Este sábado, los diputados aprobaron dos proyectos pendientes sobre fondos para el manejo de la emergencia del COVID-19.
Sin mucha discusión, 49 diputados aprobaron unánimemente un traslado de ¢75.000 millones desde las utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) y hacia el Ministerio de Hacienda. El dinero será utilizado para los bonos Proteger, el programa de apoyo a trabajadores que tienen jornadas afectadas por la mínima actividad comercial durante la crisis.
Con más puntos de conversación, 43 diputados aprobaron el empréstito de $380 millones (aproximadamente ¢216.000 millones) que proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Nueve diputados votaron en contra, tras largas presentaciones sobre el destino que tendrá ese dinero.
Previamente, durante el jueves, los diputados acordaron trasladar $60 millones (cerca de ¢34.000 millones) a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para amortizar una deuda de ¢1,5 billones que sostiene Gobierno con la institución. El proyecto, no obstante, no especifica todavía las fechas ni tractos para la entrega del dinero.
Llegar a un acuerdo sobre entregarle dinero a la CCSS fue difícil porque diputados de oposición se niegan a autorizar endeudamiento para el Gobierno como si fueran “cheques en blanco”.
Durante la discusión, trascendió que el ministro Hacienda, Rodrigo Chaves, informó hasta esta semana que el préstamo BID-AFD tenía tiempo límite para su aprobación (17 de mayo, según dijo la diputada liberacionista Yorleni León). Este dato tampoco forma parte del expediente que estudió el congreso desde el 4 de marzo pasado.
De acuerdo con el PLN, la fecha sí aparece en una carta, fechada martes 12 de mayo, que envió el BID al ministro de Hacienda.
La carta dice que “el Banco cuenta con una Evaluación Macroeconómica Independiente favorable para Costa Rica. No obstante, la vigencia de esta evaluación actual vence el 17 de mayo de 2020”. Significa que, por los plazos de aprobación, el BID podría tener que realizar una nueva evaluación sobre los términos del contrato del empréstito (interés y plazos); no obstante, esta información no está clara aún, al cierre de este artículo.
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Abrir en una nueva pestaña Diputados exigen claridad, otra vez
Reclamos sobre la ausencia de una conversación clara y ordenada entre Gobierno y congreso fueron reiterados en varios discursos, durante la discusión del empréstito.
Las diputadas María Inés Solís y Shirley Díaz (Partido Unidad Social Cristiana) pidieron planes económicos para la “post-pandemia”. La discusión fue alargada hasta las 2 p. m. por solicitudes similares de esta misma fracción.
Su compañero Pedro Muñoz llamó “irresponsable” a la gestión del Poder Ejecutivo, por solicitar aprobación rápida de estos empréstitos.
Estos tres socialcristianos votaron en contra del proyecto BID-AFD, así como su jefe de fracción Rodolfo Peña y Pablo Heriberto Abarca. También se opusieron los independientes Erick Rodríguez, Ignacio Alpízar Carmen Chan (estos dos últimos de Nueva República).
Pese a que votó a favor, el independiente Jonathan Prendas también fue de quienes aseguró que han hecho solicitudes de información a Hacienda pero que “nos han dejado en visto y no han querido responder”.
Erick Rodríguez mencionó que Chaves envió una carta en la noche del viernes —Rodríguez dijo “medianoche”— con detalles sobre el plan de endeudamiento de Gobierno (hay otros siete préstamos que deberán estudiar en el congreso).
Defensores del préstamo del BID-AFD orientaron sus explicaciones a decir que este préstamo no es un endeudamiento “nuevo” porque, más bien, permite pagar deuda externa a tasas de interés más bajas.
Los diputados Laura Guido, Paola Vega, José María Villalta y Welmer Ramos, hablaron sobre las tasas de endeudamiento del mercado interno.
En este tema, Vega aseguró que hay “tasas de relajo en mercado interno”, mientras que Guido y Villalta afirmaron que las deudas se están colocando con tasas de 8,45%.
Los diputados también externaron que aún no están seguros de cómo ofrecerán recursos para la CCSS desde los préstamos que aún están pendientes.
“Consideramos que el camino correcto es analizar integralmente todo el endeudamiento que el Ministerio de Hacienda ha querido proponer, revisar los préstamos minuciosamente y decidir en cuáles de ellos realmente se puede apoyar y se debe regular el tema a ese nivel”, aseguró Wálter Muñoz (PIN) en su intervención.
Lea: Diputados dejan en ¢34.000 millones aporte del préstamo del BID a deuda de ¢1,5 billones con CCSS
