El Consejo de Gobierno instó a Uber a abandonar las operaciones en el país en tanto se modernice la legislación vigente para el transporte remunerado de personas.
Este fue el acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo, luego de que los taxistas enviarán un documento el pasado 22 de agosto en el que le pidieron cerrar y bloquear la operación de la plataforma.
Durante la sesión del Consejo de Gobierno de este martes el Poder Ejecutivo consideró que debe continuar con las labores de revisión y modernización del marco legal existente del transporte remunerado de personas modalidad, taxis, resguardando el interés de las familias que dependen de esta actividad, respetando la ley vigente.
Además reiteró el interés de crear la Comisión Mixta de Taxis para plantear propuestas que permitan mediante un plan estratégico avanzar en soluciones legales, técnicas y administrativas que permitan la solución de la problemática presente.
La posición fue comunicada a los taxistas en una breve reunión que mantuvieron jerarcas del Gobierno con representantes de los transportistas esta misma tarde de martes en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
“Si no se cierra la plataforma Uber, nosotros estaríamos ratificando el movimiento de la huelga para mañana. La empezamos mañana y ahí seguimos porque es indefinida. Si tenemos que llegar hasta el lunes, y toparnos con la del lunes, pues la llegamos hasta ahí”, advirtió el secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), Rubén Vargas, antes de la reunión.
“Desde el primer día nosotros manifestamos que aceptamos el documento que el Gobierno y que nos pareció una buena actitud, hasta ahí. En el documento viene lo del cierre de la plataforma, pero viene con palabras ambiguas, no viene dirigido directamente. Nosotros lo que queremos es que sea un mensaje directo y contundente”, acotó el secretario de los taxistas.
El Gobierno indicó además, que las plataformas no reguladas que brindan el servicio de trasporte remunerado de personas, son ilegales, como lo ha indicado la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, el MOPT y el Consejo de Transporte Público (CTP).
Esta misma posición fue comunicada ya a los taxistas en una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo en las oficinas del MOPT el pasado 22 de agosto .
En este momento, el Gobierno dijo que Uber es un servicio de transporte ilegal, pero, al mismo tiempo, reconoció tener limitaciones para impedir que siga funcionando en el país, debido a que la legislación en materia de transporte “es anticuada” y les impide aplicar medidas eficaces para regular su funcionamiento o garantizar la no operación.
