El gobierno de Rodrigo Chaves casi cumple un año y todavía carece de una política nacional de seguridad ciudadana, en medio de una creciente oleada de inseguridad que se convierte en la principal preocupación de los costarricenses.
Precisamente, este lunes 13 de marzo, el propio Chaves reconoció que el país no tiene una política de seguridad nacional, aunque alegó “que no ha existido en más de diez años». “Eso no se vale, hay que hacerlo”, dijo en un mensaje divulgado por Casa Presidencial (ver nota aparte).
Se trata de un recordatorio que la Contraloría General de la República ya había realizado en diversas ocasiones. Incluso en el pasado mes de diciembre, en el informe DFOE-GOB-IF 0017-2022, concluyó que no se contaba con una política pública en materia de seguridad que brindara orientaciones de corto, mediano y largo plazo, por lo que le ordenó al ministro de Justicia, Gerald Campos, como rector del sistema de seguridad ciudadana, que elaborara un proyecto de política nacional de seguridad ciudadana, y que en abril debería entregar el cronograma de esa ruta.
La falta de una estrategia articulada en ese informe se identifica desde el 2014, pero en el informe DFOE-PGA-62-2007, desde ese mismo año de 2007, la Contraloría advirtió que, aunque los cuatro gobiernos anteriores consideraron el tema de la seguridad entre sus prioridades, sus planteamientos se realizaron ante la ausencia de una política pública integral, coherente y evaluable.
Gobierno de Chaves procura maquillar su poco interés en seguridad
El anuncio de que se sumarán a iniciativas para enviar proyectos de reforma legal en abril todavía no representa que la administración asuma responsabilidad por dirigir políticas de seguridad.
Sin embargo, en el caso del gobierno de Chaves la situación es más preocupante por la coyuntura que atraviesa el país de un aumento de la violencia y las acciones del crimen organizado.
El año pasado, Costa Rica registró un aumento de un 11% en los homicidios y alcanzó la tasa más alta de su historia, 12,6 por cada 100 mil habitantes. Ya era un aumento crítico, pero además se está agravando: en los dos primeros meses de 2023 creció un 28% respecto de los dos primeros del 2022. De mantenerse este paso, para final de año se alcanzarán alrededor de 850 homicidios, con una tasa de homicidios de más de 14 (ver gráfico).
También, la incidencia criminal aumenta, luego de que se redujera en forma temporal por las medidas de aislamiento de la pandemia del COVID-19. En solo 15 años, el OIJ pasó de recibir 50 mil denuncias por delitos, a más de 107 mil en el 2022 (ver gráfico). Y esto en un entorno donde las autoridades del OIJ y la Fiscalía se quejan por un aumento en la cantidad de delitos que se deben perseguir, sin que eso se refleje en mayores recursos.
Ocurre lo contrario. En el año 2001, los presupuestos del Poder Judicial y los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia representaban un 12,3% del plan de gastos del Gobierno, según datos de la Contraloría. Para el presupuesto del 2023, alcanzaban solo un 7,6%. Una caída de casi un 40%.
Llamados de alerta
Ante este panorama, no es de extrañar que la seguridad se convierta en una de las principales preocupaciones de los costarricenses. La Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana del PNUD reveló que siete de cada diez personas consultadas consideran inseguro el país, mientras que, en las encuestas de Borge y Asociados, la inseguridad pasó de ser el principal problema del país para un 14,2% de las personas entrevistadas en diciembre del 2022, a 20% en febrero del 2023 y 27% en marzo. Se ha convertido en el tema que más angustia a la población.
La preocupación también es profunda entre quienes manejan estos temas. El criminólogo Gerardo Castaing comentó que la lucha contra el crimen organizado “está perdida” si no se le asignan a los cuerpos de seguridad los recursos necesarios, entre subejecuciones de Hacienda para los dineros que le corresponderían a esta materia y limitaciones de la regla fiscal.
