El sector de la agroindustria pegó el grito al cielo pues el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sacó a consulta pública una propuesta de decreto que prohibiría una gama agroquímicos en el país. Sin embargo, desde el sector ambientalista se aclaró que el decreto no alcanza ni al 1% de los “agrovenenos# que se venden en el país.
El proyecto de decreto, aún disponible en el sitio del MAG, se titula “Prohibición del Registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grados técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo dimetoato así como los plaguicidas carbosulfán, benufuracarb, y furatiocarb”.
Cabe recordar que el llamado “ingrediente activo” es el producto tóxico base a partir del cual se elaboran los insecticidas que se venden en el mercado, como productos ya formulados.
El dimetoato, según se expone en los considerandos de la propuesta, es “moderadamente tóxico” para mamíferos, pero “puede tener implicaciones graves para la salud de los humanos, ya que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa”, una enzima importante para el funcionamiento del sistema nervioso, y “puede causar efectos en la reproducción o el desarrollo”.
Añade el documento que es “altamente tóxico para aves y abejas, moderadamente tóxico para la mayoría de las especies acuáticas y lombrices de tierra” y que además, al degradarse queda como producto otro peligroso insecticida, el ometoato, el cual ya ha sido detectado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en concentraciones por encima de lo recomendado en vegetales frescos de producción nacional.
El carbosulfán es considerado “motivo de preocupación ambiental” ya que es “muy altamente o altamente tóxico a nivel agudo para aves, peces, invertebrados acuáticos, lombrices y abejas”.
Ese producto, al igual que benufuracarb, y furatiocarb, en el proceso de degradación en los suelos se metabolizan como un producto llamado carbofurán, prohibido desde 2015 por “ser altamente tóxico a la salud humana y afectar el medio ambiente”.
UNIVERSIDAD tuvo acceso a una carta que, bajo el membrete de Asesorías Jurídicas y Agropecuarias de Costa Rica S.A. el abogado Sigurd Vargas envió a once cámaras, asociaciones y cooperativas del sector agro, así como a dos diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Vargas desde hace años es cercano al sector agroindustrial y defensor del uso de agroquímicos, fungió también como director ejecutivo de la Cámara Nacional de Productores Genéricos. En la mencionada carta con fecha del 9 de setiembre, dirigida a instancias como la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara Nacional de Insumos agropecuarios o la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), lanza una “alerta”, responsabiliza por la iniciativa del decreto a la ahora exministra de Agricultura, Laura Bonilla, y suma a su preocupación el proyecto de Ley para la Protección de las Abejas (No. 22.790).
Se trata de una propuesta que busca prohibir “el uso en el territorio nacional de formulados de uso agrícola que contengan fipronil o neonicotinoides como ingredientes activos”.
Tanto el fipronil como los llamados neonicotinoides han sido identificados dentro y fuera del país como causantes de la muerte masiva de abejas. De hecho la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura desde 2021 denunció un evento de muerte masiva de abejas en el país a causa del fipronil y pidió su prohibición, pues alertó que podría extinguir a todas las abejas del país para el año 2035.
Vargas apuntó en su oficio que con ambas iniciativas, “estarían quedando fuera del mercado y por tanto sin posibilidad de ser adquiridos y utilizados por nuestros agricultores”, un total de 96 insecticidas que se comercializan en el país como productos ya formulados.
Sus palabras encontraron eco en la CNAA, que con fecha recién del 15 de setiembre hizo llegar un oficio a los jerarcas de los ministerios de Ambiente (Minae) Salud y MAG, en la que alegó que “no resulta procedente por no existir sustento técnico o científico que lo respalde, es suspender el uso o prohibirlo de manera absoluta, pues además de carecer de fundamento técnico una medida de esa índole obligaría a cancelar los registros vigentes de forma arbitraria, antojadiza y desproporcionada”.
“Insulto a la salud pública”
Sin embargo, desde el sector ambientalista, específicamente del Bloque Verde, el ingeniero Fabián Pacheco dijo que con la iniciativa del decreto “lo que se busca prohibir debido a su peligrosidad representa un 0,64% de los plaguicidas” que se comercializan en el país.
Por ello criticó aseveraciones que se han hecho en el sentido de que la iniciativa podría poner en riesgo muchos puestos de trabajo del sector agro.
“Insistimos en que es un tema de bienestar público contra beneficios privados” y sobre la carta de Vargas dijo que fue escrita “por quienes lucran y ganan de vender esos productos, pero quienes enfrentamos las consecuencias somos toda la sociedad civil”.
Tras insistir en que la iniciativa del gobierno no alcanza “ni siquiera al 1% de los plaguicidas que se venden en el país”, dijo que puede deberse a que “hay mucha presión de la Unión Europea y la OCDE, porque todo eso ya está prohibido, Costa Rica no puede seguir en las cavernas, no se puede seguir usando estos productos si se quiere exportar a Europa”.
Por otra parte, Pacheco criticó el hecho de que la propuesta de decreto no incluyó el clorotalonil. “Es una barbaridad, después de toda la contaminación que se ha dado en Cartago con ese veneno, que no lo incluyan en el decreto es un insulto a la salud pública”.
