El Gobierno de la República presentó hoy el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el que intentará dejar sentadas las bases para atender la crisis fiscal que aqueja el país con un déficit financiero sostenido superior al 4% del PIB desde 2010 y una deuda que ya roza el 50% de la misma producción.
El documento fue presentado por el Ejecutivo esta tarde a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, y cuenta con cinco apartados en materia de impuesto a la renta, valor agregado, responsabilidad fiscal y empleo público.
Entre las medidas propuestas, destaca la instauración del impuesto al valor agregado (IVA), que -si bien aumenta la capacidad recaudatoria porque grava más sectores que el impuesto de ventas- y se mantiene en un 13%, más allá del 15% que se planteó en agosto pasado.
No obstante, el Gobierno destaca que el principal beneficio de esta aprobación estaría en puntos como la ampliación de la base de contribuyentes, así como una posible mejora en el control cruzado del cobro de los impuestos (por la utilización de facturas).
En cuanto a los reajustes del Proyecto, en materia de responsabilidad fiscal, la propuesta del Gobierno se basa en una regla Fiscalrestringir el gasto en la medida en aumente la relación deuda-PIB . A un nivel de deuda considerado como sostenible en el mediano y largo plazo, el gasto corriente podrá crecer al mismo ritmo de crecimiento del PIB.
Por su parte, en el campo de la renta, la propuesta es un cálculo progresivo, a través de un esquema de transición a la renta global para personas jurídicas, con el que las empresas declaren la totalidad de sus ingresos y puedan deducir la totalidad de los gastos asociados a sus actividades.
Así mismo, busca reducir la dispersión tarifaria existente hoy en día, tratando de homogeneizar al 15% el impuesto al capital y las remesas al exterior.
Por último, en empleo público, el proyecto propone una reforma a la Ley de Salarios Públicos, con la que se busca orientar las remuneraciones de la función pública hacia lo que llama “un esquema de eficiencia”.
Para ello, se establecen topes a los mayores salarios de la Administración Pública, un sistema de remuneración de salarios único para jerarcas, la regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, y la conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual. Esto aplicaría para las instituciones públicas del Gobierno Central.
Impresiones legislativas
Ayer, el presidente del Directorio Legislativo, Gonzalo Ramírez, aseguró que no espera mayores trabas para este proyecto, pues fue construido de manera conjunto entre el Gobierno y las fracciones, en un proceso que abarcó distintas reuniones entre las partes.
Además, recordó que las fracciones firmaron recientemente un Acuerdo Nacional en el que se comprometieron a apoyar una “reforma fiscal progresiva”, motivo por el que esperaría que ningún sector lo obstaculicen.
A esta visión se sumó la del vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien señaló la iniciativa era diferente a las presentadas inicialmente, pero abarcando lo “posible en estos momentos”.
Junto a Ramírez, en reunión de Supremos Poderes, externó que una aprobación del proyecto “daría una gran tranquilidad al país”, a partir de lo que describió como “un paso tan fundamental que al país le ha costado mucho tomar”.
Ante esta situación, externó su deseo de que los legisladores tomen una actitud “responsable” con el documento, con “la claridad de que, en la parte de los recursos, el Gobierno no va a recibir absolutamente ningún beneficio” y que no se cauca en “juegos electorales”.
En su última Revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018, el Banco Central proyectó que el déficit fiscal alcance un 6,1% del PIB este año.
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