Gobierno legaliza pozos con polémica amnistía y sin tener registros

Ambientalistas denunciaron que iniciativa legaliza el robo de agua subterránea y denuncian que podría significar pérdidas para el Estado por más de ¢1.600 millones.

La polémica fue encendida cuando desde Casa Presidencial se anunció con tono celebrador la firma de un decreto que establece una “simplificación de trámites” para la inscripción y registro de pozos ilegales por haber sido perforados sin permisos ni trámites de concesión de aprovechamiento de aguas.

Según la información oficial, se trata de una amnistía a los pozos ilegales construidos antes de la entrada en vigencia del actual Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas -que data de abril de  2010- y que no se encuentren dentro de zonas restringidas.

La medida aplicará para pozos perforados con maquinaria o equipo especializado, no para pozos artesanales, de uso doméstico o menores a 20 metros, los cuales están exentos del Registro Nacional de Concesiones.

Al momento de firmar el decreto en Casa Presidencial, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, manifestó que la iniciativa permitirá que el sector agropecuario “pueda seguir produciendo, mejore su competitividad y, por lo tanto, siga generando empleo y desarrollo económico y social, haciendo un uso racional y responsable del recurso”.

Sin embargo, el optimismo oficial ha topado con fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas de defensa del agua. Por ejemplo, la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) respondió criticando a la administración Alvarado porque “legaliza el robo de agua” y destacó que la misma información divulgada por Casa Presidencial apunta que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), no cuenta con un inventario nacional de pozos ilegales.

Por ello, “el movimiento ecologista considera que esta medida se hace de manera azarosa, improvisada y a ciegas, sin saber de forma clara el impacto que trae la amnistía para los pozos ilegales para las zonas de recarga frágiles o sobreexplotadas. Es una medida para complacer los sectores empresariales contaminantes, destructores y explotadores del recurso hídrico”.

Se consultó a Casa Presidencial si el Gobierno cuenta con estimaciones de cuántos pozos, cuántas personas físicas o jurídicas y en qué ubicaciones podrían acogerse a la amnistía, ya que originalmente se informó que “se estima que muchos (pozos) están siendo operados por pequeños y medianos productores”.

Desde el Poder Ejecutivo se reconoció que “no se tiene un inventario nacional de los pozos que funcionan sin contar con el permiso de perforación y la autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas” y que “justamente uno de los objetivos de la amnistía es precisar esos datos”.

La posición oficial es que el decreto permitirá “ordenar la existencia de pozos y proteger el recurso hídrico”.

Pérdidas

Poco después, la misma Fecon alertó que el decreto podría incidir en pérdidas económicas para la administración ambiental, calculadas en ¢1.651 millones. Desde esa organización, Danny Villalobos reconoció que ese cálculo es “hipotético y conservador”, ya que ante la ausencia de información oficial, se basó en una aproximación sobre la cantidad de pozos ilegales que habrían entrado en operación entre 2002 -cuando se reconoció la necesidad de evaluar ambientalmente las perforaciones antes de inscribir los pozos- y 2009.

Así, Fecon se basó en información generada por el propio Minae, cuando en julio de 2015 el entonces ministro Edgar Gutiérrez declaró que en el país en ese momento podían haber unos 40.000 pozos ilegales, con lo cual duplicaban los legales. El Informe del Estado de la Nación de 2017 estableció que para 2016 habían 16.624 pozos legales no artesanales, con una explotación anual de 12.837 metros cúbicos de agua.

Con ello, el análisis de Fecon calculó la razón de 2,5 pozos ilegales por cada pozo inscrito legalmente.

En la estimación, luego extrapoló una muestra de información del Estado de la Nación 2010, que detalla que entre 2007 y 2009 se aprobaron 783 nuevos pozos para usos en turismo, agroindustrial, riego y sector industrial. Estos pozos pagan en promedio ¢180.082 anuales de canon, y explotan en promedio entre 0,64 y 1,5 litros de agua por segundo, según el tipo de uso.

Con base en este perfil se estimó que los pozos ilegales beneficiados por la amnistía estarían explotando un volumen de 156 millones de metros cúbicos de agua anuales, esto sin contar los otros miles de pozos irregulares perforados antes del 2002.

