Ana Quirós, activista feminista nacida en Costa Rica con ciudadanía nicaragüense desde hace 21 años y directora de la organización no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), denunció este martes en San José su expulsión y desnacionalización de Nicaragua, a manos del gobierno de Daniel Ortega.
Según Quirós, el sábado le llegó a su hogar en Managua un citatorio para el día lunes en la mañana en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). En dicha notificación no se le informaba la razón de la cita. “No decía nada más que me tenía que presentar en Migración y que de no hacerlo caería sobre mí todo el peso de la ley”, relató.
El lunes la activista se presentó en dichas oficinas junto a su abogada, sin embargo se le negó la asesoría legal. Dentro de estas oficinas públicas fue aislada por dos horas, se le leyó una resolución anulando su nacionalidad nicaragüense, según Quirós, por “incumplir las leyes de binacionalidad migratoria”.
Sin embargo, la Constitución de Nicaragua, artículo 17, afirma que “los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante la autoridad competente cuando residan en Nicaragua”. La autoridades expresaron que su caso “era distinto”.
Posteriormente fue trasladada a las celdas de auxilio judicial “El Chipote”, una cárcel irregular conocida por ser un centro de torturas extremas. Ahí fue esposada y encarcelada. “Alrededor de 15 policías llegaban a preguntarme mi nacionalidad, mi edad. Varios registraron y fotografiaron mis pertenencias; mi dinero… hasta mi lápiz de labio que andaba”, cuenta.
Quirós aclaró que no fue interrogada y que tampoco recibió maltrato físico, no obstante, denuncia que fue abusada verbalmente y se le dijo múltiples amenazas por parte de las autoridades nicaragüenses.
Horas después de su encarcelamiento se le notificó la expulsión del país y la prohibición de volver a Nicaragua por al menos cinco años. “Sé que (el gobierno de Daniel Ortega) no va a durar cinco años”, afirmó.
El mismo lunes el Gobierno de Nicaragua le notificó a Costa Rica la expulsión de Quirós por vía terrestre a terreno tico. Epsy Campbell, Canciller de la República de Costa Rica, notificó en la tarde vía Twitter la situación de Quirós. Esta fue la primera que vez que sus familiares tenían noticias sobre ella, desde su ingreso a Migración.
Costa Rica ha sido informada sobre la detención y próxima expulsión de la ciudadana costarricense-nicaragüense, Ana Quirós. El Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua , Óscar Camacho, se mantiene en comunicación con las autoridades nicaragüenses. pic.twitter.com/cEDJkycetQ
— Epsy Campbell (@epsycampbell) 26 de noviembre de 2018
UNIVERSIDAD intentó comunicarse con la embajada de Nicaragua en Costa Rica sobre el caso, sin embargo hasta la fecha no han respondido. Así mismo, la Dirección General de Nicaragua no se ha referido al asunto en su sitio web.
Ana Quirós denunció que durante el viaje de la capital de Nicaragua hacia Peñas Blancas fue custodiada por lo que parecían “Policías militarizados con AK47”. Estos, durante todo el viaje, insultaban a la activista y la llamaban constantemente “golpista”.
“La nacionalidad no está en un papel”
Quirós afirmó en la conferencia que, pese a la anulación de su nacionalidad, se siente “más nicaragüense que nunca”. “La nacionalidad no la quita un funcionario de octava, la nacionalidad la decidimos nosotros”, enfatizó.
Desde que tenía 15 años, Ana Quirós se “comprometió profundamente” con Nicaragua y actualmente tenía alrededor de 40 años de residir allá y otros 21 años de ser ciudadana. Ella ha estado en las primeras filas de la oposición a Ortega desde el inicio de las protestas en su contra. La activista fue la primera persona en ser agredida brutalmente dentro de la primera manifestación en contra de las reformas del seguro social el 18 de abril.
Es especialista en temas de salud pública y también forma parte del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua. Expresó que debido a amenazas previamente recibidas, sus hijos ya vivían en Costa Rica antes de su expulsión. Su pareja sigue en el país vecino. La activista enfatizó que desde el exilio seguirá luchando para “lograr la renuncia de Daniel Ortega”.
