El abogado Walter Brenes, experto en derecho público y autor del recurso de amparo que obligó al Estado a tomar medidas para la seguridad de quienes transitan por el puente del río Tárcoles, denunció que el país afronta la enfermedad por COVID-19 sin un plan general de la emergencia, lo cual asegura es ilegal.
Según Brenes, este plan tuvo que haberse presentado un máximo de dos meses después del decreto de emergencia nacional que firmó el presidente Carlos Alvarado el 16 de marzo pasado.
“Si usted ve el artículo 38 de la Ley General de Emergencias se puede apreciar que tenían un máximo de dos meses para generar ese plan y ya cuatro meses después aún no existe. Esto es como empezar a construir sin un cronograma de obra, un día va haciendo una cosa, un día otra, pero no sabe para donde va, eso es lo que está sucediendo”, argumentó Brenes.
El abogado afirmó que actuar de esta forma puede acarrear sanciones para los miembros del gabinete que han llevado a cabo muchas de las acciones tomadas hasta el momento por el Ejecutivo.
“Todas las actuaciones que se han venido realizando sin ese plan general de emergencias son sujetas a responsabilidades administrativas, civiles y hasta incluso penales de de los funcionarios públicos que las han ejecutado”, dijo.
Brenes agregó que presentará una demanda ante el tribunal contencioso administrativo buscando la anulación del decreto del estado de emergencia, porque a su criterio esta medida carece de sentido jurídico.
“Desde la perspectiva técnica la ley de emergencia única y exclusivamente aplica en caso de conmoción pública o de guerra. En este momento el sistema sanitario no está colapsado, los contagios son una cosa y otra es el reflejo de lo que tenemos en nuestros hospitales, por tanto no podrían justificar una calamidad pública que lleve a estar en un estado de excepción”, afirmó.
CNE guarda silencio
Brenes pidió a la Comisión Nacional de Emergencias acceso al plan; sin embargo, mediante un correo electrónico se le comunicó que se encontraba en borrador, por lo que aún no había sido aprobado por la junta directiva.
UNIVERSIDAD intentó conocer la posición de la CNE ante esta denuncia desde el viernes anterior; empero, la oficina de comunicación de la entidad no respondió a las solicitudes.
Por su parte, mediante una respuesta a la solicitud de Brenes sobre el tema, el Ministerio de Salud indicó que se basan en el artículo 40 de la Ley General de Emergencias para tomar las medidas hasta ahora aplicadas.
“Aún sin haberse aprobado este Plan podrán tomarse decisiones de extrema urgencia cuando se trate de salvaguardar la vida de las personas o de los bienes que se encuentran en situaciones de peligro excepcional. En tales casos, de inmediato deberá rendirse un informe detallado ante la Junta Directiva de la Comisión, sobre las acciones emprendidas excepcionalmente para tales propósitos y los recursos humanos y materiales requeridos para esos fines”, reza el artículo citado por Salud.
