El gobierno anunció este lunes que presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permita reactivar la explotación de oro a cielo abierto en Crucitas, ofreciendo la explotación en concesión mediante una subasta.
Según detalló Casa Presidencial, hoy se dio un encuentro entre la ministra de la Presidencia, Laura Fernández; acompañada por los jerarcas de Ambiente, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Seguridad, y los jefes de fracción.
Es fundamental atender la grave crisis ambiental y de inseguridad que se vive desde hace muchos años en la zona. Esta propuesta de proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería de oro a cielo abierto es específico y exclusivo para el Distrito de Cutris de San Carlos, no se trata de una exploración y explotación a nivel nacional”, indicó la ministra de la Presidencia.
Fernández explicó que se pretende definir una tarifa “piso” para la onza de oro, a partir de la cual se recibirán las ofertas de explotación y elegir la que ofrezca un mayor rédito para el país.
“No queremos que nadie siga robándose el oro que es de todos los costarricenses”, dijo Fernández, en referencia a los problemas de minería ilegal que se han registrado por mucho tiempo en Crucitas.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattembach, aseguró que se construyó una propuesta con especialistas en geología y minería “donde se busca una explotación del recurso ordenada, adecuada a las características propias de esa zona del país y resguardando el medioambiente aplicando buenas prácticas”.
Los ministros aseguran que con este proyecto se pretende detener la afectación ambiental en Crucitas como consecuencia del uso sin regulación de productos químicos para la extracción ilegal de oro en Crucitas.
“Nuestro oro se lo están robando, con técnicas que contaminan con mercurio y generan un gran daño. Esa riqueza debe quedar en San Carlos y en Costa Rica, y no en otros países como Nicaragua”, agregó Fernández.
Tras años de litigios y la anulación de los permisos a la empresa Infinito Gold, de capital canadiense, Costa Rica ganó el litigio internacional en el que esta compañía reclamaba una indemnización de 394,8 millones de dólares.
Para las autoridades del actual gobierno, este triunfo hace que el camino esté “despejado” para un nuevo intento de explotación en esa zona.
