tanto para la persona teletrabajadora como para la persona empleadora, y se regirá por el Código de Trabajo.

Allí se define el teletrabajo como una modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Asimismo, se indica que esta modalidad de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo.

Al inicio de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno dictó la directriz N.°073-S-MTSS, por medio del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, 2020), designando la obligatoriedad de implementar la modalidad de teletrabajo en todas las instituciones públicas, a fin de permitir la continuidad de los servicios.

El 30 de noviembre de 2021, el Gobierno informó que prorrogaría la directriz de teletrabajo en instituciones públicas durante todo el mes de diciembre, para contribuir a la disminución de contagios por COVID-19 y su impacto en los servicios de salud.

Quedaban exceptuadas de esta directriz las oficinas regionales de atención al público y las instituciones involucradas en la atención de emergencias.

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