El Poder Ejecutivo salió al paso de reclamos planteados por comunidades indígenas de la zona sur y subrayó que la administración Alvarado Quesada ha dado cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Salitre y Térraba.
Por escrito, el viceministro de Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro, recordó que en el marco de la implementación de esas medidas cautelares, se firmó un protocolo de atención con la comunidad de Salitre y un acuerdo con el pueblo Bröran de Térraba, pero aseveró que “no se ha firmado ningún acuerdo con comunidades indígenas de Cabagra”, como lo sostienen los indígenas.
Sobre el tema de los desalojos solicitados por habitantes de Salitre, destacó que dos ya se ejecutaron y que respecto a los seis restantes informó que “están en vísperas de ejecución” y que se realizan las diligencias respectivas, como un estudio de ocupación por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), “de común acuerdo con los beneficiarios de las medidas cautelares de Salitre que participan en la comisión de saneamiento establecida en el Protocolo firmado en el 2017”.
Además, negó que el Poder Ejecutivo tramite desahucios contra iniciativas de recuperación de tierra en la finca recuperada Kono Ju del territorio cabécar China Kichá, al contrario de lo que reclaman los indígenas.
Alfaro además detalló la realización de cinco reuniones de una delegación de varias instituciones con las comunidades de Salitre y Térraba, en las que participaron personas funcionarias del Viceministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Publica, Inder, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas del Poder Judicial.
Seguridad jurídica para el pueblo Bröran
Otra de las exigencias planteadas por los representantes de los pueblos originarios del Sur, tiene que ver con que se oficialice por la vía de un decreto una base de datos del pueblo Bröran de Térraba, la cual fue elaborada con apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y daría claridad sobre la pertenencia a esa comunidad y mayor claridad al proceso de saneamiento territorial.
Al respecto, Alfaro informó que fue propuesta de su despacho al Consejo de Mayores Bröran, precisamente, emitir un decreto para “dotar a ese instrumento de toda la formalidad y legitimidad que requiere”, pero añadió que la emisión de ese eventual decreto “se está tratando en la Comisión de Saneamiento en la que concurren representantes del pueblo Bröran y representantes de Gobierno”.
Respecto a las quejas y solicitudes de investigación a la delegación de la Fuerza Pública en el cantón de Buenos Aires,el funcionario negó haber recibido tal solicitud, “de la misma forma no se tiene registro de solicitud de mayor control sobre la Fuerza Pública”.
Cabe destacar que UNIVERSIDAD ha publicado las quejas sobre el trabajo de la Fuerza Pública en Salitre, al menos desde hace cuatro años.
El funcionario sin embargo destacó que en el marco de los trabajos de las comisiones de seguridad de Salitre y de Térraba, la Fuerza Pública facilitó un padrón con la identificación de todos los policías que asisten los respectivos territorios “para que los pueblos indígenas identifique los efectivos que ellos consideran tiene conflictos de interés” y que además facilite “la retroalimentación por parte de los indígenas a la labor de la Fuerza Pública” en sus territorios.
