Petitoria de $1.750 millones

Gobierno guarda silencio sobre temas apremiantes para negocio con FMI

El futuro préstamo del FMI incluirá medidas estructurales para asegurar que el Gobierno devuelva el dinero: ventas de activos públicos, modificaciones tributarias o recortes al gasto son opciones carentes de negociación.

En vísperas de más negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tras concluir la primera etapa de un diálogo nacional sobre la economía del COVID-19, el Gobierno arrastra meses sin discutir tres medidas que impactarán el dinero disponible para la devolución de $2.254 millones en total.

Según dijo el ministro de Hacienda, Elián Villegas, a UNIVERSIDAD “para el fin de semana, si todo sale bien, estaremos presentándole al país el paquete de temas que negociaremos con el Fondo”. Las reuniones virtuales con el FMI serán “en la última semana de septiembre y la primera de octubre”.

Previamente, la Asamblea Legislativa aprobó un contrato por $504 millones. El viernes 29, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central firmaron una solicitud de “asistencia financiera de seguimiento en la forma de un acuerdo de tres años bajo la figura del Servicio Ampliado (SAF o EFF por sus siglas en inglés), con acceso al 335% de la cuota o unos $1.750 millones”.

Ingresos tributarios: ¿con IVA del 15% o más incluido?

En mayo, en una ponencia de la universidad LEAD, el presidente del Banco Central opinó que, para salvar la seguridad social, “el IVA (impuesto sobre el valor agregado para bienes y servicios) va a tener que jugar un factor fundamental” y jugó con proyecciones de un IVA del 15%. Se solicitó una posición actualizada para este artículo, pero continúa pendiente la consulta en el Banco Central.

Aumentos al IVA fueron descartados por el Presidente antes de esa opinión del banquero central; sin embargo, no se ha dicho más del tema. 

Siguen sin cautivar la atención del Gobierno los paquetes tributarios progresistas, con impacto en altas rentas y capitales, pese a que existen propuestas firmadas por grupos de economistas, la Universidad Nacional y diputados.

En julio, el IVA entró a regir en su totalidad para los sectores -salvo por exenciones aprobadas para turismo y una futura propuesta para los servicios de construcción-. 

“En estos momentos, deberíamos hacer una exoneración total de la canasta básica, pero no solamente de la canasta básica. Estamos hablando de salud y educación, servicios que son fundamentales”, afirma la académica Ana Rosa Ruiz, quien participó en la convocatoria de  diálogo con el Gobierno a nombre de Mujeres en Acción. 

Ruiz pide exonerar el IVA con énfasis en las necesidades de los tres primeros quintiles de la población.

En su préstamo rápido con El Salvador, el FMI pidió “un incremento de ingresos tributarios con un nuevo impuesto de propiedad y/o subir el porcentaje de los impuestos de consumo (IVA)”. 

El caso de Ecuador, más similar al de Costa Rica porque también pidió un SAF recientemente, incluye en su préstamo rápido “una ambiciosa racionalización del gasto y una reforma tributaria amigable para el crecimiento”. Las negociaciones con el FMI continúan pendientes.  

En contraposición a estas medidas latinoamericanas, el país tiene un discurso sostenido por el ministro de Hacienda y que llama a trazar las pérdidas por elusión y evasión (alrededor del 6% del PIB se pierde de esta forma, según dijo Elián Villegas en el congreso). 

Reducción al gasto arriesga partidas esenciales

Una coletilla que se aprobó, junto con el segundo presupuesto extraordinario, dice que todo el Gobierno debe subejecutar el dinero asignado para el 2020 en un 10% (las excepciones deberán ser defendidas frente al Ministerio de Hacienda). 

En el presupuesto ordinario del 2021, Hacienda redujo en 4,9 % el gasto primario (sin pago de intereses).

“No veo dónde se puede recortar. Los gastitos superfluos de licores, almuerzos y de viajes… sí”, describe Luis Paulino Vargas del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia. 

Recortes indiscriminados en alquileres, salarios, programas e instituciones pueden provocar consecuencias a mediano plazo y “debilitar la institucionalidad pública, en un momento en que tienen muchas más demandas que atender”, advierte Vargas.

Producto de la austeridad y la incertidumbre, el primer semestre de este año ya tuvo un gasto de capital (gastos en activos productivos como carreteras) que es ₡100.000 millones menor al 2019. 

Para el primer empréstito con el FMI, las autoridades se comprometieron a congelar los salarios, de forma que las partidas de remuneraciones no afecten los egresos del Gobierno. En la presentación del presupuesto ordinario, el ministro de Hacienda comentó que hace falta que los diputados aprueben los recortes a las anualidades para los siguientes dos años, según aparecen en un proyecto de ley avanzado en su trámite.

No obstante, las autoridades ticas enviaron al FMI una estimación de que 70% del Producto Interno Bruto (PIB) estará comprometido con el endeudamiento, al finalizar el 2020. Una cifra histórica e impensable, antes de la crisis. 

Por un lado, el endeudamiento externo incrementó considerablemente, con poco impacto a los intereses; por el otro lado, el endeudamiento interno es más voraz y sus intereses ahondaron el déficit financiero de este año, aseguran Hacienda y Banco Central.

Con la aprobación de múltiples créditos con organismos internacionales, la deuda externa del 2021 incrementó en un 17,5% respecto a este año. Hacienda defiende que los intereses bajaron en un 0,1%, por el cambio de deuda cara a deuda barata.

Luis Paulino Vargas propone una “reingeniería” para reducir los gastos de la deuda pública: usar política pública para bajar las tasas de interés que se les paga a los tenedores de bonos de Gobierno y que, también, se amplíen los plazos de pagos porque, actualmente, hay un 35,4% de los bonos que se vencen entre uno y cinco años plazo.

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