El Estado desembolsó $2.451.152 (aproximadamente ₡1.239 millones) por 100.000 licencias de la herramienta llamada Cisco-Umbrella, después de que vencieran las licencias donadas por la empresa Cisco para dar asistencia a las instituciones públicas afectadas por los ciberataques de 2022.
El 17 de abril de 2022 inició el ciberataque contra casi 30 instituciones públicas y, el 8 de mayo de 2022, el presidente Rodrigo Chaves declaró estado de emergencia nacional debido a esta situación.
Según explica el “Plan General de la Emergencia por Ciberataques”, elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en la época posterior a los ciberataques, la empresa Cisco donó 182 licencias de la herramienta Umbrella, que fueron distribuidas a las instituciones, incluidas municipalidades, ministerios, instituciones autónomas y adscritas.
Umbrella es una plataforma abierta y en la nube que ofrece protección activa ante la ciberdelincuencia, descubre automáticamente la infraestructura empleada para un ataque y puede bloquear de forma proactiva cualquier amenaza, sin que se vean afectados sistemas o usuarios, explica el documento de la CNE.
Sin embargo, estas licencias donadas tenían una vigencia de un año, por lo que posteriormente las instituciones debían comprarlas para continuar con la protección.
“Es importante que el Micitt mantenga la comunicación con las instituciones para que realicen las previsiones presupuestarias que les permita asumir los costos de la protección, sea con estas herramientas o cualquier otra que resulte oportuna”, señaló la CNE en el Plan citado.
El 11 de enero de 2023, la CNE sacó a licitación la “Compra de licencia informática para la mitigación del ataque informático con filtrado de solicitudes de nombre de dominio (DNS)”, mediante un “procedimiento por excepción”, según la plataforma Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Este procedimiento es un mecanismo de compra, excluido de la Ley General de la Contratación Pública, que se usa para atender situaciones imprevistas, emergencias y otras necesidades excepcionales por parte de la CNE.
El Gobierno pagó $2.451.152,26 al contratista —el consorcio Datasys Group S.A./Vinet Technology Advisor S.A.—, por 100.000 licencias Cisco-Umbrella, de acuerdo con el contrato.