Consultada sobre la estimación de Fecon, la viceministra de Aguas y Mares Haydée Rodríguez no se refirió a los números, sino que ponderó que en el escenario actual de los impactos del cambio climático sobre las poblaciones y el ambiente es “fundamental conocer con claridad el Balance Hídrico Nacional bajo el principio de gestión integrada del recurso” para conocer la disponibilidad de agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos del país y realizar una gestión sostenible del agua.

La funcionaria reconoció que existe “una gran cantidad” de pozos “en la informalidad”, y reiteró el criterio de que por ello el nuevo reglamento permitirá conocer su ubicación, cantidad de la extracción y el pago del canon correspondiente.

Rodríguez subrayó que “existen costos inestimables” relacionados con ignorar los datos que mencionó sobre todo, de nuevo,  ante “situaciones adversas relacionadas con el cambio climático que demandan información veraz para poder garantizar el acceso al agua a todas las poblaciones”.

¿Poner orden?

Una semana después de la firma del decreto, en entrevista concedida a la Revista de Costa Rica Noticias, el presidente Alvarado defendió la iniciativa y adujo que es necesario un “balance”, entre la producción y el ambiente y que sin la amnistía “nunca vamos a lograr saber qué es lo que existe, cuánto se extrae y cuánto se debe dejar de extraer o cuánto margen hay para extraer más”.

Dijo que actualmente hay “incertidumbre jurídica para los productores que sienten que en cualquier momento le cierran su pozo, y hay incertidumbre del lado ambiental porque no sabemos qué tanto se sobreexplotan o cuál es el riesgo de la salinización”.

Al respecto, se consultó a la viceministra si el agua subterránea debe utilizarse para labores agrícolas de manera indistinta, o si debe privilegiarse su uso para consumo humano, al ser de mejor calidad que el agua superficial.

Rodríguez reconoció que la legislación nacional e internacional prioriza el consumo humano, pero eludió referirse al énfasis que desde Casa Presidencial se dio a la producción agrícola justificar el decreto y más bien, de nuevo, adujo que se trata de “ordenar el aprovechamiento de los recursos hídricos” para asegurar el acceso al recurso.

“Solo teniendo un Balance Hídrico real vamos a dar respuesta a escenarios de crisis climática, donde las comunidades más vulnerables van a necesitar de nuestra atención inmediata”, aseveró.

La funcionaria, además, informó que en 2018 se concesionaron 205.12 Hm3 (205.120.000 metros cúbicos) de agua subterránea y 31.298,40 Hm3 (31.298.400.000 metros cúbicos) de agua superficial.

Desde la misma Fecon, Danny Villalobos lamentó en primer lugar que no existieran canales de diálogo entre el Gobierno y ambientalistas sobre la iniciativa. Si bien reconoció como positivo que el decreto restringe la explotación de mantos acuíferos ya sobreexplotados, subrayó que “hay sectores que probablemente sí tuvieron que ver directamente, porque están celebrando como un avance esta amnistía”.

Esos sectores, según dijo, son la agroindustria de la caña de azúcar y hotelería. “Ponen a los pequeños y medianos productores como beneficiarios de este decreto, pero sabemos que detrás de eso, los grandes ganadores con la amnistía son los grandes explotadores de agua”.

Sentenció en ese sentido que el agua en Costa Rica “se regala”, pues según dijo el precio del canon va desde ¢1 hasta ¢3,25 por metro cúbico, “la cifra es realmente baja en comparación con lo que debería valer el agua subterránea”.

Villalobos enfatizó que es muy poco lo que el Estado gana, en consideración a la importancia para la producción de un insumo como el agua, y que con ello no se accede a recursos que podrían utilizarse para financiar programas de investigación y monitoreo.

Además, consideró que el pequeño agricultor de subsistencia o agricultora familiar se ve afectado “por grandes pozos construidos ilegalmente, que pueden afectar la distribución de agua subterránea y bajar los niveles, por eso los pequeños que tienen un pozo artesanal podrían verse afectados con la legalización de explotaciones”.


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