En medio de la mayor crisis de seguridad en la historia reciente del país, se requirieron tres llamados de atención de la Contraloría para que finalmente el Gobierno certificara una Política Nacional de Seguridad Pública, cuando ya han pasado dos terceras partes de la presente administración.
La obligación de certificar una Política Nacional de Seguridad Pública la estableció la Contraloría en diciembre del 2022, en el informe DFOE-IF-0017-2022, en el que se identificaron serios problemas en esta materia en varias administraciones. «Se carece de una línea de acción de corto, mediano y largo plazo sobre Seguridad Ciudadana que responda a una visión país sostenible en el tiempo y no circunscrita únicamente a períodos de cuatro años; ya que no se cuenta con una política pública que brinde orientaciones de mediano y largo plazo ni se aplican mecanismos formales y permanentes para la revisión de objetivos, prioridades y seguimiento de resultados de los actores del Sector”, concluyó el reporte, que dejó al Gobierno con entera libertad para definir esta política y sus componentes, pero con la obligación legal de certificarla a más tardar el 30 de agosto del 2024, es decir, más de año y medio para elaborarla.
Eso fue antes de que en el 2023 se diera un crecimiento explosivo en los homicidios en el país, que pasaron de 656 a 906 con respecto al año pasado, un crecimiento de casi un 40%. Para el 2024, la cantidad se mantiene en niveles similares, con apenas una reducción de un 3% a la fecha.
Sin embargo, esta crisis no motivó a las autoridades para cumplir con el plazo otorgado por la Contraloría para certificar la política, pues el 30 de abril el oficio DFOE-SEM-0419 indicó que el Gobierno no cumplió con la presentación completa de la política, por lo que le otorgó un segundo plazo, para el 11 de octubre.
Este segundo plazo tampoco se cumplió: el 26 de setiembre el Ministerio de Justicia, rector de del tema de seguridad y justicia, solicitó una nueva ampliación «para finalizar etapas pendientes», por lo que se estableció una nueva extensión para el 11 de noviembre, con la advertencia de que el incumplimiento de esta disposición implicaría una falta grave.
Esta vez la tercera fue la vencida: la Contraloría reportó que desde el pasado 4 de noviembre, el ministro de Justicia, Gerald Campos, certificó que se habían cumplido las disposiciones del informe del 2022, elaborar una política nacional de seguridad ciudadana con enfoque prospectivo, para orientar la planificación estratégica de mediano y largo plazo de las instituciones que forman el sistema de esta área, y certificar que se remitió al Presidente, tres meses después del plazo original, y a los 30 meses de la administración del presidente Chaves Robles; es decir, cuando transcurrieron dos terceras partes de su gestión.
En la misiva a la contralora en que remite la certificación, Campos acotó: «Al respecto, le indico que con este cumplimiento este Ministerio no se va a referir más a esta temática, quedando del lado del Poder Ejecutivo velar por el cumplimiento en todos sus extremos de la política y su plan de acción».
En medio de este proceso, debe anotarse que los ministros de seguridad Jorge Torres y Mario Zamora, respectivamente, lanzaron públicamente las políticas Costa Rica Segura (abril del 2023) y Costa Rica Segura Plus (noviembre del 2023), pero no fueron certificadas ante la Contraloría, conforme las disposiciones emitidas por el ente fiscalizador.
