País Convocatoria de solo dos proyectos

Gobierno acelera plan socialcristiano de condonación de deudas con la CCSS con retiro de agenda de Asamblea Legislativa

También se convocó un proyecto que prohíbe la exploración y explotación petrolera, iniciativa del Poder Ejecutivo

El Ministerio de la Presidencia retiró todos los proyectos de la Asamblea Legislativa para acelerar el proyecto Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales (21.522) el cual pretende condonar deudas de patronos y trabajadores independientes con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Es una iniciativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), liderada por el diputado Pedro Muñoz.

“Priorizamos estos proyectos por su impacto en la reactivación económica y los compromisos país en la descarbonización y la mitigación del cambio climático”, dicen declaraciones de la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte, en el comunicado enviado la tarde de este martes a medios.

El expediente 21.522 aún tiene pendiente un bloque de ocho mociones de revisión que deberán tramitarse en el plenario antes de su primer debate (las mociones son del diputado del Frente Amplio, José María Villalta).

Para acompañar el plan del PUSC, el Ejecutivo mantuvo en la corriente legislativa un segundo proyecto, que es propio de este poder. Se trata de la Ley para avanzar en la Eliminación del Uso de Combustibles Fósiles en Costa Rica y Declarar el Territorio Nacional Libre de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas (20.641). De acuerdo con el Gobierno, el proyecto permitiría “estar un paso más cerca” de la neutralidad de carbono que se prometió para el país desde el 2017.

“Nos permitirá continuar ejerciendo el liderazgo mundial en el tema ambiental y colocándonos en la vanguardia de las políticas ambientales”, asegura el comunicado del Ministerio de la Presidencia.

La agenda de dos proyectos se mantiene vigente para las sesiones plenarias de este martes, miércoles y jueves 29 de julio. El 31 de julio es el último día de una convocatoria de sesiones extraordinarias que tuvo ocho meses de duración y que, durante ese periodo, su agenda estuvo convocada por el Gobierno.

A partir de agosto, inicio de las sesiones ordinarias, la agenda legislativa se regirá por la negociación política de la Asamblea Legislativa.

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