El gobierno de Rodrigo Chaves incluyó en un proyecto de ley que pretende ajustar normativa a “mejores prácticas internacionales” el Fondo de Garantía de Depósitos y los mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, una cláusula que otorga a jerarcas y funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financieras y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) inmunidad absoluta.
Así lo evidenció Manfred Sáenz, asesor jurídico del Banco de Costa Rica quien compareció junto a Douglas Soto, gerente general de la entidad ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que discute el expediente (24.256).
Soto comenzó la presentación diciendo que era preocupante que el expediente eliminara la garantía del estado a los bancos públicos y agregó que además querían manifestarse sobre «ciertos privilegios» que otorgaba el proyecto a algunos funcionarios públicos.
De seguido, Sáenz llamó la atención del cuerpo legislador a la propuesta de artículo 36 bis, que en su criterio establece un “régimen de irresponsabilidad por parte de las autoridades supervisoras y del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero”.
“¿Por qué digo de irresponsabilidad? Porque se está creando un régimen de inmunidad que ni siquiera los miembros de los Supremos Poderes en Costa Rica lo tiene”, dijo y procedió a leer la propuesta, que anula la posibilidad de cobrar reclamaciones por daños y perjuicios a los jerarcas y funcionarios de la Sugef y el Conassif, al tiempo que obliga al Banco Central de Costa Rica a responder financieramente y a facilitar los fondos para la defensa legal de los funcionarios, incluyendo pago de abogados, peritos, fianzas, medidas cautelares y otras garantías que pudieran exigirse.
“Llamamos la atención de este tema precisamente porque se trata de un beneficio repito que ni siquiera los miembros lo tienen y nosotros consideramos que es completamente inapropiado, son autoridades públicas y estamos en la gestión pública, somos responsables de lo que hagamos, correcto o incorrecto”, agregó.
Y es que efectivamente, el texto propuesto por el propio presidente y su ministro de Hacienda -quien casualmente integra el Conassif y se beneficiaría de lo establecido- adiciona un artículo 36 bis a la Ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios Financieros, que efectivamente crea un régimen de inmunidad sin parangón.
El texto propuesto indica que “No será admisible la demanda en lo personal contra funcionarios de la Sugef y del Fondo de Garantía de Depósitos, resolutores designados y miembros y funcionarios del Conassif, por actos o conductas relacionadas con el ejercicio de cualesquiera de sus deberes, funciones o atribuciones, contemplados en el ordenamiento jurídico en el marco de los procesos de resolución en toda su extensión. Asimismo, ello aplicará para todas aquellas personas que hayan participado en dichos procesos, pero que ya no se encuentren en el ejercicio de sus cargos”.
También dice que las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que terceros formulen frente a esas personas serán cubiertas patrimonialmente por el Banco Central de Costa Rica, quien “facilitará los fondos para la constitución de las fianzas, medidas cautelares y garantías que pudieren exigirse en dichos procesos y asumirá la completa defensa judicial, misma que incluirá honorarios de abogados y notarios externos y peritos”.
“Si se presentara una sentencia condenatoria contra la Administración y ésta se viera obligada a cancelar daños o perjuicios al tercero, el Banco Central de Costa Rica solo podrá subrogarse contra el funcionario o persona cubierta, cuando se haya demostrado, en sentencia o en el procedimiento administrativo correspondiente, que actuó con dolo o culpa grave”, reza la propuesta.
Diputadas de diversas bancadas reaccionaron fuertemente a lo revelado por Sáenz y manfestaron suma preocupación.
La socialcristiana Vanessa Castro dijo que como abogada el texto le parecía “absolutamente incongruente con toda lógica” y la frenteamplista Sofía Guillén reclamó que “habla de eliminar las castas y combatir las élites, el señor Presidente que firma este proyecto, pero este es un proyecto para aumentarle los privilegios a las élites”.
Montserrrat Ruiz por su parte comparó la prevista propuesta la póliza que el gobierno intentó adquirir con fondos públicos para cubrir legalmente a 64 jerarcas de gobierno y luego apuntó que aprobar el texto sería opuesto a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La diputada dijo que el proyecto abriría para que impunemente funcionarios públicos recibieran dádivas e incumplieran su deber de probidad. “Se está haciendo un anillo a la medida para alguien y eso es lo que yo temo de este proyecto”, concluyó.
