El Poder Judicial contará, a partir del año siguiente, con ₡2.900 millones dirigidos a la lucha contra el crimen organizado, anunció esta mañana el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en un acto organizado en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, donde se presentaron varias iniciativas de ley orientadas en esta misma batalla.
“El país hizo un esfuerzo para asignar ₡2.900 millones al Poder Judicial; para darle las herramientas oportunas y que pueda todavía hacer más en la lucha contra el crimen organizado. Esto corresponderá a más de 400 plazas de distintos perfiles para dar vida a esta jurisdicción especializada que lo que esperamos es, nos ayude a golpear al crimen organizado”, dijo Alvarado.
Además, se incorporarán recursos para que el Poder Judicial pueda adquirir un incinerador de drogas, ya que el país actualmente no cuenta con uno: “Cada vez que tenemos grandes incautaciones que han sido récord de manera consecutiva, necesitamos recurrir a países amigos para poder quemar las toneladas de droga que se incautan”, dijo el mandatario.
Proyectos de ley para combatir crimen organizado
En la actividad, se realizó la presentación de seis iniciativas, elaboradas en conjunto por los Poderes de la República, para combatir la corrupción, la legitimación de capitales y el crimen organizado.
Al respecto, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, explicó que, entre todos los desafíos que enfrenta el país, para nadie es ajeno el “temor colectivo” que tiene la sociedad respecto al crimen organizado.
“Hemos encontrado la necesidad de revisar nuestros marcos legales y tratar de buscar las mejores formas de corregir cualquier vacío que tenga nuestra legislación para poder subsanarlo”, dijo la ministra.
Entre los proyectos, prosiguió Dinarte, se está presentando una iniciativa para reforzar la política “Conozca a su cliente”, de modo que se mejoren las capacidades de perfilamiento de los clientes, especialmente en la batalla contra el lavado de capitales.
Asimismo, “se están planteando mejoras para la supervisión y la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales, incorporando desde ya su obligatoriedad de registro en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La jerarca explicó que otra iniciativa es el reforzamiento de “las diligencias que corresponden a las personas expuestas políticamente”, en aras de conocer el origen de sus recursos y las relaciones comerciales que puedan ser sospechosas.
Igualmente, otras reformas planteadas tienen que ver con la recuperación de activos por la vía contenciosa administrativa, así como el fortalecimiento de herramientas para asegurar el material probatorio de los procesos de investigación.
“Estamos hoy presentando ante la Asamblea Legislativa seis proyectos de ley que son vitales, que pueden ser no solo estudiados y analizados con toda diligencia, sino que rápidamente podamos darle al Estado las capacidades para poder actuar y dar una lucha frontal al crimen organizado”, dijo la jerarca.
En el evento también participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien aseveró que la democracia e institucionalidad costarricense se fortalecen con buenas prácticas, tendientes a regular la prevención, identificación y la debida gestión de cualquier acto de corrupción.
“El reto es muy grande porque el diseño de todas estas herramientas jurídicas requiere un equilibrio entre las garantías individuales, la celeridad y la eficacia en la persecución de la corrupción, son muchos factores”, añadió Cruz.
En la actividad también participó la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora; la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar; entre otras figuras políticas de alto nivel.
