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Gobierno premiará con cinco años más de contrato a concesionaria responsable del colapso en Caldera

Según informes técnicos en manos del INCOP, el actual concesionario de Caldera ha dejado de invertir más de $4 millones en el mantenimiento del puerto, mientras la Contraloría ha mandado a calcular y cobrar al concesionario por su ineficiencia.

Dar cinco años más a una concesión, que ha sido señalada por su ineficiencia y falta de inversión para mantener el puerto de Caldera en un estado de operación “normal”, es la solución anunciada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para mejorar la condición de la principal puerta de entrada de productos en el Pacífico.

De acuerdo con lo anunciado por el presidente tras una reunión con diversas cámaras empresariales, la idea es “sentarse a conversar” con la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) para negociar una ampliación del contrato que vence en el año 2026.

De esta negociación debería salir la posibilidad de que la SPC haga nuevas inversiones sobre una instalación portuaria en la que todos los sectores coinciden que está colapsado desde hace varios años, en buena parte por los problemas de productividad y falta de mantenimiento de la propia SPC, según se ha registrado en diversos informes.

A cambio, esta sociedad, en la que tienen participación accionaria los hijos del autoreconocido asesor del presidente Chaves, el empresario Calixto Chaves (Ver nota aparte), obtendría la posibilidad de explotar el puerto hasta el año 2031.

Con esta decisión del Gobierno, el concesionario de Caldera tendría que aplicar “soluciones paliativas” al puerto, mientras se avanza en una licitación que permita una solución definitiva a los muchos problemas de esta infraestructura pública.

“Esto no es en secuencia; es en paralelo, para asegurarnos de que al final de esta administración esté un proceso que lleve a la solución permanente y no heredarle a la administración que sigue otra crisis», afirmó el presidente Chaves.

Falta mantenimiento

Una de las quejas constantes de los usuarios del puerto, que en buena parte hoy celebran en anuncio del Gobierno de ampliar el contrato a la SPC, es el mal estado de las instalaciones portuarias y los problemas de operación que estos ocasionan.

De acuerdo con un informe elaborado por la firma Camacho & Mora contratado por el Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP) y fechado en diciembre del 2019, el puerto de Caldera se encuentra en condiciones por debajo de “un estado normal de operación” que es a lo que obliga su contrato de concesión.

El informe INF-OP-18-35-320 enlistó como “deficiente” el estado de cinco de los siete patios de la terminal portuaria, entre los cuales uno más tiene un estado “malo” y otro un estado “muy bueno”.

Como “malo” fue calificado también el estado de las torres de iluminación y la malla perimetral del puerto, mientras que las calles internas de adoquín y concreto resultan “deficientes” y la pantalla de ataque, así como las balanzas, lucen un estado “intermedio”.

El informe explica que desde que la SPC ofertó para hacerse con la administración del puerto en 2006, los valores de reposición y los porcentajes de mantenimiento se consideran “invariantes”, pues no consideran la inflación en los costos de mantenimiento y el incremento en la intensidad de uso de las instalaciones.

“Debido a que según el contrato de Concesión de Puerto Caldera indica que la infraestructura debe permanecer en un estado normal de operación, la inversión para devolverle este estado al Puerto debe realizarse en un corto plazo (en el plazo de un año). Se le debe dar prioridad a los elementos que influyen principalmente en la operación portuaria, para la cual se requeriría una inversión de $2.367.317,83”, detalla el informe.

Camacho & Mora estimó que desde el inicio de la concesión hasta el año 2020 se dejaron de invertir $4.043.052,00 con lo que se hubiera mantenido el puerto en buenas condiciones para su operación.

La propia Contraloría General de la República da cuenta en su informe DFOE-CIU-IF-000038-2021 sobre el rezago en infraestructura portuaria por más de dos millones de dólares y la deficiente supervisión que ha ejercido hasta el momento el INCOP sobre la concesión a su cargo.

“No se tiene establecida una estrategia de mantenimiento que asegure que los bienes  dados en concesión retornarán a manos del Estado en buenas condiciones de uso y  explotación, no se identificó que se aplique un control de su condición actual, ni que se  hayan establecido parámetros de medición para determinar la condición mínima en que  deben ser retornados”, dice la Contraloría.

La CGR también establece en su informe una serie de ineficiencias y problemas de productividad en la operación del puerto, que terminaron en una orden a la administración del INCOP para que las determine y la cobre al concesionario.

“Estimar el daño causado a la eficiencia de los servicios portuarios, a los usuarios de esos  servicios y a la Administración del INCOP, derivado de los incumplimientos de las productividades acordadas contractualmente; con base en ello aplicar, conforme al ordenamiento jurídico, las acciones indemnizatorias que correspondan”, dice una de las disposiciones del informe.

Cobra por la espera

Una de las inquietudes manifestadas por el presidente Chaves sobre el tema de Caldera son los altos costos que genera la espera de los buques en el puerto y que se trasladan al costo de vida de los costarricenses.

Sin embargo, el Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP) ha sacado rédito de las largas esperas de los buques, al reactivar desde mayo del 2021 el cobro por “fondeo”, que es básicamente el anclaje de los barcos en espera de ser atendidos.

Según el informe de la Dirección de Operaciones Portuarias del INCOP a marzo de este año, la reactivación de ese cobro por fondeo por parte de la administración anterior ha sido responsable en buena parte de un incremento del 83,64% de los ingresos para la institución, que crecieron en casi ₡1.000 millones en un año.

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