Ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el viceministro de Salud Alexei Carrillo manifestó que el proyecto de Ley de Regulación y Control del Cannabis recreativo es “una gran oportunidad” para que el país tenga un “control adecuado, claro y expreso” del consumo de esa sustancia.
Carrillo sin embargo enfatizó e insistió en que esa iniciativa “es viable, pero necesariamente debe involucrarse más agentes activos”, es decir “a todas las instituciones desde la siembra hasta consumo final, pasando por todas etapa de comercialización”, lo cual según detalló incluye además del Ministerio de Salud, al de Justicia y Paz, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), al de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entre otros.
El funcionario fundamentó esa visión en que en su criterio el Estado “debe garantizar a los consumidores la prestación de servicios y tratamientos adecuados para combatir la adicción al cannabis, mediante proyectos y programas integrales, realizados por los diferentes ministerios e instituciones”.
Añadió que la política persecutoria actual fomenta que “los traficantes se enriquezcan cada vez más con la venta y distribución de cannabis”, lo cual expone a las personas consumidoras a situaciones “propias de la actividad ilícita, donde la integridad física y mental se ve comprometida desde el primer momento en que se adquiera un producto sin estándares de calidad, donde se puede estar suministrando altos niveles de THC, así como mezclado con otros materiales eventualmente tóxicos”.
Así, Carrillo comparó un escenario de marihuana legalizada con las políticas actuales de control y prevención que se lleva a cabo con respecto al tabaco y aseveró que “no hacer nada es mantener un daño a la población y enriquecimiento a un grupo de delincuentes que lo único que desean es hacer dinero a consta de la salud de la población”.
“Momento propicio”
Las intervenciones de diputados y diputadas guardaron pocas sorpresas. El presidente de la Comisión, el liberacionista Gilberth Jiménez, preguntó si Costa Rica tiene la “cultura” adecuada y dijo que el proyecto “contraviene la situación de salud de nuestros ciudadanos”.
A ello, el Viceministro replicó que “soy fiel creyente que regular las actividades que en este momento pueden presentar algún tipo de problema en salud pública” y acotó que el país está “en constante evolución y nuestra población está en constante evolución y crecimiento. Más bien es momento oportuno y propicio, aún más con el uso de redes sociales y posibilidades de hacer denuncias, es momento propicio para la población costarricense para poder empezar” el proceso de legalización.
El liberacionista entones cuestionó si se cuenta con la capacidad necesaria para controlar la calidad del producto, ante lo cual el Viceministro reconoció que el país cuenta con “capacidad reducida”, por lo que destacó la importancia de que “este tipo de proyectos nos permite acceder a recursos”.
Jiménez también aseveró que en otros países se han dado “efectos colaterales” ante este tipo de medidas, por lo que según él debieron dar “un paso atrás”, dijo que “por ejemplo Uruguay que lo autorizó y tuvo que rechazarlo”, según él por problemas de salud pública. Cabe mencionar que la aseveración del liberacionista es falsa, la reforma llevada a cabo en Uruguay sigue vigente, de hecho en el último año en ese país se duplicó la cantidad de licencias para producir y distribuir.
Ariel Robles, del Frente Amplio, no hizo preguntas sino que aprovechó la oportunidad para alegar en favor de la iniciativa y aseveró que la legalización de cannabis “es importante no sólo para reactivación económica, sino por salud púbica”.
Entre varios datos que aportó, dijo que “no tiene ningún sentido” que la Fuerza Pública persiga a personas consumidoras y citó un informe del OIJ, según el cual entre junio de 2021 y julio 2022 el 80% de los decomisos de cannabis fueron menores a un gramo.
“¿Qué hicieron con quitarle un gramo a un muchacho en la calle? Fomentar que fuese a comprar otro gramo”, lamentó el legislador izquierdista.
También intervino Kattia Cambronero, subjefa de fracción del derechista Partido Liberal Progresista (PLP), quien aseveró que “muchísimos costarricenses ya consumen este producto, no hay nada peor para una sociedad que las prohibiciones, porque no se permite que el Estado pueda apoyar con política pública que pueda hacer prevención y control de la calidad del producto”.
“Aquí hemos tenido a la policía antidrogas, al OIJ, al ICD y ninguno ha podido generar estadísticas que sean contundentes que puedan decir que efectivamente este proyecto de ley pueda generar un consumo mayor o adicción en las personas”, añadió.
Cambronero preguntó a Carrillo sobre la necesidad de participación de otros actores, como los mencionados ministerios, lo cual fue aprovechado por el funcionario para aseverar que “lo que no se regula y no se traza es muy probable que presente mala calidad. Los consumiodores del país se ven expuestos a consumir marihuana con otras sustancias”.
La diputada entonces sentenció que “no tiene sentido gastar recursos (en la persecución) si es un consumo que ya se da entre los costarricenses”.
