Actualmente las personas físicas o jurídicas que importan un vehículo que se va a usar exclusivamente para alquilárselo a turistas sólo pagan el 50% del impuesto sobre la importación; pero un proyecto de ley presentado por el Gobierno propone eliminar dicha exoneración.
Así lo establece el proyecto de ley “Evaluación de incentivos fiscales en el marco de una correcta aplicación de los recursos públicos para contribuir con las finanzas del Estado costarricense” (expediente 23.763).
Este es uno de los cinco proyectos de ley presentados el pasado 18 de mayo por el Ministerio de Hacienda.
El proyecto deroga el inciso d del artículo 7 de la Ley de Incentivos para el Desarrollo turístico (Ley 6990) de 1985, que señala que el “arrendamiento de vehículos a turistas extranjeros y nacionales” está exonerado del 50% “del monto total resultante de aplicar los impuestos vigentes que afecten la importación de los vehículos automotores destinados exclusivamente a arrendarlos a los turistas”.
La propuesta también modifica las exoneraciones en boletos aéreos, equipo médico y la transferencia en el mercado de la madera en trozas.
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”Doble o triple beneficio para unos pocos”
En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno critica que “la creación de exenciones sin que medie de previo un estudio técnico, ha permitido la formación de un bloque anárquico de regímenes”. Según el Gobierno, muchos de estos regímenes de exenciones provoca “un doble o triple beneficio para unos pocos, a costa del esfuerzo de la mayoría de los costarricenses”.
“Es fundamental comprender que el gasto tributario derivado de las exoneraciones constituye un gasto en sí mismo, aunque no se materialice como una salida directa de recursos del presupuesto estatal. Aunque no se destinen fondos directos, las exoneraciones representan una renuncia a ingresos fiscales”, señala el texto del proyecto de ley.
Según el Ejecutivo, el objetivo de revisar estas exenciones no es simplemente recaudar más ingresos, sino valorar si las exoneraciones están generando un impacto positivo “en áreas clave como la equidad, la accesibilidad a servicios básicos y la sostenibilidad ambiental”.
De acuerdo con el Gobierno, basan esta decisión en una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), que sugirió al Ministerio de Hacienda verificar si estos beneficios fiscales cumplen los fines para los cuáles fueron creados, así como informes del Programa Estado de la Nación, publicados entre 2013 y 2014, los cuales señalaron que la política fiscal en esta materia ha sido contradictoria con el objetivo de desarrollo del país, ya que se ha abusado de este recurso como mecanismo de estímulo a diversas actividades.
El Estado de la Nación también destacó que “cada vez que se aprueban nuevos regímenes de exención, se abren peligrosos portillos para que otras organizaciones se basen en los argumentos expuestos por los beneficiarios de un régimen y soliciten las mismas concesiones”, afirma el texto del proyecto.
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