La inclusión de la exoneración del pago del impuesto a las ganancias de capital en favor de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (BNV), en el texto sustitutivo del proyecto de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, fue el resultado de una decisión política de la administración de Luis Guillermo Solís.
Sin embargo, tanto el Ministerio de la Presidencia como el de Hacienda insisten en no saber quién exactamente tomó esa decisión.
Priscilla Piedra, directora General de Hacienda, explicó que, una vez que la Sugeval y otros actores presentaron observaciones, estas fueron canalizadas a través de diferentes bancadas o de sus representantes designados en el proceso de negociación. Y una vez que eran aprobadas por la parte gubernamental, ella incluía los cambios aceptados.
Sin embargo, “la aceptación o no de los cambios propuestos por los diferentes actores respondió a una decisión política” de alguna autoridad competente, que no fue ella, porque su cargo es meramente técnico, agregó.
La adición en cuestión es el numeral cinco en el artículo 28 B sobre exenciones, ubicado en la página 69 del texto sustitutivo de la reforma fiscal que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.
Ese numeral establece la exoneración para: “Las ganancias de capital provenientes de operaciones con valores, siempre y cuando tanto la adquisición del valor correspondiente como la operación que produzca la renta de capital hayan sido ejecutadas a través de una bolsa de valores autorizada de conformidad con la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, del 17 de diciembre de 1977”.
En los hechos, la empresa privada Bolsa Nacional de Valores S.A. (BNV) es la autorizada en el país para intermediar esas operaciones de capital.
La adición realizada implica dar un tratamiento privilegiado a las operaciones que se realicen en esa Bolsa, pues al mismo tiempo se mantienen los impuestos a las ganancias de capital en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en las asociaciones solidaristas y en las cooperativas.
Piedra también negó que Hacienda hubiera aceptado incluir la exención a cambio de obtener un beneficio para el erario en tiempos de crisis fiscal. Además, reconoció que, como parte del procedimiento usual en esta clase de negociaciones políticas, el Ministerio aceptó incluir la exención en el texto, pero aseguró que la entidad también manifestó su oposición a la medida y comunicó a la comisión legislativa que buscarían su eliminación posterior mediante la presentación de una moción (ver: “Dijimos que no estábamos de acuerdo”).
Por su parte, la jefa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), María Lucía Fernández, negó que tal exención hubiese sido solicitada por ella. En cambio, sí aceptó que solicitó la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios que presta la BNV.
“La Sugeval elevó ante la Comisión especial del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento Fiscal una propuesta de exoneración únicamente sobre el IVA para los servicios del mercado de valores, contemplada en el Título I, “Impuesto al Valor Agregado”; Capítulo III, “De las exoneraciones y tasas de impuesto”; artículo 8, inciso 5; pero no a las ganancias de capital contempladas en el Título II, “Ley de Impuesto a los Ingresos y Utilidades”; Capítulo XI, “Sobre Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital, del artículo 28B – “Exoneraciones”, inciso 4 y 5”, explicó.
Para solicitar la exención del IVA, Fernández argumentó que, de no aprobarse, “se encarece el financiamiento de las actividades económicas a través del mercado de valores; se genera una distorsión en favor del financiamiento bancario, dado que este artículo contempla exoneraciones a los intereses y comisiones sobre préstamos y otros servicios de financiamiento bancario; y se le resta competitividad a los mercados de capitales”.
Pero, a diferencia de la exoneración del impuesto sobre las ganancias de capital, el cual, como se explicó, implica un trato preferencial para la BNV frente a entidades como el Banco Popular, las cooperativas y las asociaciones solidaristas, la exención del pago del IVA a los servicios que se brindan en los mercados de valores no beneficia de manera particular a la BNV, sino que se generaliza a todas las entidades que los proveen.
Fernández también dijo que la exención del IVA solicitada por la Sugeval “fue conocida con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) e informada de las gestiones realizadas por esta Superintendencia”.
La exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, quien participó en las negociaciones como parte de la comisión legislativa, reconoció haber defendido la solicitud de exoneración del IVA planteada por la Sugeval.
