Gobierno envía al Congreso un presupuesto que crece 17,5% disparado por la deuda

Gobierno envió una propuesta de ¢10,9 billones al Congreso, de los que hasta un 41,6% se destinarán a pagar la deuda pública.

El presupuesto del Gobierno Central del 2019 crecerá en un 17,5%, según propuso el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, en su proyecto de Ley General de Presupuesto de la República para el 2019, presentado la mañana de este viernes. El crecimiento (el más alto desde el 2015) se explica por un aumento de un 53%  en el pago de la deuda.

De aprobarse la iniciativa, el gobierno gastaría ¢10,9 billones el próximo año, de los que un 41,6% corresponde al pago de intereses y amortizaciones.

Estos datos los reveló la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, como parte de la presentación del proyecto. En el evento, la jerarca subrayó que el ahogo de la deuda es capital para entender cómo el presupuesto es responsable, aunque ciertamente abultado.

De hecho, sin contar el pago de la deuda, el presupuesto del Gobierno Central apenas habría crecido un 1% y, descontando también el crecimiento en el pago de las pensiones, incluso habría decrecido en un 0,8%.

Estos cálculos incluso contemplan el pago de ¢80.000 millones de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): un rubro que no se presupuestó el año pasado por la declaratoria de “estado de necesidad” que realizó el Poder Ejecutivo.

Como parte de su promesa de austeridad, la ministra de Hacienda reafirmó que se contempló un crecimiento mínimo de las plazas en el sector público (0,5%), de las remuneraciones (0,7%) y de los incentivos salariales (1,1%), algo que fue posible por las medidas administrativas vía directrices ejecutivas tomadas por su cartera en los últimos meses.

No obstante, también decrecieron las proyecciones para el gasto social en 1,6 puntos porcentuales, que ahora corresponderá al 12,6% del PIB; así como para las inversiones de capital como infraestructura, para las que la jerarca Aguilar invitó a pensar en “nuevas formas” de concretar alianzas público-privadas.

Sobre esa situación, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, indicó que se trata de un presupuesto “diferente” con “un esfuerzo importante” para contener el gasto, como la propia jerarca le había prometido a los diputados a finales de mayo. Para ello, dijo contar con el apoyo de las autoridades institucionales.

No obstante, Aguilar no escondió su preocupación porque lo ingresos presupuestados ya dependen más de la deuda que de los ingresos tributarios, algo que habla sobre la acumulación de responsabilidades que resta movilidad financiera al país.

Un 53,5% del financiamiento público provendrá de la deuda, un 46,5% de los tributos.

En esa línea, la jerarca afirmó que “los vientos que el país tuvo a favor ya están desapareciendo”, palabras con las que se refirió a la imposibilidad de seguir costeando el Estado con las condiciones económicas actuales a través de más deuda.

Recaudación caerá, según Hacienda

Sobre esas condiciones, apuntó especialmente a la reducción en la recaudación tributaria, cuyo impacto ahora decreció al 12,8% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Al respecto, la ministra aseguró que la recaudación tributaria continuará decreciendo principalmente por el Impuesto de Ventas, cuyas previsiones cayeron al 4,25% del PIB; motivo por el que la ministra Aguilar urgió a que se apruebe una reforma fiscal, que contiene el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esa carga gravaría a sectores como los servicios que hoy no pagan impuestos, y cerraría portillos sistemáticos para la evasión del Impuesto sobre la Renta.

En total, el presupuesto estima gastos totales por un 21,7% del PIB (+0,3 puntos) contrarrestados por ingresos limitados del 13,8% del PIB (-0,2 puntos), para un déficit presupuestario estimado final del 7,9% al finalizar el próximo año.

Los únicos grandes aumentos presupuestados fueron para pagar la deuda pública (+52,6%) y para la Comisión Nacional de Emergencias dirigida por la Presidencia (+276,9%), tomando en cuenta que el país podría enfrentar desastres naturales como una muy posible sequía en los próximos meses.

Según la ministra, ninguna de las proyecciones del presupuesto contempla la aprobación de una reforma fiscal, por lo que cualquier avance en esa materia sería un respiro en momento de ahogo financiero.

Contexto fiscal

La propuesta del Gobierno llega justo en medio del trámite de la reforma fiscal en la corriente legislativa, con la que Hacienda buscará paliar los efectos del déficit nacional, que apunta a un 7,2% del PIB al finalizar este año, según las estimaciones del Banco Central.

De ese 7,2% de la producción, más de un 4% correspondería al déficit primario. Es decir, a obligaciones estatales que van más allá del pago de la deuda pero que la condicionan, pues implican gastos no cubiertos que deben suplirse a través de nuevos endeudamientos.

Estos endeudamientos apuntan alcanzar un 53,8% este año, cifra que excederá el límite sostenible, según los organismos internacionales.

Conforme se acumula la deuda, decrecen también las calificaciones de riesgo nacionales, lo que luego redunda en peores condiciones de la deuda y, por ende, un crecimiento más acelerado de los problemas financieros.

Actualmente, las estimaciones de Hacienda señalan que el proyecto de reforma fiscal apenas serviría para enviar señales a los acreedores del Estado y aliviar así el empeoramiento de la deuda.

La actual recaudación proyectada con el texto apenas supera el 1% del PIB, por lo que el Gobierno ya ha prometido reformas al empleo público y a las instituciones para achicar aún más el desequilibrio entre gastos e ingresos.

Si no se logran esas reformas, el país tendría que realizar ajustes drásticos para pagar su deuda a través del gasto, algo que supondría reducir el tamaño de su Estado y la cobertura de sus servicios sociales.

En esa línea, la ministra de Hacienda recordó a los diputados el lunes pasado que “Costa Rica se juega (su futuro), como pocas veces”, algo que les dijo en una visita sorpresa a la Asamblea Legislativa para solicitar que no se debilite más el proyecto fiscal, al que los diputados ya le quitaron más un 40% de su meta recaudatoria.

Trámite legislativo

Este proyecto ahora deberá ser analizado por la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, cuya presidenta, la economista del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, indicó que revisarán que se haya hecho “un ejercicio serio relacionado con el gasto público”.

Según Hernández, este presupuesto “va a marcar la tendencia” del gobierno de Carlos Alvarado, por lo que será importante darle el mejor seguimiento posible para analizar si es un modelo capaz de “garantizar la solvencia de este Estado que a futuro queremos”.

Para ello, advirtió que en la comisión que dirige deberán realizar un “análisis muy minucioso y muy cauto”, tomando en cuenta las variables cuantitativas y cualitativas que implica cada una de las partidas que se restringieron o podrían restringirse.

Así mismo, indicó que tendrán cuidado a la hora de analizar temas como “infraestructura, seguridad y cuido”, las cuales son fundamentales para la población y no deben descuidarse, como en gobiernos anteriores. “No se trata únicamente de ver el monto total, sino de ver la calidad”, subrayó.

Además, dijo que revisarán las tasas implícitas y la estructura de endeudamientos empleada por Hacienda, de modo que no ocurra como en el cierre de la última administración, en la que se presupuestó menos deuda de la que finalmente fue necesario pagar.

Este presupuesto ahora deberá pasar al análisis de la comisión de Hacendarios, que tramitará el texto y podrá realizar modificaciones hasta enviarlo el 1 de noviembre al Plenario. Allí pasará a ocupar el primer lugar en el orden de discusiones, hasta su votación en primer y segundo debate, los días 27 y 29 de noviembre, a más tardar.

En la actividad de presentación del proyecto de ley estuvieron presentes también la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera; la presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández; el primer secretario del Congreso, Luis Fernando Chacón; el director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales; y el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.


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