A través de la entonces ministra de la Presidencia Laura Fernández, el gobierno de Rodrigo Chaves aseguró a la Organización de Naciones Unidas que sabe respetar la división de Poderes y la independencia del Poder Judicial.
Obviando que Rodrigo Chaves ha divulgado en conferencias de prensa los nombres de jueces o juezas cuyas resoluciones le son adversas, su campaña en contra del Fiscal General o sus constantes ataques a la Corte Plena, en los últimos días de su gestión la probable candidata Laura Fernández dio respuesta a la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, sobre preocupaciones relativas al respeto a la independencia judicial desde el Poder Ejecutivo.
Tal como publicó UNIVERSIDAD, fue desde el pasado 4 de diciembre que la relatora Margaret Satterthwaite, a partir de preocupaciones manifestadas por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) , envió al gobierno de Chaves una serie de preguntas respecto a “interferencias con la independencia del Poder Judicial de Costa Rica a raíz de una serie de medidas legislativas, de políticas de gobierno judicial, y de un hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo”.
Por deterioro de independencia judicial, Relatora de ONU pide explicaciones al Estado costarricense
Carta de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados recoge inquietudes sobre “presuntas interferencias con la independencia del Poder Judicial de Costa Rica a raíz de una serie de medidas legislativas, de políticas de gobierno judicial, y de un hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo”.
Este Semanario tuvo acceso a la respuesta que el día 4 de febrero la Misión Permanente de Costa Rica en la ONU hizo llegar a la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos.
El documento rubricado por Fernández el día 28 de enero asegura que la Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, así como la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria, “se implementaron con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto” y que “fueron avaladas conforme al principio de legalidad”, aunque no precisa por quién.
Además, en cuanto al impacto de la Ley 9635, dijo que sus disposiciones “aplican de manera uniforme en todas las instituciones públicas, sin perjuicio del principio de independencia judicial. Los ajustes salariales buscan armonizar los recursos disponibles con la sostenibilidad fiscal del Estado, lo cual es crucial para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos, incluida la administración de justicia”.
Por otra parte, se refirió al tema del presupuesto del Poder Judicial, que el gobierno de Rodrigo Chaves ha buscado reducir desde su primer propuesta de Presupuesto de la República. Afirmó que “el Estado ha implementado medidas para asegurar que el Poder Judicial cuente con los recursos esenciales para su operación” y que “los ajustes presupuestarios no han comprometido la independencia del Poder Judicial ni su capacidad para atender los desafíos derivados de la delincuencia organizada y la corrupción”.
Además aseguró que “todas las reformas y políticas implementadas por el Gobierno respetan el principio de separación de poderes y la autonomía funcional del Poder Judicial”.
Posteriormente, la misiva del gobierno apunta que la Ley Marco de Empleo Público “respeta plenamente la independencia funcional y administrativa del Poder Judicial. Las disposiciones de esta ley se limitan a regular aspectos generales del empleo público, dejando intacta la autonomía que los órganos judiciales requieren para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.
Se recuerda que cuando Fernández fungió como ministra de Planificación lideró un fracasado proceso que llamó “diálogo” en busca de consensos para reformar esa legislación.
Asegura, además que el gobierno “ha adoptado medidas para garantizar que las políticas de empleo no interfieran con el principio de imparcialidad judicial”.
