Tristeza en los ojos e indignación al hablar se manifiestan en Greivin Rodríguez al mostrar los daños que una ofensiva de coligalleros provocó en las instalaciones de la finca propiedad de la empresa Ganadera Vivoyet S.A.
Rodríguez funge como administrador de esas tierras y narró cómo algunos de los inmuebles fueron quemados el 20 y 21 de abril, cuando “hubo periodos de varias horas en los que no hubo cobertura policial”. Además de la muerte de un coligallero al enfrentarse con la policía, esa violenta jornada dejó al menos tres edificios quemados, incluido uno que servía de alojamiento al personal de la Policía de Fronteras.
“La realidad es que más de 700 hectáreas han sido víctimas de la minería artesanal ilegal”, expresó el administrador, a pesar de que el viejo proyecto original de Industrias Infinito se limitó a una extensión mucho menor. Añadió que las tres familias que laboran en el sitio no pueden permanecer ahí porque no lo consideran seguro.
Esos hechos violentos fueron la gota que derramó el vaso de la opinión pública, ya que el problema de la afluencia masiva de coligalleros y actividades ilegales generadas alrededor de la extracción artesanal e ilícita de oro se dio con mucha intensidad durante el segundo semestre del año pasado.
Además de la tensa situación de inseguridad, la actividad generó mucha preocupación desde la perspectiva ambiental, pues la minería artesanal recurre a una sustancia altamente contaminante: el mercurio. Con él liberan el oro de la roca o sedimentos que lo contienen.
Así, apenas al segundo día de iniciar labores, la administración Alvarado envió al ministro de Seguridad, Michael Soto, y al de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, para que, junto a autoridades locales, personal del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y representantes de organizaciones ambientalistas, hicieran un reconocimiento de la zona y atendieran propuestas de solución al complejo problema.
Durante esa gira, ambos jerarcas coincidieron en insistir ante la prensa que la solución al problema tiene que ser “integral”.
La comunidad de Coopevega ha experimentado lo bueno, lo malo y lo feo de la explotación del oro.
BENDICIÓN Y MALDICIÓN
La comunidad de Coopevega queda unos 25 kilómetros antes de Crucitas y a unos seis kilómetros de la frontera con Nicaragua. No es el último poblado que se encuentra de camino al sitio donde Industrias Infinito pretendió instalar su minería de oro a cielo abierto con cianuro, pero se trata de la comunidad con mejor disposición de acceso a abarrotes y servicios de salud.
Por ello, ha estado en el epicentro de la polémica por la minería, desde que el expresidente Óscar Arias, hace poco más de diez años, decidiera poner fin a la moratoria a esa actividad que el Estado costarricense había sostenido por varios años y declarar el proyecto de la empresa canadiense como de interés público y conveniencia nacional.
La historia de la iniciativa minera en Crucitas es muy bien resumida por Arturo Barrantes, vecino de Coopevega, quien vive en la zona desde hace casi 50 años. Recordó que primero fue la también canadiense Placer Dome que mostró interés, pero “el Estado se atravesó mucho y le vendieron a Industrias Infinito, otra compañía canadiense”.
Barrantes, quien laboró unos cuatro años para esa empresa, relató que “la mayoría de la gente recibió la noticia con optimismo, muy contentos porque esa gente se comunicaba mucho con la comunidad y le explicaba cómo iba a ser el proyecto, cómo se iba a desarrollar, mucha mano de obra, iban a arreglar caminos. Inclusive la compañía se echó al hombro el camino desde Moravia hasta Crucitas, lo amplió, lo alcantarilló, hizo puentes. Muy bonito todo”.
Sin embargo, añadió que todo se vino abajo cuando se dio la fuerte presión popular, luego de que la empresa llevara a cabo una gran deforestación en el sitio. Por ejemplo, derribó gran cantidad de árboles de almendro, el cual no solo está amenazado, sino que es vital para la supervivencia de otra especie amenazada: la lapa verde.
Indicó que la salida del país de Industrias Infinito afectó a esta comunidad, pues, según dijo, más del 90% de la mano de obra era de la zona.
Barrantes apuntó que la fiebre del oro y la acción ilegal de coligalleros el año pasado “afectó en beneficio” a la comunidad, ya que “el comercio se benefició mucho, el almacén, la bomba, las tiendas, los súper; más gente que se beneficiaba porque compraba oro. Se manejaba la plata a montones, todo el mundo tenía dinero”.
Si bien la acción policial redujo el problema, lanzó críticas a la policía, pues, según dijo, sabe que le quitaban el oro a los coligalleros, para luego permitirles ir a sacar más.
Julio Blanco, también vecino de esa comunidad, coincidió al relatar cómo empezó a llegar más dinero a Coopevega el año pasado, de mano de la minería ilegal.
El empresario pudo constatar esto desde su supermercado. “Cuando comenzó la fiebre del oro, fue primero un tiempo queditico, escondiditos; cuando ya se soltó, esto era una loquera, me preocupé más. Cuando yo abría a las 5 a.m., esto estaba lleno, era una afluencia no se de tanta gente que entran como locos, carros y carros, autobuses, era demasiada gente”, explicó.
