El Poder Ejecutivo convocó este miércoles a la agenda legislativa un proyecto que pretende reformar la Constitución Política para limitar la autonomía de universidades, municipalidades y la CCSS limitándola a las reglas financieras que dicte el Gobierno central.
El proyecto presentado en 2020 por los diputados anteriores propone modificar el artículo constitucional 176; lo recogió el Gobierno actual y lo somete a la discusión legislativa, según el decreto 43546-MP firmado por la presidenta de la República en Ejercicio, Mary Munive, y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
“Para que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas”, dice el texto propuesto como objetivo de esta reforma, sobre la cual no ha informado a la prensa la Presidencia de la República.
“Las municipalidades, las universidades públicas y la Caja Costarricense del Seguro Social, son parte de ese ámbito del sector público cobijado por principios de autonomía constitucional que han mostrado resistencia a la hora de aplicar la regla fiscal y por tanto, respetar el cumplimiento del principio de equilibrio financiero”, dice como justificación el texto del proyecto 22.266, presentado por legisladores de diversos partidos.
El proyecto se refiere a los límites de la aplicación de la regla fiscal, una herramienta de contención del gasto público que se aprobó en 2018 como parte de la reforma fiscal de ese año.
“Su aplicación ha sido dificultada por excepciones establecidas por ley, acciones ante la Sala Constitucional e interpretaciones”, alegaban los diputados en el proyecto activado hoy a las 11:25 a. m. por el Gobierno para este período de sesiones cuya agenda se controla desde Zapote.
Por eso el planteamiento es incluir en el artículo constitucional una oración que diga “Las Municipalidades y las instituciones descentralizadas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos”, en referencia a la necesidad de que, en el presupuesto de la República, los gastos no sobrepasen los ingresos probables.
La reforma también propone incorporar el siguiente enunciado: “Se prohíbe la creación de nuevas instituciones y programas sin la autorización previa de la Contraloría General de la República, que certificará que el financiamiento no sea con recargo al presupuesto nacional”.
Críticas
El exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta, criticó la iniciativa de ley, y la consideró “peor que la regla fiscal”, pues asegura que no tiene requisitos o supuestos de aplicación, ni excepciones o cláusulas de escape.
“Simplemente se deja decir que el “equilibro presupuestario” prevalecerá sobre las autonomías constitucionales.
En la práctica esto significa que cuando Hacienda considere que se afecta ese equilibrio podría:
1) Rebajar el FEES o dejar de pagarlo.
2) No pagar contribuciones a la CCSS o dejar de pagar la deuda del Estado con la CCSS.
3) Recortar el presupuesto para la educación, incumplir impunemente con el 8%.
4) Recortar o desfinanciar impunemente programas sociales.
5) Desfinanciar al Poder Judicial. Incumplir con el 6% establecido en el artículo 177 de la Constitución”, afirmó Villalta.
