El Gobierno de Rodrigo Chaves pide el traslado de la Dirección de Servicio Civil y su Tribunal Administrativo hacia manos del Ministerio de Planificación y Desarrollo (Mideplan).
El proyecto de Ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros (23.105) culminaría los planes que inició la administración de Carlos Alvarado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como la reforma fiscal) y la Ley de Empleo Público, aprobada en abril en el congreso, para convertir a Mideplan en el rector del sector público.
El expediente 23.105 fue presentado este jueves a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, en una convocatoria privada con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Así fue confirmado a este semanario, posteriormente, por la asesora del diputado Rodrigo Arias (presidente del congreso) y también el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
La asesora de Rodrigo Arias, Angie López, manifestó que existen problemas tecnológicos con las cámaras de la sala en la que Díaz expuso la información a los diputados y que, por esta razón, la reunión se mantuvo privada.
El diputado Jonathan Acuña informó a UNIVERSIDAD que la reunión fue rápida, con el objetivo de exponer los contenidos del proyecto que interesa al Gobierno para reformar 17 instituciones públicas. De acuerdo con el diputado, la ministra de la Preisdencia no tocó el tema de la Dirección del Servicio Civil.
En el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo solicita a los diputados aprobar una modificación al Estatuto de Servicio Civil para que la Dirección sea “un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y contará con personalidad jurídica instrumental únicamente para efectos de manejar su propio presupuesto y con el fin de que cumpla sus objetivos de conformidad con la Ley N.° 1581”.
Actualmente, el Servicio Civil está adscrito al presupuesto del Ministerio de la Presidencia, pero el artículo modificado no indica que existe una subordinación al Poder Ejecutivo, tema que ha sido una preocupación de los detractores de la Ley de Empleo Público, por convertir la contratación de empleados públicos en un tema político.
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Sobre el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, el proyecto de Gobierno pretende que también sea “un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica”. No obstante, idéntica modificación ya se realizó con la Ley de Empleo Público.
En un nuevo cambio que solicita el proyecto de la administración Chaves, los magistrados del Tribunal Administrativo del Servicio Civil “serán nombrados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica”. En la Ley de Empleo Público, los diputados dispusieron que fueran elegidos por el Poder Ejecutivo como órgano colegiado (como ocurre con las decisiones que toma el Consejo de Gobierno).
El proyecto de la administración Chaves Robles carece aún de comisión legislativa para su trámite, en tanto esos órganos siguen sin conformarse, tras 11 días desde que asumieron los nuevos diputados y cuatro desde el inicio de Rodrigo Chaves.
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