El Gobierno sacó a consulta pública la propuesta de decretos de eliminación de tarifas mínimas obligatorias que deben cobrar los profesionales afiliados a los colegios profesionales con el propósito de que bajen los precios a los usuarios.
La propuesta la había presentado Chaves como candidato presidencial en febrero pasado y había generado objeciones de los colegios profesionales, que advierten un posible deterioro de los servicios que prestan sus afiliados.
Ahora, a las puertas de cumplir 100 días en el poder, Chaves anuncia que avanza en esa dirección con la intención de sumar esfuerzos en la contención de incrementos del costo de la vida.
La recomendación viene de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), que mediante un estudio concluyó que las tarifas mínimas obligatorias limitan la autonomía de los profesionales, favorecen alianzas indebidas y restringen el acceso de los consumidores a los servicios, además de encarecerlos.
Para ello el Gobierno saca a consulta los decretos y en unas semanas podría firmarlos, con efectos para 11 colegios profesionales, de los que están excluidos el de médicos, psicólogos y odontólogos, por requerir una ley, no solo un decreto.
““Esto tiene implicaciones para la gente. Terminamos con la prohibición para que los profesionales puedan cobrar menos por muchos servicios, como por ejemplo el traspaso y venta de sus bienes, la constitución de empresas, las cancelaciones de hipotecas, las certificaciones de ingresos, la elaboración de planos de construcción, las inspecciones de obras, las consultas de nutrición o en fisioterapia” dijo el ministro de Economía, Francisco Gamboa, en la usual conferencia de prensa en Presidencia, después de la sesión semanal del Consejo de Gobierno.
De aprobarse la medida, quedaría sin efectos la obligatoriedad de cobros superiores a ciertos montos en los colegios de los siguientes profesionales: abogados, terapeutas, ingenieros químicos y profesionales afines, geólogos, contadores públicos, ingenieros y arquitectos físicos, microbiólogos y químicos clínicos, biólogos, físicos, químicos y nutricionistas.
Cuando se conoció esa propuesta en el plan de gobierno, voceros de distintos colegios profesionales previeron un deterioro de los servicios y mostraron una resolución de la Sala Constitucional (4637-999) según la cual es improcedente equiparar los servicios profesionales “a una simple mercadería o servicio comercial”, por la posible violación de garantías de trabajo digno.
