Con el fin de cumplir la promesa de reunirse, el pasado lunes se realizó en Casa Presidencial un encuentro con siete representantes de cinco territorios indígenas, en el que se les informó sobre el llamado plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI).
Mientras la reacción de terratenientes contra las recuperaciones de hecho en diversos territorios es violenta y cada vez más organizada, el plan RTI consiste en que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) se aboque a “la recopilación de información, el amojonamiento, la realización de un censo inmobiliario, el levantamiento topográfico, la conformación de expediente, el procedimiento ordinario de resolución, la resolución final de junta directiva y la ejecución del acuerdo”, según un comunicado enviado el día de ayer.
Por parte del gobierno estuvieron presentes el presidente Carlos Alvarado, la vicepresidenta Epsy Campbell, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola y el presidente ejecutivo del Inder, Harys Regidor.
La representación indígena fue constituida por Emigdio Cruz Elizondo y Josué Blanco Sossa, del territorio maleku; Elides Rivera Navas -tía del recuperador asesinado Jehry Riverra- y Manuel Villanueva Villanueva, del pueblo Bröran de Térraba; Doris Ríos Ríos, de la ADI de China Kichá; Donald Rojas Maroto, del territorio Boruca; y Levi Sucre Romero, de Talamanca-Bribri.
Según la información divulgada, el plan RTI inició en 2016 y en estos poco más de cuatro años ha consistido en la revisión de “todos los decretos de los territorios, los registros de planos catastrados y no catastrados, para generar un primer mapa sobre la situación de territorios. A partir de allí, se han colocado 190 mojones para delimitar los territorios y, posteriormente, 1.381 levantamientos topográficos para ofrecer la seguridad jurídica del perímetro de la propiedad. Es con fundamento en esto que se toma la decisión de indemnizar o no a la persona que se encuentra en dichas tierras”.
La información del gobierno no especifica en qué sitios es que se ha realizado ese amojonamiento y en ese sentido no se puede dejar de mencionar la violencia organizada en años recientes por parte de terratenientes que reclaman como propias tierras recuperadas en territorios como Térraba, China Kichá, Cabagra o Salitre.
Es más, en la información divulgada por el gobierno no se menciona que se haya conversado nada sobre las implicaciones de la impunidad tanto por los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, como de esa violencia organizada. Es notorio además que en el encuentro no participó el viceministro de Seguridad Eduardo Solano, quien en varias ocasiones ha debido explicar ante la prensa y la Asamblea Legislativa las dificultades que tiene el Poder Ejecutivo para llevar a cabo los desalojos administrativos de personas no indígenas.
Sobre la reunión, el presidente Alvarado dijo que “estamos buscando acciones concretas para cumplir el plan RTI” y que el encuentro según él es “una señal de avance en la ruta del cumplimiento de derechos humanos y en busca de mejorar la convivencia que existe en estos territorios a través de una estrategia integral”.
Alvarado además solicitó realizar sesiones entre el INDER y cada territorio indígena, para “mantener un canal para rendir cuentas de lo que se ha avanzado en temas de levantamiento y aprobación de expedientes, y fijar prioridades particulares. También, solicitó revisar registros de procedimientos de ventas de territorios indígenas para examinar su legalidad”.
Por su parte, Otárola destacó que el plan RTI “pretende devolver territorios a la población indígena. Tenemos claro que esta es una deuda histórica de 40 años que la presente administración está comprometida en resolver con estas comunidades”.
Según Casa Presidencial, la representación indígena agradeció a las autoridades “por esclarecer el proceso de ejecución de este plan”.
