La posibilidad de que se llegue a prohibir el herbicida glifosato es una de las opciones que maneja el Ministerio de Salud para combatir la enfermedad renal crónica (ERC), según lo manifestó el viceministro de Salud, Denis Angulo.
El funcionario detalló que al año, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) destina $32 millones en la asistencia de pacientes que deben hacer frente a procesos de diálisis o hemodiálisis, a lo cual sumó “la calamidad social” de lo que significa “tener a una persona, que tiene daño renal, esperando la posibilidad de un trasplante, pero casi destinada a una muerte a mediano plazo”.
En mayo pasado UNIVERSIDAD divulgó datos de la propia CCSS, según los cuales la cantidad de pacientes con ERC que recibieron diálisis pasó de 269 en el 2011 a 855 en ese momento de este 2018.
Ahora, Angulo informó que un estudió que solicitó a la Caja mostró que en las últimas dos décadas, unas dos mil personas han muerto a causa de la ERC. “Obviamente se le para el pelo a uno”, expresó.
Por ello, aseveró que “ahí donde hay un foco tenemos que ver cómo incidir de la mejor forma”. Ese foco, según lo ha reportado este Semanario en numerosas publicaciones desde el 2013, se encuentra en la provincia de Guanacaste. De acuerdo con Angulo, se trata principalmente de los cantones de Cañas, Bagaces, Santa Cruz, Carrillo y en menor medida en Liberia.
Lucha contra ERC
El viceministro apuntó que se han identificado tres factores determinantes detrás de la ERC denominada mesoamericana: el estrés térmico, el consumo de aguas “duras” o con arsénico y los plaguicidas, además de los casos en que interviene una predisposición genética.
El estrés térmico tiene que ver con las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas, cuya extenuante labor física se lleva a cabo durante horas bajo el implacable sol guanacasteco. A la alta exposición al sol con poca hidratación se le suma que “el peón agrícola, por su trabajo tan fuerte, consume mucho antiinflamatorio no esteroidal (Aines), y esa combinación genera una disfunción del gromérulo (parte del riñón donde se filtra la sangre y se genera la orina)”, según dijo.
Añadió que a partir de ello el Ministerio de Salud produjo “una normativa a los empleadores sobre todo de las zonas agrícolas de preponderancia de monocultivos, como caña, arroz”. Esta consiste en la implementación de baterías de hidratación en las zonas de plantación agrícola.
Ricardo Morales, de la Unidad de Normalización –a su vez bajo la sombrilla de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio– señaló que esas baterías se hicieron realidad gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Salud Ocupacional, lo cual también se complementa con evaluaciones y capacitaciones que se les dan a los administrativos y a los mismos trabajadores.
Sobre el problema de la contaminación del agua, Angulo confirmó que los análisis comprobaron una presencia de arsénico superior a lo permitido para consumo humano. Acotó que por esa razón se hizo una intervención por parte del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con filtros.
Informó además que para ese caso de Bagaces, ya el AyA identificó una fuente de agua libre del nocivo semimetal y que “ya tiene financiado el proyecto de acueducto nuevo”.
Veneno al acecho
Angulo llamó la atención al caso de la localidad de Aguas Calientes de Bagaces donde, antes de los años 80, la incidencia de ERC “estaba prácticamente en cero” y ya “tomaban el agua con arsénico”, pero hoy en día reporta “gran cantidad” de personas afectadas. Lo cual, según datos de un estudio hecho por la CCSS a su solicitud, apunta hacia “lo de los plaguicidas”.
Además observó que “en estas zonas agrícolas el producto que más se utiliza, casi industrialmente, es el glifosato, el conocido Round Up”. Apuntó que se cuenta con “cantidad de estudios que advierten la posible relación de ese producto con cáncer, ERC y otras enfermedades”, y que incluso el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC) lo considera “probablemente cancerígeno”.
El glifosato es un ingrediente activo, o básico, vendido como herbicida. Fue desarrollado y comercializado originalmente en 1970 por la multinacional Monsanto, bajo el nombre comercial Round Up. En junio pasado Monsanto fue adquirida por Bayer.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015 lo clasificó como “probablemente cancerígeno para seres humanos”. En agosto un jurado de San Francisco, Estados Unidos, ordenó a Monsanto pagar $290 millones a Dewayne Johnson, pues determinó que el herbicida Roundup, y su versión RangerPro, contribuyeron “sustancialmente” a la enfermedad terminal de Johnson, un tipo de cáncer conocido como linfoma no Hodgkin.
El glifosato además fue utilizado en el marco del Plan Colombia –que inició en el 2000– en fumigaciones aéreas para erradicar cultivos de coca. Esa práctica se abandonó en el 2015, tras incontables denuncias de comunidades campesinas e indígenas por sus efectos en la salud. Sin embargo, el presidente saliente Juan Manuel Santos anunció que se retomarán las fumigaciones con drones.
Recientemente, la Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO), de México, divulgó resultados de análisis de laboratorio que encontraron glifosato en las harinas Maseca.
¿Prohibición?
Ricardo Morales detalló que se conformó una comisión de trabajo con representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Colegio de Médicos y la Defensoría de los Habitantes, para analizar “todas las aristas del problema, todos los efectos que tiene el glifosato”.
El viceministro Angulo subrayó que cualquier decisión o recomendación “no es una cosa antojadiza de que queremos eliminar el glifosato; también hay productores que obviamente no lo van a ver con buenos ojos y necesitamos llegar a un consenso entre todos los actores, para que por una cuestión de conciencia, más que imposición, lleguemos a decir esto nos podría estar afectando en algunas enfermedades, que mejor sacarlo del mercado, pero estamos en ese proceso”.
Se le insistió si se trata de un proceso con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el fin de buscar la prohibición, a lo que el funcionario contestó que “sí, hay una especial… el presidente está interesado en que esto se saque adelante, se tocó mucho en campaña y prometió entrarle al asunto”.
Morales acotó que la idea es proponer a las autoridades “un menú de alternativas para que se pueda negociar con todos los sectores, desde la prohibición, hasta las buenas prácticas, que son los extremos, se pueden ver opciones como regularlo para ciertos usos, o no permitirlo para cierto tipo de aplicaciones o cultivos”.
Ante la pregunta de si se puede esperar un decreto que restrinja el uso del glifosato en algún momento del año entrante, el viceministro Angulo replicó que “espero que sí, yo quisiera que saliera ya, porque cerramos otro factor de la ERC, pero tiene que ser una posición consensuada de los actores que tenemos que ver en esto”.
Patear la bola
El académico Jaime García, quien ha denunciado los riesgos del uso del glifosato e incluso su uso en zonas urbanas, se mostró escéptico de que de veras se avance hacia la prohibición del glifosato.
“Mi percepción –aseveró– es que lo que quieren es seguir pateando la bola hacia adelante, cuando hablan de regulación”. Añadió que “quieren quedar bien con todo el mundo”, ya que hay “mucho dinero involucrado, porque es un herbicida muy usado en todo el mundo, es muy efectivo y muy barato”.
García auguró que el glifosato se prohibirá en Costa Rica hasta que se prohíba en todo el mundo, como sucedió con el DDT o el nemagón. “Es la triste realidad, pero seguiré insistiendo por la prohibición”, indicó.
El profesor de la Escuela de Biología de la UCR subrayó que las evidencias sobre los efectos nocivos del veneno “cada vez van a ser más contundentes”, por lo que “lo ideal es dar a conocer la información para que la gente trate de no usarlo”, aunque reconoció que ello es difícil, precisamente por su efectividad y bajo costo. “Hay que insistir, va a ser un proceso largo y estamos en el principio”.