Castaing también enfatizó que en esta materia se debe tener claro que hay dos esferas: una represiva, a cargo de los cuerpos policiales, y otra de prevención, en la que hay un entorno amplio de instituciones y familias que deben involucrarse. “En las dos estamos fracasando, ante una criminalidad que se globaliza”, dijo.
Por su parte, el criminólogo Erick Villalba resaltó que se está ante una coyuntura muy delicada, en la que por muchos años el país no cuenta con una verdadera política de seguridad. Villalba también resaltó que el crimen se enfrenta desde las esferas de prevención y represión, pero que la más importante es la preventiva.
“La preventiva no tiene que ver con la policía, tiene que ver con la formación de los jóvenes, con dar oportunidades de educación, salud y trabajo, pero para ver resultados se necesitan 10, 20 años. Los presidentes quieren resultados en cuatro años, por eso, los pocos recursos se concentran en los apagafuegos”, dijo Villalba, quien enfatizó que la carencia más importante para el país en seguridad es la ausencia de una política de represión de largo plazo.
Por su parte, el exfiscal Francisco Dall´Anesse también coincidió en que no hay una política de seguridad ciudadana, pero también acotó que parte de la crisis se origina en una falta de reacción del Gobierno.
“Ante los homicidios en alzada, se alega que es un problema de criminalidad organizada, pero tampoco vemos una estrategia contra esto. Se necesita que el Gobierno reaccione, en lugar de tratar de endilgarle la responsabilidad a jueces o a diputados”, dijo. También enfatizó, como Castaing, que el país está perdido, si se pierde la capacidad de reaccionar.
Buscando respuestas
Las alertas están generando diversas respuestas: varios exjerarcas de seguridad se han reunido con diputados de la Comisión de Seguridad para plantear una reestructuración de los cuerpos policiales, iniciativa que adoptó el diputado Gilbert Jiménez, mediante la creación del Sistema Nacional de Seguridad, el pasado 9 de marzo. Además, propone excluir los cuerpos de seguridad de limitaciones fiscales, como primer proyecto de otros que incluirán reformas al Código Penal.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, anunció el 13 de marzo una iniciativa para buscar con jerarcas de seguridad las reformas legales que se deberían priorizar en el Congreso.
Al parecer, estas situaciones motivaron al presidente Chaves para unirse de forma más enérgica a esta cruzada por las reformas, el mismo 13 de marzo. Empero, todavía no se tiene un anuncio específico de un plan de seguridad integral, que integre los elementos de prevención y represión de forma armoniosa, con elementos que permitan su evaluación, y que genere una esperanza de que el país no tendrá que estar con las manos arriba ante el crimen organizado y la violencia.
Ajustes de cuentas y víctimas colaterales aumentan
Según las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los homicidios relacionados con ajustes de cuentas son los que están inclinando la balanza en esta materia.
Las estadísticas revelan que este tipo de asesinatos pasaron de representar cerca de un 50% de los homicidios totales del país en 2017, a un 64% en el 2022. Y desde el 2019 crecieron un 60%, frente al incremento de un 16% en los crímenes totales.
Sin embargo, hay varios elementos que no se deben perder de vista. Las víctimas colaterales, es decir, las personas que perecieron en estos eventos de venganza también están aumentando: pasaron de 8 en el 2017 a 18 en el 2022.
Además, hay otro elemento de cuidado: el criminólogo Gerardo Castaing advierte que si existe el sicariato, es porque hay una organización criminal detrás. Y el criminólogo Erick Villalba comentó que el desarrollo del crimen organizado implica una red con otros delitos, desde narcotráfico a secuestros, extorsión y lavado de dinero.
En otras palabras, no se trata de que hay una guerra entre bandas criminales que solo toca marginalmente al resto de la sociedad, como para restarle importancia: se trata de la evidencia de que el crimen organizado se está afianzando.
