Gobierno corrió a juramentar al representante faltante para completar el quórum en la sesión de este lunes en la noche, en la que la nueva presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, propuso revisar el ajuste salarial ya aprobado para las personas funcionarias de la institución.
El ajuste fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja el 8 de setiembre, cuando Álvaro Ramos era presidente ejecutivo, y consiste en un aumento salarial de ¢7.500 correspondiente al año 2020, que ya había sido aprobado, pero cuya aplicación se suspendió con la llegada del COVID-19.
Ramos fue destituido como Presidente Ejecutivo por el presidente, Rodrigo Chaves, porque “no hubo acuerdo” sobre el ajuste salarial a los trabajadores de la institución. 48 horas después de la destitución de Ramos, renunció el representante por parte del Estado, Guillermo Hernández Ramírez, rompiendo el quórum estructural.
“Acepté la invitación de don Álvaro Ramos Chaves a ser parte de su proyecto de Seguridad Social, orientado a impactar los elementos sustanciales de la Caja. Hoy el corte de manera súbita de su nombramiento como Presidente Ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial”, justificó.
En lugar de Ramos el presidente nombró a Esquivel, hasta entonces ministra de Trabajo, quien “se comprometió a realizar un análisis jurídico y financiero sobre el impacto de la decisión tomada la semana pasada por la junta directiva de la CCSS”, según comunicó el propio Gobierno. Esquivel luego informará al mandatario sobre dicho análisis “y a partir de ahí, se tomarán las acciones que correspondan”.
Y el día de hoy juramentó a Juan Ignacio Monge Vargas en el cargo de representante del Estado de la CCSS, para llenar el puesto que dejó Hernández y completar el quórum en la sesión de esta noche que discutirá el ajuste salarial.
Los tres directivos de la CCSS que representan a las personas trabajadoras afirman que el acuerdo salarial está en firme, cumple con la ley y es acorde a los estudios financieros de la institución. Además, aseguran que al ser anunciado se crearon derechos subjetivos sobre este.
Tras la destitución de Ramos, Jose Luis Loría, representante del cooperativismo ante la Junta Directiva, dijo que en los 12 años que ha formado parte de la Junta Directiva que “hasta hoy no he visto tanta injerencia del Poder Ejecutivo” en la institución.
