El gobierno del presidente Carlos Alvarado aseguró este lunes que es principalmente la imprecisión jurídica en la redacción del artículo 7 del decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que se refiere a “información de carácter confidencial”, lo que ha sido malinterpretado.
El decreto Nº 41996-MP-MIDEPLAN fue publicado en La Gaceta el lunes 17 de febrero y derogado el mismo viernes 21, después de que se difundiera su contenido a través de medios de comunicación. El decreto se basa en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales (Ley Nº 8968), aprobada en el 2011 bajo la administración de Laura Chinchilla.
Víctor Morales, Ministro de la Presidencia, dijo hoy en conferencia de prensa: “Soy el primero en reconocer que la redacción del artículo 7 de ese reglamento llama a interpretaciones que no son el espíritu ni la intención del Gobierno de la República y hacemos un mea culpa y reconocemos eso con claridad”.
“La derogatoria del decreto lo que significa es que reconocemos que de manera particular que ese artículo 7 tiene una redacción que no es feliz, tiene una redacción que nos puede colocar en unos propósitos que no son las intenciones que ha tenido el gobierno con esta iniciativa. Yo asumo la cuota de responsabilidad que me toque por no revisar ese texto”, añadió Morales.
¿Qué dice ese artículo? Que “para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.
“En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
Viviana Benavides, del Departamento de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, explicó a UNIVERSIDAD: “Reconocemos la imprecisión jurídica que se planteó en ese artículo; sin embargo, al hacer una interpretación integral del artículo y del decreto hay que ajustarlo a la denominación exacta que indica la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales”.
Y agregó que “información de carácter confidencial es la imprecisión que se requiere ajustar a futuro, en caso de una eventual emisión del decreto nuevamente; ajustarla para que no se preste a confusiones”.
“Es una precisión que hay que dar para que no haya malas interpretaciones, El objetivo del decreto es claro en cuanto al enfoque de la información que se maneja para poder mejorar las acciones sobre políticas públicas que tome ésta”, dijo Benavides.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó suspender el trabajo del Equipo de Trabajo de Análisis de Datos mientras la Defensoría de los Habitantes investiga. La fiscal general, Emilia Navas también ordenó una investigación y la abogada Gloria Navas Montero interpuso una denuncia contra el mandatario.
Por otra parte, Diego Fernández, coordinador de la Unidad de Análisis de Datos, explicó hoy cómo fue el proceso de creación del decreto, el trabajo que hacen y la información a la que tienen acceso.
En una presentación a medios de comunicación realizada esta mañana, Fernández dijo que trabajaba en una estrategia de análisis de datos para tomar decisiones de política pública, recopilando información estadística.
Indicó que recopilaron información sobre presupuestos públicos, contrataciones públicas, planillas del Estado, compras públicas del Estado, flujos migratorios, patronos registrados ante la Caja Costarricense del Seguro Social, variables económicas, hacinamiento carcelario, congestionamiento vial, censo, registro de vehículos y propiedades. No han recopilado información sobre violencia ni sobre narcotráfico, respondió.
Según Fernández, no han recopilado información sobre salud ni enfermedades de la gente, tarjetas de crédito, transacciones, compras por Internet, redes sociales; no han tenido acceso a llamadas telefónicas, mensajes de texto ni cámaras de vigilancia.
Fernández añadió que la gran mayoría es información de uso público; sin embargo, aclaró que hay otra información que es de acceso restringido solo para uso dentro de la administración pública mediante convenios con ministerios e instituciones.