Blanco narró como su pueblo descendió hacia “demasiada criminalidad, drogadictos. Yo ya no podía dormir; si entraba alguien, tenía que andar detrás vigilándolos, era pelear con ellos porque estaban robando”.
El empresario sentenció que “uno pierde la paz y la tranquilidad” y que “el oro es una maldición; el que toca el oro quiere más y más y se olvida de todo. Gracias a Dios eso se controló un poco”. Sin embargo, reconoció que a esa comunidad llega mucho dinero producto de la venta de ese metal.
“BAJO CONTROL”
Una media hora duró el breve recorrido que jerarcas, funcionarios y activistas del ambiente hicieron en el sitio el pasado 10 de mayo. Sin embargo, sirvió para apreciar el tipo de intervención que los coligalleros hacen para tratar de extraer el oro.
La actividad consiste en cavar pozos de al menos un metro de profundidad, donde se utiliza agua y mercurio para encontrar el metal.
Interpelado por el Ministro de Ambiente y Energía, el geólogo Allan Astorga explicó que en el sitio el oro se presenta diseminado, porque las rocas que forman el cerro son de origen volcánico. Recordó que el estudio de la empresa determinó que, por cada tonelada de roca, se puede extraer un gramo de oro y que, en los 15 metros superficiales, las partículas de oro están un poco más concentradas.
Así la empresa determinó que el área explotable constaba de 123 hectáreas y, en el 2005, recibió viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena) para la explotación, lo cual implicaba eliminar toda la cobertura vegetal y extraer el oro utilizando cianuro.
“La idea es que el oro se amalgama con cianuro o con mercurio y se separa del resto del material, que termina siendo desecho contaminado y contamina las aguas”, apuntó.
Además, el geólogo explicó que la minería ilegal recurre a un “método muy artesanal”, que es amalgamar el oro y separarlo con mercurio, una sustancia tóxica de delicado manejo, porque afecta la salud con solo manejarlo sin guantes ni mascarilla.
Una vez utilizado, se infiltra al agua subterránea y discurre por los ríos. Cuando entra en contacto con el agua, se acumula en las células de los organismos y entra en la cadena alimenticia, como destacó el ministro Rodríguez.
Ese funcionario subrayó que ya la policía tiene la situación bajo control y que “el daño ambiental ha sido grande”, pero que “la restauración será natural, ya que la semillas están en los bosques”.
“Es muy importante hacer ver que el daño ambiental que ha habido en esta propiedad es una mínima fracción de lo que pudo haber sido, si la empresa minera que hubiera estado aquí”, afirmó.
El jerarca lamentó que todavía hay gente que duda de que la mejor opción para el país hubiera sido haber permitido a la empresa minera venir aquí y destacó que, además del daño ambiental que la mina de la empresa canadiense hubiera significado, el Estado hubiera recibido regalías por lo explotado de menos del 3% del valor del recurso.
Rodríguez hizo un llamado a que “esta experiencia nos llame la atención para que el Gobierno, la sociedad civil y el gobierno local, en conjunto, podamos generar una iniciativa en esta propiedad que sea de beneficio para toda la región”.
Posteriormente, durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad informó que, de acuerdo a los datos provistos por Allan Obando, director de la Policía de Fronteras, el problema “no se ha ido, pero ha bajado”, pues en un momento se trató de cuatro mil coligalleros, mientras que actualmente “hay un control casi total, con unas 50 a 100 personas en los alrededores”.
Tras insistir en que “el abordaje debe ser integral”, Soto prefirió no decir cuántos policías tiene destacados en la zona, pero se comprometió a mantenerlos el tiempo necesario y a aumentar su número.
Ante preguntas sobre denuncias referidas al comportamiento de la policía, Soto fue enfático en que “los cuerpos de policía deben ser íntegros”, pero reconoció que “siempre se dan problemas de corrupción”.
El jerarca aseveró que en este momento el 95% de los coligalleros provienen de Nicaragua, pero subrayó que “más que un problema de nacionalidades, es un problema de personas” y, por ello, por penúltima vez, apuntó que “el abordaje debe ser integral”.
Ante una pregunta de UNIVERSIDAD sobre la posibilidad que la venida de gente del otro lado de la frontera se haya visto potenciada por la práctica de algunas empresas piñeras que traen personas como mano de obra barata desde Nicaragua, el funcionario dijo no estar al tanto, pero que pediría a sus asesores investigar al respecto, pues “hay que ver si este tipo de actividad es más rentable que la actividad agrícola”.
DESARROLLO LOCAL
“Queremos desplazar el discurso de que el oro es lo único que podemos tener como medio para sobrevivir”, afirmó Nancy Donzon, de la Unión Zonal del distrito de Pocosol. Se trata de una instancia que agrupa a las asociaciones de desarrollo locales y que, con apoyo financiero de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), busca que “el desarrollo que se vaya a generar sea de manera estratégica, sustentable y, sobre todo, que llegue para todos”.
