El Gobierno mantiene la esperanza de revertir la decisión que tomaron los diputados de exonerar a la canasta básica, el conjunto de bienes de primera necesidad que Hacienda quiere gravar con una tarifa reducida del 2% correspondiente al el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para ello, el Gobierno está dispuesto a ceder, pues su intención era establecer la carga del 2% generalizada como parte de la reforma fiscal; sin embargo, los intereses que externaron varios diputados de no afectar a las poblaciones más pobres abrieron panoramas que antes no contemplaba el Ejecutivo, que ahora no quiere perder el gravamen.
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La carga estaba escrita en el último texto enviado por el Gobierno y había sido aprobada por los diputados en primera instancia, pero la votación de una propuesta de modificación en la comisión fiscal del Congreso, cambió el impuesto por una exoneración hace apenas siete días.
Los votos de Carlos Avendaño y Eduardo Newton Cruickshank de Restauración Nacional, José María Villalta del Frente Amplio, Walter Muñoz de Integración Nacional y Gustavo Viales de Liberación Nacional decidieron la votación para que eso pasara, decisión a la que se opusieron Silvia Hernández y Yorleny León del PLN, Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana y Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana.
El acuerdo para establecer el impuesto en el 2% parecía seguro hasta ese día, pero la decisión de Viales cambió completamente el panorama, tras apartarse de sus dos compañeras en el foro.
Ante esta situación, Hacienda ahora analiza la posibilidad de restablecer el impuesto a través de mociones “salvavidas” que habían propuesto los diputados del PAC, a las que luego podrían añadirse métodos de devolución como el que propuso el frenteamplista Villalta en una de sus mociones, que podría revisarse.
Así mismo, el Gobierno también podría ceder con una propuesta que le llama menos la atención, pero parece más viable, que dejó la bancada del PUSC, con la que volvería el gravamen aunque con una tasa del 1%.
Con alguna de estas propuestas, el Gobierno buscaría revertir las voluntades de los diputados que promovieron la exoneración, algo que lograrían con un solo voto.
Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, lo único cierto es que “el mejor equilibrio” era el que se buscaba dejando el impuesto del 2%; medida que podría retomarse si en conjunto con otra moción se logra satisfacer “la legítima preocupación de los diputados” dedevolver los recursos a las poblaciones más pobres.
Un reciente estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) advirtió que aprobar la reforma con el impuesto reduciría el potencial de pago del 10% de los hogares más pobres hasta en un 1,57%, cifra que algunos sectores minimizaron, pero que fue suficiente para los principales defensores de eliminar el impuesto.
¿Por qué reintegrarlo?
El Gobierno sostiene que es necesario reintegrar el impuesto de alguna manera por lo siguientes motivos:
Proteger al sector agropecuario y productor de los bienes
La moción con la que se exoneró a la canasta básica del IVA, propuesta por el Partido Restauración Nacional, no añadió claramente todas las indicaciones para que la compra y la venta de insumos de la cadena productiva.
Todo ese grupo de insumos quedarían entonces gravados con un 13%, que es la tarifa regular del IVA, motivo por el que recientemente UPA Nacional y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria solicitaron a los diputados reintegrar los impuestos como estaban o corregir el desfase de alguna manera.
Así mismo, aseguran que la inexistencia de los impuestos generarían una ventaja para los productos que son importados sin aranceles, especialmente en materias primas, por el encarecimiento en las formas de producción locales.
Trazabilidad de las ventas de bienes y servicios
Otro punto que se cuestiona de la actual exoneración es que imposibilitaría dar trazabilidad; es decir, no permitiría realizar controles cruzados entre la información del IVA y las declaraciones de la renta, lo que dejaría abiertos portillos que actualmente se usan -y se buscan cerrar- para evadir el fisco.
En otras palabras, se desincentiva el uso de facturas en los procesos de producción.
La pérdida total de los ingresos
Así mismo, el Gobierno tampoco esconde que el impacto de dejar exenta la canasta básica sería importante en relación con la recaudación del proyecto fiscal. En total, se perderían más de ¢60.000 millones (0,19% del PIB y 10% de la recaudación estimada).
