La seguridad no parecía estar entre las prioridades del gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que luego de este 13 de marzo parece dispuesto a maquillar un poco su falta de acciones concretas en la materia.
Tras anuncios de que exjerarcas pretendían impulsar reformas legales y las propuestas desde la Asamblea Legislativa el pasado 9 y 13 de marzo, Chaves reaccionó con un mensaje, en el que aplaudió estos esfuerzos, e incluso sugirió que ya había realizado movimientos anteriores, al mencionar una reunión con autoridades de seguridad en su gira a Limón, el 22 de agosto del año pasado, y una invitación a los presidentes de los otros poderes, Orlando Aguirre del Poder Judicial y Rodrigo Arias del Poder Legislativo, a un café de trabajo para este 16 de marzo.
Gobierno deja al país con las manos arriba sin política de seguridad ciudadana
Ante la ausencia de enfoque integrado para enfrentar aumento de inseguridad, Contraloría exigió definir una ruta, exjerarcas han solicitado reformas y diputados piden coordinación de organizaciones.
Además, indicó que solicitará presentar a mediados de abril un paquete de reformas de ley urgentes, enfatizando en que “nadie se lleve el crédito” de un esfuerzo nacional.
Parece un esfuerzo por ponerse al día. “En la administración de Rodrigo Chaves, las prioridades han sido otros temas: economía, impuestos, relaciones bilaterales e infraestructura, dejando de lado la seguridad”, comentó el criminólogo Erick Villalba.
Esta visión es compartida por el exfiscal Francisco Dall´Anese, quien opinó que en esta materia no han existido políticas. “El problema es que no vemos alguna reacción”, opinó.
En materia de seguridad, el ministro José Torres no ha presentado una estrategia ante la Asamblea Legislativa, y más bien representantes sindicales de cuerpos policiales denunciaron ante el Congreso que “el cuerpo policial es frágil, endeble y plagado de carencias”, en palabras de Esteban Fallas, secretario general de la Unión Nacional de Policías, solicitaron que esta materia se declarara emergencia nacional.
UNIVERSIDAD procuró obtener la versión de Torres sobre la carencia de una política nacional de seguridad pública, pero desde el Ministerio solicitaron que se enviaran las consultas y al cierre de edición no las habían remitido.
Tras la pista de la responsabilidad
A diez meses de la administración Chaves, el mandatario admite que no se tiene una política de seguridad pública. Tampoco evidenció interés en presentar acciones en esta materia, a pesar del aumento de la criminalidad.
De hecho, cuando se le preguntaron por posibles acciones para enfrentar el alza en los homicidios, en enero y en febrero, insistió en dos ideas: se trataba de un aumento de las disputas de las bandas organizadas y cuestionó al Poder Judicial, alegando que hay “demasiada alcahuetería”.
De esta manera, ignora un elemento que la Contraloría señala en varios reportes, y consignó en el DFOE-GOB-IF-00017-2022: la atención de la seguridad del Estado requiere de una interacción constante de las instituciones que conforman este sector, bajo la tutela del presidente de la República y el ministro del ramo.
“Plantear que todo es un problema de que los jueces condenen o no es un error. Se trata de que el Ministerio de Seguridad, el Gobierno, deben hacer su trabajo, coordinar esfuerzos”, afirmó Dall´Anese.
En ese sentido, priorizar la seguridad se trata más que hacer mención a una reunión entre jerarcas que Casa Presidencial anunció en un comunicado —que al parecer se revisó muy poco: salió duplicado— el pasado 22 de agosto. Adicionalmente, no aparece evidencia de los resultados del anunciado encuentro del 30 de agosto, ni de acciones acordadas para enfrentar la inseguridad en esa cita.
A esto debe agregarse que el pasado 12 de enero, el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), reclamó al Gobierno por no haber presentado ningún proyecto de ley en la Comisión de Seguridad para atacar los problemas de inseguridad en ocho meses. Precisamente, Jiménez fue el que luego acogió, el pasado 9 de marzo, una propuesta gestada con la participación de exjerarcas de seguridad para crear un Sistema Nacional de Seguridad, que reestructurará los cuerpos policiales y los eximirá de obligaciones fiscales, desde la regla fiscal hasta el no giro de los tributos definidos para esta materia.
Luego vendría el anuncio del presidente legislativo Rodrigo Arias, el 13 de marzo, de realizar una reunión de jerarcas de seguridad para buscar un consenso alrededor de al menos cinco proyectos de ley que sean urgentes para enfrentar el clima de inseguridad.
Y ese mismo 13 de marzo, en horas de la noche, se produjo la comunicación del presidente Chaves, que aplaudió estos esfuerzos y agregó que para abril se presentarían proyectos de ley urgentes para el país. Una fecha muy similar al plazo fijado por la Contraloría para que el Gobierno presente, a más tardar el 28 de abril, una certificación del cronograma para empezar a definir, ahora sí, una política nacional de seguridad ciudadana.
Indicios de problemas en la seguridad
El informe DFOE-GOB-IF-00017-2022 evidenció situaciones serias que deben corregirse para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana y que evidencian problemas de coordinación y planificación:
- Las acciones no han sido eficaces para el funcionamiento de rectoría en materia de seguridad.
- El 100% de las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad desconocen cuál es su rol y su responsabilidad dentro del sistema.
- Se carece de mecanismos formales para llevar a cabo rendición de cuentas, seguimiento y monitoreo.
- El Sistema de Seguridad Ciudadana no funciona como estrategia sostenible en el tiempo, con visión de corto, mediano y largo plazo.
- No hay directrices ni acciones que establezcan la importancia de contar con instrumentos técnicos.
- No hay visión integral para la distribución de los recursos, que se vienen reduciendo.
- Los esfuerzos de las instituciones se centran en la atención de situaciones inmediatas. Existe el riesgo de que las acciones originadas de forma aislada generen retroceso o duplicidad de acciones.
