Tras la aprobación de una interpretación a un tributo que data de 1995, los terrenos y edificios de las 486 empresas del régimen de Zonas Francas, sobreprotegidas por otras exenciones, ahora no pagarán el impuesto de bienes inmuebles a las municipalidades.
Con el cambio que aprobaron los diputados, 25 años después, la Municipalidad de Heredia estima la pérdida tributaria de ¢1.000 millones anuales; los cuales se invierten en obra y servicios públicos del cantón.
De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), de las siete provincias del país Heredia es la que más tiene empresas con incentivos de zonas francas (180 de ellas; es decir, 37% de ellas). La provincia con el régimen más pequeño es Puntarenas (13 empresas).
“Están exonerando a los contribuyentes más grandes y que en su mayoría son empresas que sus recursos se van para afuera”, afirmó el director de servicios y gestión tributaria de Heredia, Francisco Sánchez.
El número de 486 empresas es un hito para las Zonas Francas. La administración de Carlos Alvarado tuvo un incremento del 21,5% con respecto a las empresas del 2017. Esto significa que el 17,4% de las empresas que gozan de los incentivos de la Ley de Régimen de Zonas Francas entraron a ese régimen por medidas más laxas para su selección, logradas en menos de tres años.
Hasta el mes de abril, Procomer enumera 85 nuevos ingresos desde el 2018. La mayoría de empresas dan servicios (59%) y administran los parques empresariales del régimen (21%). 85 empresas están operando fuera de esos parques y, durante estos tres años, 10 empresas instalaron plantas satélites y secundarias, que también reciben los incentivos fiscales de ley.
“El aporte debe ser algo más que empleo porque utilizan carreteras, infraestructura vial y servicios públicos que necesitan de los impuestos para poder desarrollarse”, dijo Sánchez a este semanario.
Desde 1995, Heredia le cobra a las empresas de sus zonas francas el impuesto sobre los bienes inmuebles que grava “terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan”.
No obstante, este martes, los diputados realizaron la votación en segundo debate de una “interpretación auténtica” a un inciso de las exenciones especificadas por la Ley de Zonas Francas.
El inciso se refiere a un impuesto de Hacienda que ya no existe (“impuesto territorial”, creado en 1939 con Hacienda como administrador) porque se derogó, en 1995, con la modernización del impuesto sobre bienes inmuebles para que lo percibieran los gobiernos locales.
25 años después, la interpretación que dan los diputados al artículo es que el impuesto de bienes inmuebles es igual al territorial que cobraba Hacienda.
Para tramitar el cambio, la Comisión de Cartago –grupo legislativo que evaluó el proyecto de ley antes de su votación en plenario– obtuvo respuesta de 72 municipalidades.
“La mayoría de las municipalidades estaban sin ningún perjuicio, ni a favor ni en contra, porque hay municipalidades que no tienen zonas francas”, afirmó a UNIVERSIDAD el presidente de dicha Comisión, el liberacionista Luis Fernando Chacón.
“La Municipalidad de Heredia tenía algunas reservas porque, en la consulta que se les hace, ellos establecen que tienen algún problemita sobre la aplicación de bienes inmuebles. Parece que tienen un problemita entre manos. Ellos están cobrando un impuesto que no deberían estar cobrando”, dijo Chacón.
Los “problemitas” que tiene Heredia se han resuelto en juzgados contra empresas como la multinacional Hospira y la estadounidense Hewlett Packard. Sánchez dice que han respaldado el cobro con criterios de Procuraduría y fallos de tribunales en Cartago que interpretan que, dado que la Ley de Zonas Francas no se modificó para excluir al impuesto de bienes inmuebles, está bien que lo sigan cobrando.
Con la aprobación de la interpretación auténtica de los diputados, las empresas tienen la oportunidad de apelar los impuestos que han pagado hasta ahora y que, a costo de las municipalidades, se les devuelva el dinero.
En la votación del 26 de mayo, Villalta fue el único diputado que votó contra esta interpretación. En un primer debate, el 21 de mayo, el legislador pidió medir el impacto de la interpretación en municipalidades. El plenario rechazó estas dos mociones.