Según Hacienda, de esos ¢60.000 millones sólo un 17% provendría de los hogares más pobres, por lo que sería conveniente reinstaurarlo, aunque fuera con un sistema de devolución de los ingresos para ese sector.
Justicia Social
Muy aunado a ese último punto, el Gobienro sostiene que un 80% de la población está fuera de las mediciones de pobreza, por lo que dejar los productos exentos sería injusto, pues limitaría un aporte que esas personas pueden ofrecer y que no llegaría a las arcas del Estado para evitar recortes en campos sociales.
Las propuestas
Tomando en cuenta esos factores, la nueva opción favorita de Hacienda es reintegrar el 2% con un sistema de devolución como el que propone José María Villalta en la moción 184, una propuesta de modificación al proyecto que ya se rechazó en una ocasión pero podría revisarse.
Ese sistema, propone utilizar la información existente sobre los deciles de ingresos para devolver los dineros al 40% más pobre de los hogares, algo que reduciría la recaudación, pero aportaría progresividad a la reforma.
Esta propuesta cuenta con el beneplácito de Villalta, que analiza su iniciativa como una forma de “sentar las bases para programas más robustos del combate a la pobreza”; sin embargo, no es la favorita de agrupaciones como el Partido Liberación Nacional, que se han manifestado en contra de este tipo de sistemas por sus posibles costos.
Al respecto, la ministra Aguilar manifestó que “tampoco se trata de ver las cosas que a las que nos oponíamos o no nos oponíamos”, sino que “ahora tenemos una circunstancia particular, una obligación y una responsabilidad” que se debe tomar en cuenta.
Así mismo, afirmó que la devolución no tiene por qué ser cara y puede realizarse vía tarjeta de débito, aunque lo cierto es que “no se preocuparía en este momento por el instrumento”, pues “lo importante es avanzar sabiendo que hay muchísimas herramientas para hacerlo”. “Posiblemente en el pasado un método de esos era más caro, pero hoy día, tecnológicamente, no creo que eso sea el obstáculo”, subrayó.
Para aprobar ese paso habría no sólo que convencer a los diputados de Liberación Nacional, incluido Gustavo Viales (quien separó su voto), sino también a los restauracionistas Avendaño y Cruickshank, que esperan mantener todo como está en este momento; al integracionista Walter Muñoz o al socialcristiano Pedro Muñoz, que presentaron otras posibles salidas por su propia cuenta.
La propuesta socialcristiana, por su parte, es la que reduciría el impuesto a un 1% generalizado, una idea que no agrada del todo al Gobierno, pero a la que no cierran las puertas. Tampoco lo hacen liberacionistas, incluido Gustavo Viales, quien dice estar “abierto” a esa posibilidad.
Sobre esta iniciativa, Aguilar dijo que “no quisiera hablar de que si es un rescate o no” la posibilidad de aprobar ese impuesto, aunque aceptó que “evidentemente, entre cero y uno, es mejor uno”.
No obstante, los cinco diputados que votaron la exoneración parecen más enfilados a votar las mociones 405 y 408 del integracionista Walter Muñoz, quien propone eliminar los problemas al sector agro con una nueva exoneración para sus insumos de producción, la cual limitaría aún más el plan fiscal pero aliviaría las quejas de ese sector.
Además de este impuesto, Hacienda buscaría revertir la exoneración de los servicios de educación privada, que junto con la canasta básica drenaron ¢85.000 millones de los ¢463.230 millones que pretendía la última redacción del proyecto que había presentado el Ejecutivo (1,42% del PIB). Todos los movimientos siguen en discusión
Por el momento, la ministra asegura que “todas las mociones que siguen se están considerando”, aunque es enfática en que no le parece que haya “argumento válido” para no aceptar un IVA del 2% con devolución.
Actualmente, quedan 436 mociones por analizar y otras tantas por revisarse; un proceso que continuará hasta el próximo martes.
