El presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, evitaron dar en su conferencia de prensa semanal las cifras fiscales que pretenden con los cinco proyectos fiscales presentados el jueves ante la Asamblea Legislativa.
“Para eso es el proceso, para eso es el diálogo, esperen los números”, dijo después de seis días de intensa discusión y polémicas por la propuesta que aumentaría el pago de impuestos para muchos costarricenses, como advierten diputados de las cinco bancadas opositoras y economistas.
Consultados de manera directa por Radios UCR sobre las proyección de recaudación con los ajustes fiscales propuestos, Acosta se limitó a decir que afectará únicamente a las personas que están entre el 10% más rico del país, aunque después Chaves dijo que sería solo el 1%.
Sin embargo, no se conoce hasta ahora una proyección de recaudación en cantidades absolutas ni como porcentaje del PIB, a pesar de conferencias de prensa y videos informativos del Gobierno, incluido el espacio de este miércoles. «consideramos que era información extremadamente técnica para ponerla en un proyecto de ley», dijo Acosta.
Cuando el comunicador que preguntó esas cifras repitió la consulta, Chaves tomó la palabra para decirle a Acosta que “ponga esos números ahí (página web del Ministerio de Hacienda) y ahí se fija el periodista”, sin más.
Chaves, que volvió a acusar a los críticos de la propuesta (diputados incluidos) de ser pagados por los sectores más privilegiados del país, defendió sus proyectos fiscales con el argumentos de que son solo eso, una propuesta. Dijo que son solo la apertura a la discusión y que los opositores se han precipitado con sus cuestionamientos y señalamientos de que en efecto el presidente está incumpliendo su promesa de no aumentar los impuestos.
Esa propuesta, sin embargo, ya se ha modificado en menos de una semana en elementos sustantivos, como el ingreso mínimo exento para el impuesto de renta y la exoneración de los vehículos eléctricos. Estos ajustes habrían implicado cambios en las proyecciones, pero no se han divulgado aún.
Según Chaves, estos proyectos podrían llevarse el resto del cuatrienio en discusión y deberían servir para que las personas conozcan las posiciones de los partidos políticos y los premien o los castiguen con el voto en las próximas elecciones.
Cuando otro periodista consultó a Acosta por las prioridades dentro de este paquete fiscal, el ministro dijo que “todos los proyectos son importantes”.
El presidente dijo que la intención del Gobierno no es recaudar más dinero por impuestos, porque “estamos muy bien, hay prosperidad”, a pesar de que en la cadena televisiva del domingo se dijo que con esta propuesta los diputados deberán decidir si habrá recursos para infraestructura, educación o seguridad.
Chaves dijo que su único propósito es propiciar un sistema tributario más justo, en el que paguen menos los que menos tienen y paguen más los más ricos. Reiteró que su lucha es contra una élite protegida por el sistema e hizo un paralelismo de que por un objetivo parecido hace 106 años se rompió el orden constitucional y que también fueron las élites las que fusilaron a Juanito Mora (1860).
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El Presidente intentó aclarar o corregir algunos de los puntos cuestionados por los diputados y representantes de gremios, incluido el que se relaciona con aumentar el costo de implementos médicos como sillas de ruedas o anteojos, pues se les cobraría 2% de impuesto al valor agregado. Sobre esto, dijo que la verdad es que la mayoría de la población necesitada recibe esos bienes sin costo de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los que los compran tienen dinero suficiente para afrontar ese aumento.
Además, Chaves desmintió que los tiquetes de avión para vuelos hacia Costa Rica sean afectados por el proyecto de ley y que, de todas maneras, viajar fuera del país no es una costumbre de la población más necesitada, dijo mencionando la figura de “la señora de Purral”.
Sobre la viabilidad política, Acosta y Chaves reiteraron que este es el momento adecuado para presentar ese plan fiscal, a pesar de que la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo que no lo es y dijo que nadie del Ejecutivo se lo consultó.
