Si bien el proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón es de gran relevancia y urgencia para la provincia, la figura de alianza estratégica que impulsa el Gobierno no aplicaría y el proyecto debería construirse como una concesión, siempre y cuando consista en una ampliación y obras nuevas, explicaron un experto en derecho público y un abogado y empresario de la zona.
El abogado y docente de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodrigo Rivera Fournier, explicó que la alianza estratégica, tal como está concebida en la Ley de Contratación Pública, no es para construir infraestructura, sino para otros fines.
Rivera, quien ha sido asesor jurídico de diversas instituciones públicas y asesor de empresas en contratación administrativa, derecho laboral y administrativo, considera que el proyecto se podría construir como concesión a través de un concurso con reglas claras y con control, siempre que se trate de obras nuevas o ampliaciones de las ya existentes.
Mientras que Randy Gordon, abogado y presidente de la Federación de Cámaras del Caribe (Fedecaribe), coincidió en que la ley no permite la figura de alianza estratégica para este proyecto, por lo que se requiere modificar la ley.
El ansiado proyecto
El proyecto de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) consiste en transformar la Terminal Hernán Garrón Salazar, ubicada en la bahía de Limón, en una terminal turística de cruceros y marina. El área es zona portuaria, reservada para fines de utilidad e interés público.
La primera zona de inversión abarca 27 hectáreas y consiste en rehabilitar y ampliar el Muelle de Cruceros ya existente para albergar dos grandes cruceros simultáneamente; además de un edificio para atender a los cruceristas, comercios locales, restaurantes, mercado de artesanías, hoteles, estacionamientos y una explanada frente al mar.
La segunda zona será la marina, cuya dársena (estacionamiento acuático para el fondeo, carga y descarga de embarcaciones) tendrá una capacidad de 80-120 posiciones de atraque para yates y embarcaciones deportivas; un muelle para el abastecimiento de combustible; elevador de embarcaciones; patios de servicio y almacenamiento de embarcaciones en tierra; establecimientos comerciales; y puntos de venta de comida y bebidas, según consta en los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental y financiera de Japdeva.
El costo del proyecto es de $854 millones (alrededor de ₡436.787 millones), que incluye la construcción, equipamiento y todas las obras conexas.
“A mí me han venido a visitar ya varios grupos de empresarios internacionales, y yo les creo porque son gente conocida que tienen 854 millones de dólares listos y que están esperando que salga el concurso”, Rodrigo Chaves, presidente de la república.
¿Cómo funcionaría el proyecto? Las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble serán propiedad del Estado. De acuerdo con el estudio de factibilidad, el “socio estratégico” de Japdeva aportará el financiamiento para desarrollarlo y asumirá el diseño, construcción y equipamiento.
Esa empresa privada presentará una propuesta de negocio, según el esquema de ingresos del proyecto (tarifas e ingresos comerciales), ya que cobrará por los servicios que se ofrezcan a las naves. El interés de Japdeva es que el modelo de participación implique una cuota fija periódica y un porcentaje variable según los resultados financieros. El Estado brindará los servicios de inmigración, aduanas y de seguridad que se requieren para la operación.
“Limón es una bomba de tiempo”
Rubén Acón, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, destacó que, independientemente de la parte jurídica o legal, se requiere desarrollar este proyecto a la mayor brevedad “porque Limón es una bomba de tiempo”.
Acón declaró que Limón tiene los más altos índices de muertes violentas, no hay fuentes de trabajo nuevas, las existentes, como en el banano y en la piña, están en peligro por la apreciación del colón y que el proyecto creará fuentes de empleo. “Nosotros necesitamos eso hoy, no dentro de 15 o 20 años, que es lo que tarda una concesión”, dijo.
El empresario señaló que el Caribe es la zona más activa del mundo en cuanto a cruceros y que el país tiene una ubicación estratégica —prácticamente inmune a huracanes—, a lo que se suma la multiculturalidad, música, tradiciones, gastronomía y naturaleza.
Por lo anterior, Limón podría recibir turistas internacionales que disfruten un viaje en crucero en el Caribe sin necesidad de abordarlo desde Estados Unidos, y que se queden dos o más días en la provincia, lo cual impulsará un desarrollo turístico, en el cual la persona limonense podría insertarse con sus conocimientos de inglés. “Creemos que esa es la vía correcta”, declaró.
Randy Gordon también confirmó la importancia del proyecto, no solo por el empleo que podría generar, sino porque sería la punta de lanza para despegar el desarrollo en Limón y puso como ejemplo el caso de Intel, cuando se instaló en el país y atrajo muchas inversiones. “Generaría confianza a otros inversionistas de otros sectores para invertir en Limón. Para mí, el proyecto lógicamente debe hacerse porque Limón tiene las condiciones idóneas”.
Según Acon, “Japdeva está habilitada legalmente para hacer alianzas estratégicas para desarrollar este proyecto; pero entiendo que la Contraloría tiene un criterio diferente y, en ese sentido, hace la advertencia de que se tiene que hacer a través de una concesión. Esa es una opinión respetable; yo no soy abogado para decir cuál de los dos tiene razón”.
Presidenta de Japdeva anuncia cartel
El 15 de febrero de 2023, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Sucy Wing Ching, anunció el lanzamiento de la publicidad oficial del proyecto y declaró que proyectaba que estuviera listo en 2026. “Nosotros tenemos previsto que antes de terminar este año ya estemos publicando el cartel. Ya estamos trabajando en un reglamento de alianzas estratégicas”, dijo ese día, en compañía del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Chaves, por su parte, exclamó: “A mí me han venido a visitar ya varios grupos de empresarios internacionales, y yo les creo porque son gente conocida, que tienen 854 millones de dólares listos y que están esperando que salga el concurso”.
