El gobierno de Carlos Alvarado encara el fin del largo período de sesiones extraordinarias con un punto a favor al recibir la aprobación del préstamo de 1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI); pero con la incertidumbre de lo que pasará con los proyectos para poder acceder a él y con el costo político que pagó al resignarse en su apuesta por enviar a Ottón Solís a París como representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los azares políticos de un gobierno debilitado y en minoría legislativa hicieron que la figura de Ottón Solís, la embajada parisina en OCDE y la sede del FMI en Washington estuvieran conectadas en un solo movimiento político que puso en aprietos al mandatario Alvarado. Al final pudo más la fuerte reacción de diputados opositores que forman la mayoría, de grupos empresariales y de los cuadros instalados en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en contra de la designación de Solís.
“No me ha sorprendido que ahora estén utilizando tretas para bloquear la votación del préstamo con condiciones financieras concesionales, negociado por su Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Han secuestrado el rumbo del país, exigiendo como rescate mi cargo en la OCDE. Bloquear la aprobación de leyes, ni siquiera por el contenido de las mismas sino para forzar al gobierno a modificar decisiones que constitucionalmente le corresponden, es peor que bloquear vías públicas como herramienta de presión para evitar que el Gobierno y la Asamblea Legislativa avancen con esas mismas leyes”. Carta de Ottòn Solís de renuncia al nombramiento como embajador ante la OCDE, 14 de julio de 2021.
Sus formas ásperas en la política, sus críticas fuertes al funcionamiento de la economía internacional y el resentimiento de partidos tradicionales se sumaron al rechazo contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) que él fundó 20 años atrás y que representa aún junto al mandatario Alvarado. La carga contraria al nombramiento resultó pesada y dejó a la mayoría de diputados el camino fácil para un condicionamiento sin muchos escrúpulos: o Alvarado desistía de ese nombramiento o vería frenada la agenda de proyectos del acuerdo con el FMI presentado como salvavidas financiero para lo que resta del gobierno y más allá.
Aunque a los partidos interesados en gobernar el país a partir de mayo del 2022 también les interesa el avance de proyectos de estabilización financiera, su mensaje era amenazador y las señales aún más, pues por dos días modificaron la agenda legislativa y parecían dispuestos a presionar más. Alvarado mantuvo ocho días en pie la designación de Ottón Solís sin demasiadas justificaciones más que era una potestad presidencial y que el nombramiento no incurría en la ilegalidad que advirtieron algunos medios y sectores opositores.
Pero el pulso no era sostenible más tiempo al ver que la agenda del FMI estaba condicionada y que, de por sí, ya presentaba un fuerte atraso en relación con la meta fijada en enero cuando se anunció el acuerdo con el organismo internacional. Iba ser en junio cuando todo debía estar listo, según los planes del Ejecutivo, pero la realidad hizo que llegara mitad de julio y estuviera pendiente la ratificación del crédito. Fue necesario el desestimiento de Ottón Solís (el triunfo de la posición de empresarios y del Comex que se opuso a él) para que se ratificara el préstamo por 1.778 millones con el voto de 44 diputados el lunes 19 de julio, solos seis sesiones antes de que el control de los proyectos legislativos vuelva a manos de los legisladores.
El Gobierno celebró la aprobación del crédito y la posibilidad de acceder pronto a un adelanto de $292 millones para bajar el costo de la deuda pública; además de lanzar un guiño a los mercados financieros y darle oxígeno a las cuentas de Hacienda. “Hoy es un día importante para las finanzas públicas costarricenses”, decía el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al ver aprobado el proyecto que estuvo condicionado por el nombramiento de su tío político Ottón.
La diputada Silvia Hernández, liberacionista presidenta de la Asamblea Legislativa, coincidía en la importancia del proyecto por el acceso a financiamiento y por el impulso a la agenda fiscal que reduzca el endeudamiento cercano al 70% del PIB. No mencionó que ese proyecto estuvo condicionado por razones polìticas, pero sí apuntó a la agenda que falta para cumplir con las metas comprometidas ante el FMI: “lo que le resta a la esta Asamblea Legislativa en materia de consolidación fiscal solo será posible con una genuina voluntad de parte del Ejecutivo para construir y modificar mucho de lo que está pendiente”.
Se refiere a proyectos que modifican aspectos tributarios y también al polémico proyecto de reforma al Empleo Público, aprobado de manera preliminar aunque ahora está bajo estudio en la Sala Constitucional y nadie garantiza que haya una mayoría calificada necesaria para ratificarlo. El plan de ley, que enfrenta las críticas de organizaciones de trabajadores y de algunos diputados que sí aprobaron el crédito del FMI, es parte sustancial de los planes de recorte de gastos que tiene el Ejecutivo en sus cálculos para ahorrar antes del 2025 el equivalente al 4,75% del PIB y controlar el endeudamiento hasta reducirlo en 2035 a un 50% del tamaño de la economía.
El dilema, sin embargo, es que la agenda fiscal y el crédito van enlazados. “La agenda está amarrada a este préstamo, aunque algunos pretendan separarla a conveniencia, como hace el Gobierno”, dijo en el plenario el diputado de Frente Amplio, José María Villalta, minutos antes de votar en contra del crédito del FMI, junto a cinco legisladores más. Esa lista de proyectos pendientes, aseguró, contiene medidas que siguen cargando las responsabilidades fiscales sobre los sectores con menos recursos en el país. “El Gobierno podría plantear una agenda distinta al FMI, pero no vemos voluntad para plantearlo en lo que queda de esta administración”, añadió el frenteamplista.
Poco antes, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Inés Solís confirmó que votaría a favor del préstamo a pesar de pesadas críticas al manejo económico del Gobierno. Dijo incluso que los 292 millones del desembolso inicial podría ser todo lo que se aproveche de ese crédito porque el resto de los giros dependerían del cumplimiento de metas fiscales que a su vez dependen de medidas que ella ve improbables. “Se va a quedar en eso, porque no vamos a estar listos para cumplir con el resto de compromisos, puesto que estas políticas de más y más impuestos no van a lograr generar los compromisos solicitados por el FMI”, dijo en la sesión plenaria del lunes.
Además de empleo público, hay cinco proyectos que aún están en comisiones legislativas y que tienen que ver con modificaciones tributarias, lo que refuerza el mensaje en contra de “nuevos impuestos”, como expresan numerosos diputados que en paralelo critican las acciones del Ejecutivo por la reactivación de la economìa y, por tanto, de la generación de empleo.
Mientras tanto, ahora sin relación con la agenda del FMI, la representación de Costa Rica ante la OCDE seguirá en manos del funcionario Manuel Tovar, parte de los cuadros afines a Comercio Exterior que lograron evitar tener en sus espacios como “intruso” a Ottón Solís.
