Durante la mañana de este jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para que las personas con salarios mayores a 500 mil colones paguen un impuesto solidario.
El tributo aplicaría para el sector público y privado y el objetivo sería tener nuevos recursos para atender la emergencia por el covid-19.
“El impuesto es para los que tengan trabajo y lo mantengan, que no hayan sido despedidos ni rebajado las jornadas. No va a ser para la gente de impuestos bajos, va a empezar con una contribución para los que ganen 500 mil o más, del 5%, y de ahí subirá para los que ganen más”, afirmó.
Ante la consulta de los medios de comunicación, la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, cambió el discurso durante la conferencia de prensa de actualización por el covid-19, y afirmó que el impuesto valoraba otras aristas.
“Lo que estamos terminando de afinar es cómo podemos optimizar la contribución de los salarios más altos del sector público y privado y cómo hacer que las rentas de capital vengan a apalancar la necesidad de mayores recursos para hacer la atención de la emergencia. No se ha definido los montos ni umbrales de la misma, pero está pensada como una de las medidas para presentar a la Asamblea Legislativa, durante 8 meses”, explicó Garrido.
Hacia el final de la presentación, el presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo llegar un mensaje sobre este tema a través de sus ministros, donde afirmaba que lo dicho por el ministro de Hacienda no estaba en estudio.
“El Gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a salarios de 500 mil colones. El plan Proteger es para cuidar a las personas que perdieron empleo o bajaron sus ingresos. Convocaremos lo que de manera solidaria, justa y sostenible dé alivio a la población”, escribió Alvarado en su cuenta oficial de Twitter.
Sindicatos rechazan la propuesta
Ante la medida de gravar los salarios, los grupos sindicales del país rechazaron completamente la propuesta y considera que sería una “salida fácil” de parte del Gobierno el querer implementar un nuevo tributo para las personas que se mantienen trabajando.
“Debemos ser solidarios, pero no podemos permitir que se pretenda que solo la clase trabajadora costarricense sea la que tiene que asumir esta situación. Es bueno rememorarle a los diputados el impacto que tuvo el combo fiscal en los salarios y creen que los salarios son millonarios”, afirmo el coordinador del Bloque Sindical Unitario y Social Costarricense (BUSSCO), Luis Chavarría.
Chavarría afirmó que el Gobierno ha dejado de atacar asuntos urgentes, de donde se podrían obtener recursos nuevos, y que no se están valorando.
“Esto es muy repudiable porque no se ha visto que se ataque el fraude fiscal, la evasión fiscal, los favorecimientos a la zona franca, los salarios de los altos mandos ni las pensiones de lujo. Aquí lo que se demuestra es que la carga se le está echando al pueblo costarricense y se sigue beneficiando al sector empresarial”, expresó.
Por su parte, la secretaria de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, Marta Rodríguez, considera que el Gobierno prefiere defender los intereses de grandes empresas antes que los del pueblo.
“Ahora vienen a pedir sacrificios a los trabajadores cuando han sido los más sacrificados. No hay ninguna sensibilidad social de Gobierno, solo responden a los intereses del gran empresariado y el resto de los ciudadanía queda relegado. Esto es cruel e inhumano”, afirmó.
El secretario de la de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, afirmó que las medidas atacan a la clase baja y media, mientras la alta se enriquece más.
“Este Gobierno está haciendo uso de la pandemia con propósitos de incrementar las ganancias de los grandes grupos económicos que ya de por sí entraron llenos de dinero. Nosotros estamos promoviendo que se haga una reingeniería para hacer uso de otros recursos y no cargarlo en el pueblo”, concluyó Vargas.
