De las 14 entidades que el Gobierno incluyó en un plan de aporte solidario y temporal, existen tres que generan pérdidas en su operación de servicios públicos.
Esta información fue tomada de informes financieros auditados y de informes de rendición presupuestaria de la lista de entidades que se incluyó en el plan de gravamen (el expediente 22.384) y que reflejan la situación antes de la pandemia por COVID-19.
El viernes 19 de enero, las autoridades ejecutivas presentaron tres nuevos planes de ingresos. En el caso del proyecto de aporte solidario y temporal en las utilidades, el Ejecutivo incluyó 14 entidades que califica como empresas públicas, aunque también participan bancos e instituciones autónomas que brindan servicios públicos.
“El Gobierno no derivará ninguna parte de las utilidades netas del Instituto (AyA), pues este no se considerará como fuente productora de ingresos”, ley constitutiva del AyA.
El plan del Gobierno, presentado como parte del ajuste fiscal para recibir un préstamo de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), grava con hasta “30% de la utilidad disponible, después del pago de impuestos y cualquier otra carga fiscal o parafiscal, que registren las empresas públicas”. Este tributo se mantendrá entre el 2021 y el 2025.
De acuerdo con una revisión de UNIVERSIDAD, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que ofrece servicios portuarios, facilita el comercio exterior y promueve el desarrollo del Caribe, presentó los resultados negativos más dramáticos durante el 2018 y 2019: por -¢3.416 millones y, posteriormente, un declive más de cinco veces mayor por -¢18.570 millones. Este monto corresponde al año de ingreso de APM Terminals a la administración portuaria en Limón.
“A partir de la entrada en operaciones de la TCM, Japdeva vio reducidos sus ingresos en alrededor de un 70%. Es por ello que fue necesario trabajar en un proceso de transformación que permitiese redimensionar la institución y buscar su estabilización. A partir de ese momento y como ha sido de conocimiento público, Japdeva ha venido llevando a cabo su proceso de transformación en busca, precisamente, de la búsqueda del equilibrio económico que requiere”, explicó la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, en declaraciones para este semanario.
De acuerdo con los datos, también con números en rojo está el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (AyA).
“El mes de diciembre 2019 cierra con una pérdida neta de -¢14.412 millones, mientras que diciembre 2018 presentó una pérdida de -¢15.017 millones. En términos porcentuales la pérdida entre un año y otro disminuye en un 4%, influenciada esta disminución en forma directa por los ingresos financieros que ha generado la recuperación de valor del colón respecto al dólar”, asegura el informe financiero de la entidad.
La ley constitutiva del AyA establece en su artículo 19 que el “El Gobierno no derivará ninguna parte de las utilidades netas del Instituto, pues este no se considerará como fuente productora de ingresos”. Esta afirmación también aparece en la ley constitutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Aún en el caso de la tercera entidad perdidosa, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), su ley añade que “Las utilidades se emplearán en el mantenimiento y mejoramiento del servicio, así como en su desarrollo futuro”. Incofer presenta pérdidas de -¢6.595 millones en el 2018 y de -₡7.160 millones en el 2019.
Otro caso ejemplar es la Editorial Costa Rica que genera utilidades netas mínimas. Con el promedio del 2019 y 2018, el Gobierno apenas podría obtener dos millones de colones de su operación. En el 2018, la entidad reportó pérdidas por -₡14 millones en su operación.
UNIVERSIDAD envió una consulta al Ministerio de Hacienda sobre qué ocurre cuando estos montos son negativos y, a este miércoles 27 de enero, está en trámite. La información completa de las 14 entidades incluidas en el proyecto de ley puede leerse en el cuadro que acompaña esta publicación.
Empresas deben tener recursos suficientes
Dos economistas consultados por UNIVERSIDAD valoran que el diseño del proyecto tendrá efectos adversos en los servicios que brindan las entidades
Fernando Rodríguez
Investigador de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Hacienda
El espíritu y la idea, en el fondo: están bien. Yo diría que sea permanente. El tema es: ¿cuál es la lista? Ahí me confundo, veo cosas en esa lista que no tienen sentido. No veo sentido que estén ahí la Editorial Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Salvo que vayamos a modificar el principio de operación al costo y extraer rentas del público vía tarifas y no impuestos. Eso se ve feo y evolucionó en los noventas para dejar de hacerse aquí y en muchas partes. La lista es pequeñita. Si extraigo parte de esas utilidades, tengo que dejar también dinero para que las empresas capitalicen y puedan seguir creciendo. La capitalización de las empresas es muy importante. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene ganancias y se las inyecta a sí mismo, las convierte en capital y maquinaria, puede ampliar su capacidad de producción. El ICE compite pero en un sector muy dinámico. Las telecomunicaciones de hoy no nos las imaginábamos hace 10 años. La capitalización de bancos permite que puedan aumentar su capacidad de endeudamiento en el futuro.
William Hayden,
Economista y exgerente del Banco Nacional
Los bancos del Estado pagan impuesto sobre la renta que es un 30% de utilidades netas. Antes de las utilidades netas hay un resultado operacional neto y sobre eso le rebajan al Banco de Costa Rica (BCR) y al Banco Nacional (BNCR) un 15% por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), 10% del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), 5% para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y el Consejo Nacional de Educación, y un 3% de la Comisión Emergencia. Eso descapitaliza a los bancos porque necesitan fortalecer su patrimonio para llevar a cabo su actividad crediticia. Entre más grande sea el patrimonio, pueden financiar las actividades productivas a una menor tasa de interés. Así es como acuden al endeudamiento de empresas públicas y privadas, del público en general, y créditos del exterior. Por eso la tasa activa sobre los créditos continúa siendo alta en la economía. Los orillan a seguir endeudándose más: con el público, las instituciones y en el exterior. Es un efecto perverso de la idea que tiene el Ministerio de Hacienda.