“La interpretación auténtica, por definición, es retroactiva”, afirmó el frenteamplista José María Villalta a UNIVERSIDAD.
“Lo que se hace es interpretar cuál fue la voluntad original de los legisladores cuando aprobaron una ley, originalmente. Varios criterios dicen que este proyecto no es una interpretación auténtica porque la discusión surgió posteriormente a la Ley de Zonas Francas y cuando fue aprobada no existía la Ley de Bienes Inmuebles”, explicó Villalta.
Los diputados que avalan la Ley aseguran que están dándole “seguridad jurídica” a las empresas de zonas francas de que cuentan con todos los incentivos que establece la Ley y que las acogen de forma cómoda, para operar sin frenos tributarios.
“No estamos creando un impuesto nuevo ni estamos exonerando a nadie de impuestos. Si hay un operador en este momento, llámese Municipalidad de Heredia, que pueda tener un caso como estos, el operador es el que tiene que responder”, afirmó el diputado Chacón.
Sin embargo, el punto álgido de la discusión –por el que el trámite fue tan expedito en el congreso– es que cuestionar los beneficios de zonas francas es tabú y divisorio.
Es abrir el debate de cuánto están devolviendo las empresas que más reciben en este país.
BAC tributa con régimen dual, porque puede hacerlo
Procomer dice que por cada $1 que las empresas no pagan en Costa Rica, la devolución es de $6,2. Al 2018, las ventas del régimen fueron de $10.147 millones. El trabajo que dan alcanzó las 115.161 personas (un 5% del empleo del país).
La lista de incentivos es amplia: están exentas de aranceles para los insumos de su operación (incluido el combustible), tributos de capital, utilidades, patentes de municipalidades y otros. En el trámite de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se les permitió competir con ventas en mercado local.
Procomer detalló que un 3,3% de las ventas totales del 2018 fueron hacia el interior del país. El detalle de esa información por empresa es un dato que Procomer protege porque es “privado” (al cierre, no se informó cuál normativa asegura esa privacidad).
Además, desde el 2009, pueden tener domicilios auxiliares a su planta principal de operaciones (se les conoce como plantas “satélites” y “secundarias”, según si proveen servicios para la empresa principal y dependiendo de su tamaño).
Hay 34 empresas con plantas satélites y 15 secundarias. Las dos empresas con más plantas satélites son BAC (cinco de ellas en Plaza Roble, fuera de parque industrial) y Microsoft (con 4). Ambas fueron ingresadas al régimen en el 2018.
La Ley dice que las “entidades bancarias, financieras y aseguradoras” no pueden gozar de los beneficios del régimen, precisamente para que el Ministerio de Hacienda no pierda recaudación.
No obstante, según respondió la directora Regional de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de BAC Credomatic, Mónica Nagel, la operación de las zonas francas no corresponde al trabajo de BAC San José (el banco nacional), sino a Centro de Servicios
Compartidos para los seis países en las que el BAC tiene 762 oficinas bancarias. Desde Costa Rica, laboran 1.000 personas en tareas de consultoría, gestión y apoyo.
Datos de Hacienda confirman que tanto la sociedad que opera al BAC San José como al centro de servicios pertenecen a Rodolfo Tabash Espinach. Hasta el 2018, BAC San José era uno de los grandes contribuyentes que registraba utilidades cero y no pagaba impuesto de renta.
“Los beneficios fiscales de pertenecer a una zona franca permiten evitar una doble imposición por servicios que se van a dar a otros países donde operamos y donde pagamos impuestos de acuerdo con las legislaciones locales”, explicó Nagel a UNIVERSIDAD sobre la dualidad tributaria de la empresa.
Para el exvimiceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, esta posibilidad de tributar con un régimen dual socava la base tributaria de Hacienda.
“Tenés una sociedad controladora de una empresa de servicios financieros en el régimen de servicios de zonas francas. Nunca se pensó con esta finalidad, es un despropósito del régimen de incentivos”, aseguró Rodríguez.