“Yo elevé la solicitud de la Sugeval al Gobierno. La solicitud fue enviada por María Lucía Fernández, superintendenta general de Valores. El argumento fue que, de no darse la exención, se encarecerá el crédito público para el país y la competencia en el mercado. Se buscó que Hacienda tuviera acceso a liquidez en un momento tan crítico”, explicó Ramírez.
Sin embargo, en cuanto a la solicitud de incluir en el texto sustitutivo la exoneración del impuesto sobre las ganancias de capital a la BNV, la exdiputada dijo no recordar “que esa se haya dado en una discusión conjunta. Si se añadió en el texto sustitutivo, tendría que haberlo hecho el Gobierno”, dijo.
Priscilla Piedra, directora general de Hacienda: “Dijimos que no estábamos de acuerdo”
Como representante del Ministerio de Hacienda en las negociaciones del proyecto de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, ¿aceptó exonerar del impuesto a las ganancias de capital a las operaciones que se realizan mediante la Bolsa Nacional de Valores S.A.?
–En primera instancia, es importante aclarar que desde el mes de setiembre del año 2017 se inició un proceso de negociación con las fracciones del PAC, PUSC, PLN y FA, que tuvieron como objetivo generar el espacio para conocer el proyecto y (estudiar la posibilidad de) darle vía rápida. Desde ese momento, y a la fecha, mi participación, así como la del señor Carlos Vargas (viceministro de Ingresos), ha sido a nivel técnico.
Valga reiterar la respuesta que le fuera remitida por el señor ministro en relación con este tema: “La propuesta surgió del proceso de negociación en la Asamblea, no es iniciativa del Ministerio de Hacienda, el cual está en disposición de apoyar una moción para que se restituya el gravamen”.
¿Cuál fue el objetivo buscado al aceptar incluir esta exoneración?
–Tal y como se indicó, la participación que he tenido dentro del proceso de negociación ha sido técnica. La aceptación o no de los cambios propuestos por los diferentes actores responde a una decisión política. Pareciera que se ha confundido mi participación en el proceso, en el tanto, a efectos de evitar contar con diferentes versiones, yo fui encargada para incluir los cambios que se aprobaran en el texto, lo cual dista mucho de que tuviese la competencia o autoridad para aprobar o no esos cambios.
¿La iniciativa provino de la Superintendencia Nacional de Valores y fue viabilizada por la exdiputada del PLN, Paulina Ramírez?
–Dentro del proceso de construcción de los dos textos sustitutivos, se atendieron diferentes grupos y sectores, quienes en su mayoría presentaban sus posiciones mediante diferentes diputados o personas delegadas por los partidos políticos. Con respecto al tratamiento que debería dársele a los títulos que se transan en bolsa, la Sugeval y otros actores presentaron observaciones que fueron canalizadas a través de diferentes bancadas o de sus representantes designados en el proceso de negociación. El día que se discutió este tratamiento, diferentes diputados, asesores legislativos y representantes designados de los partidos presentaron sus observaciones y defendieron el punto, llegando ellos a un acuerdo de mayoría sobre la inclusión del tratamiento.
¿Esta negociación se realizó a cambio de algún beneficio que proporcionara mayores ingresos al fisco costarricense? Si fue así, ¿cuál sería ese beneficio?
–Dentro de los cambios que se me solicitó incluir en el nuevo texto, no se consideró ninguno referido a lo que usted indica en su consulta.
¿Hicieron un balance de costo beneficio entre la conveniencia de incorporar esta exención y el monto de egresos que dejaría de recibir el fisco por esta?
–Como parte técnica se indicó cuáles eran los inconvenientes que se veían sobre este tratamiento. Se debe aclarar que, por la inmediatez con que se dan estas negociaciones, resulta imposible tener las estimaciones de los impactos de las propuestas en tiempo real. No obstante, se dejó indicado que el Ministerio de Hacienda no estaba de acuerdo con el tratamiento y que se intentaría, vía moción, volver al gravamen original; situación que también se presentó y se aclaró en el tema de las rentas no sujetas, que también se excluyeron de la base imponible.
