El Gobierno presentó este martes al Congreso un proyecto de ley para desaplicar el aumento de las anualidades del 2020 de los empleados públicos, con el objetivo de ahorrar ₡23.000 millones y destinarlos a atender a los desempleados por la crisis del COVID-19.
La propuesta reformaría la Ley de Salario de la Administración Pública solo para este año 2020 y no alcanzaría a los trabajadores del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni a los cuerpos policiales, informó la Presidencia en un comunicado de prensa.
“Las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta pandemia nos retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia que impacta a miles de personas”, justificó la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido.
La copia de la reforma legal indica que el aumento de anualidad del 2020 no se reconocería a futuro. “A partir del año 2021 la anualidad correspondiente a dicho año y a los años futuros se pagaría de manera ordinaria según lo establece la ley”, explica el comunicado.
Los recursos presupuestados en las instituciones autónomas por este concepto deberán trasladarse íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que sean incluidos en el Fondo Nacional de Emergencias, añade la propuesta de ley.
Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indican que hasta este lunes los patronos de más de 21.000 personas pidieron suspender el contrato laboral con la modalidad aprobada recientemente por los diputados. Además, al menos 29.000 trabajadores esperan la resolución a la solicitud de sus empleadores para reducción de las jornadas por el frenazo económico generado por la emergencia del COVID-19.