El Gobierno diseñó y lanzó una campaña propagandística para que la ciudadanía presione a los diputados y se apruebe un nuevo endeudamiento por $700 millones ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dirigido a obras viales que evitarían riesgos a la población.
La campaña llamada “No + riesgo” la anunció en la mañana de este viernes el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presentándola como “una iniciativa ciudadana” a pesar de ser lanzada desde el gobierno central. Su idea es que las personas escriban a los correos electrónicos de los diputados o a sus redes sociales para “adoptar este proyecto”.
Para ello el Gobierno habilitó una página web con las fotografías y los datos de correos electrónicos de los legisladores, así como las obras que supuestamente se atenderían en cada comunidad con el dinero del crédito del BCIE.
Según Rodríguez, son 502 obras que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) catalogó para realizar con esos fondos, por considerar que son urgentes para solventar problemas generados por desastres o prevenir mayores perjuicios.
“Para solucionar 88 puentes, 88 carreteras y 74 líneas ferroviarias que están en mal estado, así como 47 centros educativos, dos proyectos de vivienda y un total de 203 obras de emergencias que han sido impactadas en las emergencias por desastres que ha sufrido el país”, dice el comunicado de prensa.
Gobierno celebra aprobación de préstamo récord de $700 millones del BCIE
Rodríguez aceptó conocer críticas de diputados “en corrillos” en el sentido de que el crédito serviría al gobierno de Rodrigo Chaves para mejorar su imagen haciendo obra pública, pero aseguró que estos son trabajos para evitar riesgos humanos.
Desde diciembre el presidente Chaves celebró la aprobación del BCIE para este préstamo, el mayor en monto autorizado por esa entidad bancaria centroamericana, con el señalado objetivo de reparar daños de emergencias del 2022.
Algunos diputados han expresado dudas sobre la tasa de interés (superior al 7%, variable) y el modelo de ejecución en la contratación de los trabajos, basados en buena medida en cuestionamientos hechos por la Contraloría General de la República a ese crédito. «En los proyectos a financiar no se aporta el criterio técnico que estipula la Ley de Emergencias», advirtió la contralora Marta Acosta ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.