Así, Donzon dijo que se ha logrado evidenciar que hay otras formas de generación de empleo, “no solamente es partir del oro como salida fácil”, sino desde el encadenamiento productivo, llevar a cabo proyectos sustentables y sostenibles de mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) o circuitos de asociaciones de desarrollo.
Así, citó la importancia de que se continúe la ejecución del Plan de Trabajo para el Desarrollo Fronterizo Norte Pocosol–Cutris–Pital, gestado desde el año pasado entre el Ministerio de la Presidencia, el Inder, la Municipalidad de San Carlos y la sociedad civil.
Se trata de una ambiciosa iniciativa que involucra a otras 15 instituciones –como Acueductos y Alcantarillados (AyA) o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) – y a asociaciones locales. Este plan de trabajo consta de acciones a corto, mediano y largo plazo, y algunas ya se han empezado a ejecutar, como construcción de caminos o de acueductos.
Otto Méndez, de la organización ambientalista Unión Norte por la Vida (Unovida), dijo sentir optimismo tras la gira de los jerarcas de Seguridad y Ambiente, al tiempo que repasó las propuestas que el sector de las organizaciones sociales tiene para ocupar el terreno en cuestión.
“En primer lugar, la finca debe ser adquirida por el Gobierno”, para que así se pueden desarrollar en conjunto con instituciones del Estado iniciativas, como una eventual sede de la Escuela Nacional de Policía, un parque geológico –propuesto por Allan Astorga o centros de capacitación en desarrollos productivos, como los que tiene el Inder.
Los ambientalistas también proponen un centro de investigación interuniversitario y una iniciativa muy divulgada por el entonces diputada Edgardo Araya de reforzar la producción de queso palmito que se comercializa en sitios como Zarcero, San Ramón o Poás.
Heidy Murillo, activista sancarleña de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), dijo que constatar la presencia policial le dio tranquilidad por la seguridad de los vecinos de la zona.
Sobre la posibilidad de llevar adelante las iniciativas que se consideran para ese terreno, recordó que el Estado, junto con Industrias Infinito y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), fue condenado a resarcir el daño ambiental, que los ambientalistas estimaron en $10 millones.
Sin embargo, el juicio para determinar ese monto está pendiente de resolución, por lo que “a las organizaciones ambientalistas que planteamos el juicio nos parece que es un momento idóneo para sentarnos a negociar”.
Ello es importante, pues se trata de fondos que servirían para comprar el terreno de Ganadera Vivoyet y desarrollar las diferentes iniciativas planteadas para el sitio. “En este momento ya disponemos de $600 mil depositados en el Banco de Costa Rica (BCR) como garantía ambiental de Industrias Infinito. Es un saludo a la bandera, pero es un inicio y probablemente vaya a ser lo único que se le cobre a la empresa”, aseveró.
De esa manera, Murillo también se refirió al citado plan de desarrollo local y celebró que ya se puede constatar la realización de obras de infraestructura vial e hídrica, fundamentales para empezar a desarrollar proyectos productivos y de turismo rural.
Ese plan es de hecho de medular importancia, pues el Ministro de Ambiente y Energía reconoció que “hay limitaciones financieras para poder comprar la finca, no lo veo a corto plazo”, por lo que se comprometió a apoyar el proceso interinstitucional liderado por el Inder y dijo que esta semana en Consejo de Gobierno expondrá el tema en busca de apoyo político a los presidentes ejecutivos de instituciones.
“El plan ya está y parte de las propuestas son afines a nuestra visión de tener diálogo con los propietarios de la finca y generar una iniciativa para que las comunidades tengan una opción de desarrollo”, acotó.
La aventura del oro
De manera muy concisa, una mujer de la localidad de Coopevega narró a UNIVERSIDAD su experiencia como coligallera, bajo la condición de no revelar su identidad.
Dijo que se dirigió al sitio en Crucitas en el mes de noviembre del año pasado, pues “quería vivir esa aventura; en realidad fue muy bonita, pero es demasiado duro”.
Relató que recurrió a la técnica de la pala, que “es como el cateo: se saca una palada, se lava y se lava con el agua de la quebrada hasta que el residuo más finito es el oro”, de manera que, según dijo, no utilizó mercurio.
Añadió que el oro que pudo encontrar era “muy fino, polvo muy finito” y que sacó muy poco, pues “se requiere experiencia; generalmente la gente que entra es muy novata, hay que trabajar muy duro para poder sacar 50 gramos”.
Además, indicó que debió hacer parte del trayecto a pie en la montaña, “brincando árboles, maleza, de todo, muy duro. Cuando llueve, hay mucho barro; uno se cae, se resbala, pero al llegar y ver todo eso, es bonita la aventura”.
Añadió que fue varias veces y que en la última vez entró de 5 p.m. a 4 a.m. “Una experiencia el doble de dura, porque se trabaja con un foquito a la orilla de la quebrada, usted no ve nada de lo que tiene alrededor”, explicó.
Ante la pregunta de si en algún momento temió por su seguridad, reconoció que en ese momento “no piensa uno nada de eso; ya cuando que uno sale y reacciona, el cuerpo está demasiado cansado, uno dice: ‘Dios, ¿qué hice?’, pero gracias a Dios no pasó nada”.
