La Ministra de Planificación, Pilar Garrido, presentó esta mañana la propuesta de texto sustitutivo para empleo público. Según la jerarca, el Gobierno espera ahorrar anualmente un ¢70 mil millones con los cambios propuestos.
“El análisis que hemos hecho es que genere un ahorro promedio anual de 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), eso es equivalente a ¢70 mil millones y a $122 millones. Con el ahorro que se genera ahí podemos hacer frente a préstamos de construcción de infraestructura y en 10 años ahorraríamos un 7% del PIB”, aseguró Garrido.
La propuesta del Gobierno contempla 4 puntos esenciales: nuevas reglas para nuevas personas servidoras públicas, según estándares de la OCDE, un único régimen de empleo público integrado por ocho “familias”, una única escala salarial y un nuevo esquema de reclutamiento.
“De lo que se trata es de poder cumplir el precepto constitucional de a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones de eficiencia, con las mismas condiciones de responsabilidad. Esta nueva metodología de valoración salarial está basada en las funciones del puesto y de lo que se trata es de que garantizar equidad salarial y coherencia entre las familias de los puestos”, explicó la ministra de Planificación.
Además de la metodología para determinar el salario global y el régimen único de empleo público, el texto propone trasladar la Dirección General del Servicio Civil y el Tribunal Administrativo a MIDEPLAN, poner un tope a las vacaciones de 20 días hábiles y elaborar un plan para realizar los nombramientos en propiedad, en aquellas plazas que se encuentren interinas vacantes.
Sobre este último punto, Garrido indicó que las personas que trabajan de forma interina quedarían exentas de estos cambios.
“Estas reglas son para nuevas personas servidoras públicas. Aquellas en situación de interinazgo existen ya con las condiciones de salario compuesto, entonces no estarían incorporadas en las nuevas condiciones, sino en la manera que entraron a la administración pública”, afirmó.
El proyecto propone que, una vez aprobada la ley, habrá doce meses plazo para que entre en vigencia, con el fin de dar un plazo de ajuste institucional. El reglamento a la ley se emitiría seis meses posteriores a su entrada en vigencia.
