El gobierno de la República propuso en el primer presupuesto extraordinario del 2023 aumentar en ₡627 millones los recursos disponibles para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para “ atraer inversiones”.
Así lo explicó Nogui Acosta, ministro de Hacienda, quien compareció ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios para defender el proyecto N.23705 que contiene la propuesta de modificación presupuestaria.
El texto propuesto por el ejecutivo plantea una serie de reducciones en algunos servicios y transferencias a organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Aporte al Mantenimiento de la Paz y Tribunales de la ONU. Estos recortes son por un total de ₡376.997.000.
Mientras tanto, se plantea un aumento de ₡1.003.997.000 especialmente en el rubro de “gastos de oficinas en el exterior”, además de actividades protocolarias y sociales, gastos de viaje y de transporte tanto en el exterior como a lo interno del país.
Acosta fue cuestionado por varios diputados de la comisión y se defendió diciendo que “cada vez es más necesaria una gestión activa de la cancillería para los efectos de atraer inversiones, para los efectos de manejar las relaciones con los diferentes”.
José Pablo Sibaja, de Nueva República, recriminó al ministro sus prioridades pues por ejemplo, la cancillería no ha nombrado un embajador en China – aliado estratégico comercial donde incluso la Promotora de Comercio Exterior tiene oficinas- pero sí ha nombrado representantes en países como México o Guatemala.
A la vez, reclamó que el estado hiciera recortes y rupturas con entidades dedicadas justamente a la atracción de inversión, como la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde) al tiempo que aumenta el presupuesto de la cancillería.
Además, el ultraconservador destacó que en el proyecto el ejecutivo proponga la eliminación de las normas de ejecución presupuestaria que establecen que durante el año 2023 no se crearán nuevas plazas, y que tanto los ministerios como los órganos desconcentrados deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), en los primeros cinco días de vencido cada trimestre de 2023.
Sibaja dijo que el ejecutivo tiene una “imperiosa necesidad” de esquivar las normas presupuestarias a pesar de que estas han generado ahorro significativo.
“Ustedes son los que ponen el límite del presupuesto una vez aprobado” dijo Acosta. “Lo que sí le puedo decir es que para los efectos de la gestión de los diferentes ministerios, el tema de las plazas es relevante”, explicó, pues se ven “afectadas las capacidades de ejecución”.
“Un gobierno que recorta en cultura y le recorra un montón de instituciones que ahora nos diga que mil millones de colones (…) son necesarios (…) no refleja que en el gobierno haya austeridad”, dijo Sibaja.