El 15 de octubre de 2019 se aprobó una ley de transformación de Japdeva, que agregó un artículo 5bis a la Ley Orgánica de la institución. Ese artículo establece que Japdeva podrá suscribir alianzas estratégicas con entes o empresas que desarrollen actividades de inversión de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades de Japdeva.
El 8 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Reglamento de Alianzas Estratégicas de Japdeva, donde especifica, entre otras cosas, que el Consejo de Administración de Japdeva será el que decida “aceptar una o más propuestas de alianza estratégica, lo que deberá hacerse mediante acto motivado”, con base en un informe de motivación y un análisis de conveniencia.
El 16 de abril pasado, Chaves arremetió contra la Contraloría General de la República (CGR) en su polémico acto público en Limón, donde la acusó de poner trabas al proyecto, sin que el órgano haya emitido criterio alguno sobre este.
Lo que hizo la Contraloría en dos oficios enviados a Japdeva, el 8 de setiembre de 2023 y el 22 de marzo de 2024, fue recordarle que la figura de alianzas estratégicas “no podrá ser utilizada para suplir infraestructura” y que Japdeva está obligada a recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción, “conforme el principio constitucional de licitación”.
La CGR es enfática en que la alianza estratégica “no puede entenderse como una alternativa para obviar y/o evadir el régimen ordinario dispuesto por la Ley General de Contratación Pública”.
El cuestionamiento de la CGR es que cuando se quiere contratar una obra pública deben seguirse las normas de los contratos de obra pública o los contratos de concesión de obra pública; es decir, que no se puede hacer una alianza estratégica cuando se trata de infraestructura pública.
Obras nuevas o ampliaciones
Randy Gordon, de Fedecaribe, planteó que la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos dice que, “en el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, por esta ley, únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes.
“Ese artículo supone un problema para lo que se quiere plantear. No se podría utilizar esa figura para eso. Para poderlo hacer rápido habría que hacer una modificación a la ley. Si existe voluntad en la Asamblea, se podría hacer muy rápido”, dijo Gordon.
El abogado ratificó que las leyes de concesión de obras públicas y la de contratación administrativa buscan salvaguardar la transparencia porque el reglamento de alianza estratégica dice que el consejo de administración de Japdeva va a escoger al socio estratégico “a dedo”.
“Yo no me estoy oponiendo al desarrollo ni a que se haga; más bien he sido de los que ha impulsado el desarrollo de Limón. Pero, como abogado, sé que si eso se hace así, un recurso de amparo o un contencioso va a parar el proyecto y eso no tendría ningún sentido”, alegó.
El abogado Rodrigo Rivera aclaró que la alianza estratégica fue concebida en la Ley de Contratación Pública, no para construir infraestructura, sino para que una empresa del Estado se asocie con una empresa privada que tenga conocimientos, acceso a tecnología y acceso a mercados, como en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“Las alianzas estratégicas no son conseguir un socio para hacer una obra pública. Esa es la objeción más importante. Una alianza estratégica no está concebida así en la ley”.
En derecho administrativo la autorización debe ser expresa; es decir, la ley debe indicar que se puede aplicar a infraestructura y no lo dice.
El artículo 13 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública es claro en que se exceptúan de los procedimientos ordinarios las alianzas estratégicas autorizadas por ley; pero las define como un tipo de asociación autorizada por ley para ciertas entidades que operan dentro de mercados en competencia “en la que la Administración se une a una o a varias empresas públicas o privadas con las que comparte mercados afines”.
Con respecto al proyecto, Rivera declaró que “eso es darle un bien del Estado a alguien, que haga inversiones, que lo mantengan y que cobren por el uso hasta que se pague la inversión; eso es una concesión, no es una alianza estratégica”.
“Lo que quieren es cobijarse bajo la figura de la alianza estratégica para no hacer un concurso reglado, que puede ser verificado”, resaltó.
“Vea qué delicado: le van a dar de forma directa a una empresa un área frente al mar, la zona marítimo terrestre, sobre un muelle, sobre un bien propiedad del Estado, que pertenece a Japdeva, y se la van a dar para que haga inversiones y cobre la recuperación de esas inversiones. Eso no es una alianza estratégica”, aseveró Rivera.
UNIVERSIDAD envió varias preguntas a la presidenta de Japdeva, por ejemplo: “¿cuál figura legal considera que se debe seguir en este proyecto para que sea jurídicamente viable?”. Sin embargo, estas aún se encontraban en trámite a la hora de cierre.
Curiosamente, algunas de estas dudas ya habían alertado a la diputada del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), María Marta Carballo. El mismo día del discurso incendiario del presidente en Limón, Carballo presentó un proyecto de ley que reforma el artículo 5bis de la Ley Orgánica de Japdeva.
Carballo propone que se incluya un párrafo que aclare que las alianzas estratégicas podrán referirse al desarrollo de proyectos de infraestructura, comerciales, tecnológicos y de cualquier otra naturaleza acorde con las atribuciones de Japdeva y que podrán involucrar el uso de bienes inmuebles bajo administración de la Junta y el desarrollo de la infraestructura.
Mientras, Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), recalcó que ellos no se oponen al desarrollo de la provincia de Limón, pero apuntó que, si Japdeva tiene 137.000 hectáreas que administra por ley, “¿por qué no agarraron de ahí para el proyecto? ¿Por qué tienen que agarrar las 27 hectáreas de muelle, que le ha costado a los costarricenses construir, que es de todos los costarricenses y entregarlos a un privado para que haga clavos de oro?”.
