La primera semana de la administración de Rodrigo Chaves enarboló en Asamblea Legislativa la bandera liberacionista convocando cinco proyectos en favor de empresas privadas que fueron firmados por la fracción de Liberación Nacional en los últimos cuatro años.
Tres de estos proyectos fueron firmados por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social (es presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), Yorleny León.
Entre estos se encuentran el proyecto que permitiría las jornadas de 12 horas en empresas privadas (expediente 21.182 que reforma el Código de Trabajo), cuya proponente fue la exdiputada verdiblanca Ana Lucía Delgado y que fue acuerpado por otras 13 curules del partido.
Como parte de la Comisión de Hacendarios,Delgado y de León fueron dos de nueve diputados que concretaron la última redacción del proyecto en setiembre del 2012, sin tomar en cuenta criterios en contra de las condiciones laborales de las mujeres. Estos criterios fueron avalados por la exministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, según publicaciones de UNIVERSIDAD.
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La actual ministra y presidenta del IMAS, también fue cogestora de otra iniciativa para reducir el pago del marchamo vía el impuesto de la propiedad de vehículos. En este proyecto, que León firmó junto con su excompañero Gustavo Viales, se pretende modificar la forma en la que pagan el impuesto los dueños de barcos y aviones.
Con el cambio tributario, la recaudación de los impuestos de propriedad de embarcaciones y aeronaves se reduciría a la mitad, según dice el expediente. Más bien, se incrementaría el cobro para vehículos de carga liviana y motocicletas.
León fue la proponente de un tercer proyecto convocado por el Gobierno, que elimina regímenes de pensiones complementarias en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y los bancos Nacional y de Costa Rica.
La eliminación pretende “equilibrar” las pensiones que reciben estos trabajadores públicos a los que reciben los demás trabajadores del país. De acuerdo con datos de este semanario, el 64% de los pensionados por el régimen público de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS reciben una pensión inferior a ¢200 mil mensuales.
El expediente en cuestión, 21.824, afirma que en tres regímenes la pensión complementaria proviene también de los mismos empleados (“los trabajadores del BCR entregan el 0,5% del salario; los del ICE dan el 1% y los del BN, el 5,5%”).
“El BN y el BCR contribuyen con el equivalente a un 10% de cada salario mensual; mientras que el ICT destina un 5%. En tanto, el ICE aporta un 4,5% y la CCSS un 2% (…) Los aportes para estas pensiones son adicionales a las cotizaciones que hace el sector público, en su doble condición de patrono y Estado, para las jubilaciones del IVM y del ROP de estos mismos funcionarios”, afirma el proyecto de ley.
Los últimos dos proyectos liberacionistas que respalda la nueva administración Chaves buscan modificar el modelo energético público nacional para beneficiar al sector privado.
El primero se trata de la Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas (21.670) de la expresidenta del congreso Silvia Hernández. El proyecto abre paso a la venta de activos de las empresas públicas del Grupo ICE y, también, beneficiaría a las plantas eléctricas privadas que venden su producción de energía al ICE para que la vigencia de contratos se duplique. Es decir, en lugar de que los contratos venzan en 20 años plazo como está establecido desde la década de 1990, ahora tendrían un vencimiento cada 40 años, sin tener que revisar las condiciones de dichas contrataciones (o el vencimiento de las garantías financieras que tienen que entregar las empresas para dar fe de la salud financiera de sus plantas eléctricas ante los fondos públicos del ICE).
En materia eléctrica, la actual Presidencia también manifestó su apoyo para que las ocho distribuidoras eléctricas del país —la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec); la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz del ICE (CNFL) y cooperativas locales— sostengan la obligación de comprar los excedentes de energía de autoconsumo que producen privados de indefinido tamaño.
El detalle de estos últimos dos proyectos de ley puede leerse en el artículo Gobierno convoca dos proyectos de ley que amarran al ICE a negocios energéticos de privados.
Además de estos cinco, de los 38 primeros proyectos enviados a la Asamblea Legislativa para su aprobación, el Gobierno respaldó siete proyectos de acuerdos o convenidos de cooperación internacional, seis derogatorias de leyes que han caducado y dos desafectaciones de terrenos. Por lo que estos proyectos pequeños ocupan casi el 40% de la convocatoria realizada.
A este viernes, el presidente Chaves únicamente ha enviado dos proyectos propios a Asamblea que abordan eliminar juntas directivas, consejos y otros órganos de instituciones públicas; así como un cambio para blindar los testigos que denuncian casos de corrupción. Ambos proyectos ya tienen criterios opositores y requieren ser primero enviados a comisiones antes de ser votados en el plenario legislativo.
