Sin admitir el fracaso del polémico proyecto llamado “Ley jaguar” para convocar a un referendo que reforme potestades de la Contraloría General de la República, el presidente Rodrigo Chaves reconoció, ocho semanas después, que desecha esa iniciativa por los problemas que este lunes le señaló la Sala Constitucional.
Aunque, desde el 5 de junio, Chaves y su gabinete aseguraban que la propuesta de ley estaba blindada ante cuestionamientos constitucionales, que se señalaron casi de inmediato, fueron finalmente los magistrados los que señalaron que todos los artículos violentaban la Constitución Política por algún motivo.
De esta manera, se materializó el traspié del proyecto calificado como prioritario por el Gobierno de Chaves, al considerarlo simbólico del “momento histórico” que vive el país al querer reformar el funcionamiento de las instituciones en favor de intereses económicos y políticos tradicionales, según él.
Con la Contraloría y su jerarca, Marta Acosta, como principal blanco de ataque, Chaves impulsaba la “Ley jaguar” para facilitar el impulso de proyectos de infraestructura de interés del Gobierno. Sin embargo, ahora tuvo que preparar, en cuestión de horas y sin esperar el fallo completo, un “plan b” que el presidente aseguraba no tener cuando hablaba de la posibilidad de protestas ciudadanas contra la Sala en caso de frenar ese proyecto, cosa que no ocurrió.
Ese “plan B” o “proyecto corregido”, como prefirió llamarlo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, fue presentado este mismo martes con el mismo contenido esencial que la primera versión, según ella. “Tiene la carnita”, dijo la jerarca y principal vocera pro referendo, en una de las frases coloquiales con las que las autoridades intentan explicar sus planes.
Chaves, por su parte, insistió en calificar como “triunfo” el fallo de la Sala Constitucional, aunque “no fue por goleada”, dijo. De esta manera contradijo en el discurso a su principal diputada, Pilar Cisneros, quien el lunes lamentó mucho la resolución constitucional al calificarla como “una barbaridad”.
“Es increíble que la Sala IV le niegue al pueblo usar la herramienta más valiosa y más sagrada que tiene la democracia, como es un referéndum. Es un día de luto, de tristeza y realmente de frustración absoluta”, dijo horas antes de que Chaves expresara palabras triunfalistas.
Cisneros también incurrió en otra contradicción con Chaves al afirmar que “la Contraloría es la responsable del atraso espantoso que tiene este país, todo lo frena. No solo a los Gobiernos de turno, sino también a las municipalidades”, mientras el presidente asegura que la Contraloría fue laxa con Gobiernos anteriores e hizo “cambalaches” con los partidos tradicionales que han estado en el poder.
¿Inmaculado?
Al comenzar el mes de agosto comienza el camino de un nuevo proyecto con el mismo objetivo aparente, con la diferencia de que este sí va “inmaculado” ante posibles roces de inconstitucionalidad o cuestionamientos legales adicionales, aún sabiendo que los magistrados constitucionalistas no se refirieron a todos los artículos de la propuesta original.
Aunque Chaves y Fernández dijeron que nadie más debería cuestionar aspectos legales, los diputados opositores tienen otros criterios y está por verse la posición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se tramitan solicitudes para recoger firmas en favor de llamar al referendo deseado por Chaves, aunque cuando lo mencionó por primera vez (en mayo) hablaba de someter a consulta nacional proyectos variados y de mayor calado.
“La decisión de la Sala Constitucional es un triunfo del pueblo de Costa Rica, cuando se lee con atención y se entiende, y no se quiere engañar al pueblo de Costa Rica, triunfó y triunfó, porque los magistrados reconocieron el punto fundamental de todo este debate de política pública que hemos vivido en los últimos meses”, dijo Chaves en una conferencia de prensa en la que mandó a callar al periodista que refutó a Fernández sobre lo que sí decía la literalidad del “por tanto” de la Sala.
“El punto fundamental de la ‘Ley jaguar’ es que la Contraloría General de la República y sus jerarcas han gobernado, se han metido en la administración activa del Gobierno, de manera inconstitucional, desde el año 1994. Eso lo dice la Sala de manera cristalina”, dijo Chaves atribuyéndole a los magistrados palabras que resultan favorables al Ejecutivo.
En esta ocasión, el mandatario evitó descalificaciones o críticas directas contra los magistrados constitucionalistas, como sí hizo directamente Pilar Cisneros o como ha hecho él en otras sentencias contrarias a los intereses gubernamentales. La reacción inmediata fue, más bien, dar el paso con una nueva versión cuyo contenido, sin embargo, quedó incompleto en relación con la primera idea, según el analista político Mario Quirós, quien hizo el comparativo entre la ley vigente, la primera propuesta y la segunda.
Por ejemplo, mencionó que el nuevo texto eliminó del todo tres de los cuatro artículos señalados como inconstitucionales, referidos a la actual Ley Orgánica de la Contraloría. En el único que quedó, el Gobierno tuvo que volver a colocar una oración clave que había propuesto quitar de la ley actual: “la Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores”.
También, el Ejecutivo debió retirar la pretendida prohibición de “interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública”, así como eliminar la oración donde decía “no podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración”, aspectos del planteamiento original que habían sido señalados como preocupantes por la contralora Acosta, quien el lunes celebró el fallo de la Sala.
“Es claro que el fallo de la Sala fue un golpe, pero hubo una reacción rápida que permite al ejecutivo mantener el eje de la discusión pública, aunque uno puede ver que las reformas que querían hacer a la CGR quedaron mochas”, dijo Quirós al recordar que también se incluyen artículos relacionados con la contratación administrativa (que incide sobre el proyecto “Ciudad Gobierno”) y la posibilidad de construir una marina en Limón con Japdeva.
