La complicada situación fiscal que vive el país dejó un nuevo rastro evidente este jueves, con un pequeño retraso en el pago de salarios y pensiones del sector público correspondientes a ₡80.000 millones (incluidos los recursos del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional).
Así lo confirmaron esta misma mañana Roger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio (Jupema) y, posteriormente, el propio Ministerio de Hacienda, cuando confirmó que realizará los depósitos esta noche, aunque experimentó algunas “dificultades para acceder al financiamiento” para el pago esta quincena.
En el caso de las pensiones del Magisterio, el retraso afectó específicamente a ex-trabajadores que empezaron a laborar antes del 15 de julio de 1992, pues -desde entonces- el sistema es administrado por la propia Junta a partir del Régimen de Capitalización Colectiva.
Sobre este retraso, Porras afirmó que la Junta recibió esta mañana una comunicado del Ministerio de Hacienda en la que la entidad estatal afirmó que “no pudo recoger los recursos suficientes para el pago de las pensiones”, algo que -según Porras- remitieron “a la situación fiscal que vive el país, con los problemas de liquidez que eso significa”.
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Además, el director ejecutivo confirmó que la noticia ya generó reacciones de las personas interesadas, que han empezado a “preguntar sobre el tema y preocuparse por la situación”.
No obstante, Hacienda informó pasado mediodía que “esta noche depositará los salarios y pensiones del gobierno central con cargo al Presupuesto Nacional, correspondientes a la primera quincena de diciembre”.
“Preocupación nacional”
Para el director ejecutivo de Jupema, la situación con el atraso en estos pagos es un caso que debe preocupar a toda la ciudadanía y no sólo a los interesados más particulares, pues se trata de una manifestación concreta de un problema que afecta directamente al país.
“No es una preocupación que solamente deba tener el Magisterio Nacional o la Junta de Pensiones y los pensionados, es una preocupación que debe tener todo el país”, comentó Porras.
“Hay una situación fiscal que ya se está materializando de manera directa en servicios sociales y eso debe ser un tema de preocupación nacional”, puntualizó.
Para Porras, se trata -por este motivo- de un tema que amerita una discusión integral “como sociedad y como país”, pues los efectos podrían agravarse en los próximos meses si no se toman medidas.
“Hay una situación en la que se están atrasando pagos, aunque esperamos que paguen ahora más tarde o mañana, pero definitivamente se están atrasando porque el Gobierno no tiene los recursos”, acotó.
El país sufre actualmente un déficit fiscal que apunta a un 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB) según las estimaciones de la ultima revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central (BCCR) para finalizar este año.
A esto se une el peso de una deuda que ya roza el 50% de la producción, adquirido tras siete años déficits financieros sostenidos en cifras superiores al 4% del PIB.
Para sopesar esta situación, el Gobierno ha presentado distintos proyectos de reforma fiscal en los últimos años (incluido uno que se tramita actualmente en extraordinarias).
No obstante, estas propuestas no han calado en el ambiente legislativo y han obligado a tomar medidas como el reconocimiento de una “crisis de liquidez” en agosto de este año y la declaración de “Estado de Necesidad” para la elaboración del Presupuesto Nacional para el 2018.
“El mayor esfuerzo”
Ante esta situación, la viceministra de Egresos y tesorera nacional, Martha Cubillo, expresó que -desde el Ministerio- seguirán “haciendo su mejor esfuerzo para mantener la estabilidad social y dar el espacio necesario para que se concreten las soluciones estructurales’’, a lo que agregó que realizan un balance entre el manejo de caja y la deuda para sostener la situación en términos generales.
“Como ha sido usual, continuamos haciendo una gestión responsable en el manejo de caja y de deuda para garantizar la operatividad del Estado”, apuntó Cubillo, en comunicado de prensa.
“Como funcionarios públicos sabemos la importancia que tiene el salario para las familias costarricenses, por lo que seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener la estabilidad social y dar el espacio necesario para que se concreten las soluciones estructurales”, aseguró.
A estas palabras se sumaron las del ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien reiteró que “el pago se realizará en la fecha establecida”, pero añadió que es necesario poner una vez más sobre la mesa el tema fiscal y sus posibles soluciones, que ya están planteadas.
“Es importante indicar, como lo hemos reiterado, que el país enfrenta una difícil situación fiscal desde hace casi una década, como resultado de una combinación de problemas estructurales y coyunturales, entre ellas, las dificultades para acceder al financiamiento”, explicó el primer vicepresidente.
“Por eso, hemos insistido en la necesidad de que la Asamblea Legislativa tome las decisiones requeridas para modernizar la legislación tributaria, que nos permita contar con recursos frescos para enfrentar los compromisos con mayor holgura’’, concluyó.
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