Gobierno no valora viable establecer renta mínima universal

Alternativa de extender bono PROTEGER por varios meses está en análisis y aún no hay propuesta definitiva.

España aprobó recientemente un ingreso mínimo vital (equivalente a una renta mínima universal) como una política pública que garantiza recursos para la población más vulnerable que sufre la incertidumbre y falta de oportunidades. Esta es una opción que el Gobierno de Costa Rica aún no ve como una medida viable para implementar.

Esta alternativa ha sido una opción considerada por varios países y puesta en marcha ya en España, incluso una vocería del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció la importancia de este tipo de rentas como una herramienta de lucha contra la pobreza en el marco de la pandemia por COVID-19.

Se trata de un subsidio permanente para ciertos hogares, los cuales serán definidos por cada país, pero básicamente incluye a personas desempleadas y hogares en pobreza; tiene el propósito de brindar un ingreso para que las familias cubran sus necesidades básicas y reducir la incertidumbre sobre el ingreso.

En Costa Rica, producto de pandemia, el desempleo se incrementó a un 15,7% y proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que se podría llegar al 20% en el corto plazo; además, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social indicaron que es probable que a diciembre de este año unas 500.000 personas dejen de cotizar.

Pese a estas valoraciones, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, aseguró a UNIVERSIDAD que, con respecto a establecer una renta mínima universal para la gente en pobreza o vulnerabilidad, aún no hay certeza ni decisión de que sea una opción viable para el país.

“Hay que entender que la definición de desempleo no es igual a la de ‘despedido’, sino que refiere a personas que en los últimos meses han estado buscando trabajo y no lo encuentran, sea que previamente estuvieran trabajando o no, por ello no se puede afirmar que todos dejarán de cotizar. Con la información disponible en el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), es viable en lo técnico garantizar un ingreso básico para población en pobreza con agravantes de vulnerabilidad”, indicó Garrido.

No obstante, aseguró la ministra, tener suficiente presupuesto es el mayor reto, porque en un país de ingreso medio esa renta ciudadana no podría ser universal como algunos han planteado.

Además, desde su perspectiva, su financiamiento competiría con el del resto del sistema de bienestar y de protección, siendo necesario un rebalanceo del pacto social que permita generar ingresos frescos para garantizar su sostenibilidad.

¿Es viable una renta mínima?

De acuerdo con la economista Sofía Guillén, una renta mínima es una alternativa que reduce la incertidumbre de los más vulnerables, pues genera un ingreso estable en el tiempo.

“En el capitalismo moderno, la incertidumbre para las personas trabajadoras es cada vez mayor; es más difícil conseguir contratos estables de largo plazo, hay más trabajo informal e independiente. Claro que estabilizar una renta mínima no es fácil, se requiere un Estado con ingresos propios, capacidad de solvencia y tener ordenadas sus finanzas”, argumentó la experta.

Aunque, desde su opinión, el país ya cuenta con cimientos para generar esa renta mínima debido a que tiene instituciones y programas que han identificado a las personas en línea de pobreza, que se ha impulsado el bono Proteger donde se han mapeado las personas en situación de desempleo o subempleo y donde hay plataformas de datos como la del Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social.

Coincidente con este criterio, el economista Federico Rivera señaló que establecer una renta mínima implicaría plantear una política pública y no un programa de temporal, como es el bono PROTEGER, el cual plantea mucha incertidumbre después de que se cumplan los tres meses establecidos.

“Una opción sería que el Gobierno formule una política pública con ingreso mínimo universal para las personas que definitivamente no van a conseguir empleo durante este año o que se quedarán únicamente con el 50% de sus jornadas, que es probable que tengan muchas deudas. Al final este ingreso será un paliativo y no solucionará el problema en su totalidad, pero aliviará la necesidad de consumo básico”, detalló Rivera.

Sofía Guillén sostuvo que en estos momentos la renta mínima no es una opción viable porque el país tiene un alto déficit fiscal, pero fue enfática en que sería posible pensar en una reforma de esta índole si se ordenan las finanzas públicas.

“Para obtener políticas progresivas, requerimos de un Estado sólido financieramente, sin huecos fiscales; para ello, es indispensable que las élites económicas aporten como deben, que al rico se le cobre como rico, se combata el fraude fiscal y la corrupción”, añadió.

¿Bono Proteger extendido?

La ministra Garrido indicó que sobre una potencial extensión el bono Proteger, están analizando la disponibilidad financiera y el impacto de las medidas sanitarias sobre el mercado laboral. “Por ahora se valoran escenarios y no se ha tomado una decisión final de extender el bono”.

Sobre esto, el economista Rivera indicó que al ser un programa emergente por efecto exógeno (producto de la pandemia) es un mecanismo de salvamento donde el ingreso alcanza apenas para la comida de un par de semanas y que es vigente sólo por tres meses, generando gran incertidumbre.

“Para extenderlo sería necesario dotarlo de recursos. Establecerlo como una política pública topará con mucha resistencia, sobre todo del sector privado, porque al final esos dineros deberán provenir de superávits o gravando con impuestos, pero si no se extiende el bono Proteger por unos meses más, podríamos ver un aumento de la pobreza y la informalidad”, condenó.

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