Las personas representantes de la clase trabajadora ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) no ocultaron su malestar ante la propuesta que la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, llevó de parte de la administración Chaves: un aumento de apenas el 1,24%.
Esa propuesta es bastante cercana al 1% propuesto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), y bastante lejos de la hecha por el sector sindical de la Central del Movimiento de Trabajadores (CMTC), del 2,48%.
Dennis Cabezas, una de las personas representantes del sector laboral y presidente en ejercicio del CNS, tras conocer la propuesta del gobierno expresó que “me siento desalentado, porque creo que mi clase, la clase trabajadora, la clase obrera, se merece un mejor trato”.
Al intervenir en la sesión, la ministra Esquivel leyó el oficio mediante el cual el gobierno presentó su propuesta en el que, entre otras cosas, se apunta que para el pasado mes de mayo, la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) fue del 8,7%, ello no sólo superó con creces el límite superior de tolerancia del 1% sobre la meta propuesta de 3%, sino que “para la inflación general es la tasa más alta de los últimos 13 años”.
También se detalla que la “acentuada aceleración” del precio de los combustibles es responsable de un 22% de esa inflación al término del primer trimestre del año, y con ello ha impactado en los precios del transporte en bus o taxi, en el costo de la electricidad y en la devaluación del colón respecto al dólar.
Por otra parte, el oficio gubernamental apunta que el 50% de del aumento de precio en bienes y servicios “con mayor efecto en la inflación”, fue provocado por factores externos y menciona medidas como el cambio de metodología de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para calcular el precio a las personas consumidoras de los combustibles, que se tradujo en una leve rebaja, o la reciente aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que busca congelar por sis meses los aumentos al impuesto único a los combustibles.
“Reconocer en este momento un 50% de la diferencia entre la inflación observada y la inflación meta, sería una cifra proporcionada que da espacio slos efectos de las medidas implementadas por el gobierno y a la política monetaria”, apunta el oficio. “Además, no presiona excesivamente los costos operativos por concepto de masa salarial en los sectores productivos, esperando que las políticas tomadas por el Gobierno y el BCCR, reflejen sus efectos para el segundo semestre del 2022”.
Necesario diálogo social
Como se dijo, el descontento de quienes representan a los trabajadores fue notorio. Cabezas durante su intervención inmediatamente después de conocer la propuesta, le recordó a la ministra Esquivel que “cuando nos reunimos la primera vez habló de un proceso de diálogo social, creo que vamos a tener que sostenerlo lo más pronto posible, sino podríamos estar desaprovechando cuatro años”.
Cabezas añadió que “vamos a ver qué sale” del proceso de negociación, pero anunció que “probablemente a mi sector, si la cosas no salen de la mejor manera, le voy a pedir que una vez que sea publicado este acuerdo le meta un recurso de revocatoria, porque los trabajadores no nos merecemos esto”.
Otro representante laboral, Édgar Morales, observó que si bien en la situación económica pesan factores externos, también inciden factores endógenos como “el modelo neoliberal de últimos 30 años” y lamentó que “esperaba que el gobierno nos trajera alguito más a la mesa, no fue así”.
Sandra Ríos, también del sector laboral, dijo que la propuesta del gobierno “nos deja a la clase trabajadora con una gran sinsabor”. Recordó que el Estado debe velar “por la vida, libertad, los bienes de los habitantes, debe velar por la administración de justicia y la justicia en salarios es muy importante, no se qué le vamos a decir a la clase trabajadora con una propuesta de poco más de 1000 colones por cada cien mil de salario, no le va a alcanzar”.
El único que pareció estar satisfecho fue Frank Cerdas, representante de la Uccaep, quien consideró que la propuesta del gobierno “es estudiada con bastantes fundamentos, considera la situación de inflación, pero también otras acciones como las que realiza el gobierno para bajar el costo de la vida, acciones del BCCR en su compromiso de mantener la meta de inflación”.
Añadió que “estamos en una situación temporal, Dios quiera que el contexto internacional mejore”.
Apuesta por la “empleabilidad”
Posteriormente hubo oportunidad para la prensa de hacer preguntas y se le cuestionó a la ministra Esquivel si al presentar el gobierno una propuesta tan cercana a la de los empresarios no podía interpretarse ello como que de hecho la administración Chaves toma partido por ese sector.
Esquivel, quien antes de asumir como ministra de Trabajo y Seguridad Social fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia y antes de eso fue abogada de la poderosa multinacional Del Monte, respondió que el gobierno “está apostando a la empleabilidad y a bajar la informalidad” y pidió “por favor, no perder de vista que ya los salarios tienen contemplada la inflación de 3% y este aumento extraordinario sumaría un 4.24%”.
La funcionaria ponderó que “interpretar que, porque estamos tratando de mantener en este momento el empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas estamos al lado del sector empresarial, es algo que quedará a criterio de cada uno de ustedes periodistas que asuman una posición objetiva o subjetiva, estamos apostando a la empleabilidad a bajar la informalidad y tenemos que buscar un equilibrio”.
Añadió que desde el gobierno se articula “estrategias importantes” para impactar en el costo de vida “no sólo de los trabajadores del sector privado, sino de todos los sectores, para que puedan vivir de mejor manera”.
