De acuerdo con información recopilada por el profesor de derecho internacional público Nicolás Boeglin, en apariencia el caso que la minera canadiense Infinito Gold planteó contra Costa Rica en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (Ciadi) podría llegar a su fin.
En su blog Derecho Internacional Público, el docente de la UCR reprodujo una reciente notificación que consta en la página oficial del proceso en el sitio del Ciadi, la cual data del 14 de junio pasado y dice: “las partes presentan una solicitud por la discontinuación del proceso de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI 53 y 43(1)”.
Además, el sitio especializado CIAR Global, dedicado a monitorear ese tipo de procesos de arbitraje, publicó este lunes que “la minera canadiense Infinito Gold Ltd. ha anunciado que desiste de su solicitud de anulación parcial del laudo en el arbitraje abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADI) desde 2014”.
Ahora bien, el propio Boeglin hace la salvedad de que “al menos oficialmente, nada ha trascendido desde el CIADI, como tampoco ningún anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior”.
En efecto, el canal oficial Trece Noticias logró consultar al ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar al respecto, pero el funcionario no fue capaz más que de ofrecer una ambigua respuesta que no aclaró en nada el panorama.
La opacidad de toda la situación es mayor, si se toma en cuenta que al analizar la normativa invocada en la mísera comunicación del Ciadi, Boeglin halló que no es atinente. “Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI … no son disposiciones que apliquen a la situación indicada, lo cual plantea interrogantes muy válidas”, anotó en su blog.
Como se dijo, la empresa minera canadiense presentó su demanda ante ese organismo contra el país en 2014 y Boeglin recordó que en junio de 2021 el Ciadi dio a conocer un laudo arbitral “parcialmente favorable” para Costa Rica, lo cual provocó que en octubre de ese año los canadienses presentaran una solicitud de anulación parcial de ese laudo.
Esa gestión precisamente es la que habría llegado a su final. ¿Qué implicaciones tendría ese hecho, de ser cierto?
Desde el inicio de su gestión, Chaves ha alegado que el proceso ante el Ciadi le impedía de plantear la solución que gustará al problema de la minería ilegal en Crucitas, siempre con un guiño hacia la explotación minera del sitio.
Recién en enero pasado en conferencia de prensa adujo que “hay un laudo internacional, la idea era en noviembre que el laudo fuera a nuestro favor, que no lo fuera a desafiar esta empresa a la que le regalaron -lo único que faltó fue un lacito en una caja roja-, esa concesión y ahora se está haciendo gato bravo y queriéndola pelear y pidiendo cientos de millones de dólares de compensación”. Añadió al mismo tiempo que “anuncié públicamente que no vamos a poder hacer nada en términos de decidir si explotamos o no el oro de Crucitas, pero eso está ampliamente cubierto”.
De manera que no es sorpresivo que, como un tiburón que percibe a la presa, el Colegio de Geólogos emitiera un comunicado en que “se pone a la orden del presidente” para elaborar una “hoja de ruta” según el decir de su presidente Arnoldo Rudín, quien además expresó las acostumbradas promesas de ese gremio de que la explotación de oro se traducirá en “beneficio de la pensión de toda la población, o bien financiar la construcción de escuelas, colegios, puertos, aeropuertos, carreteras e incluso hospitales”.
Ese comunicado concluye con la otra eterna promesa del Colegio de Geólogos de que la exploración y explotación de oro a cielo abierto “se puede hacer sin dañar el medio ambiente, acabando con las mentiras que señalan alguna afectación crítica para la biodiversidad de la zona”.
