Por casi medio año, el gerente de Adquisiciones y Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Carlos Solís Murillo, y la dueña de la gran empresa constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, habrían planificado beneficiar a la empresa con dineros de un presupuesto extraordinario de la República, de acuerdo con un extenso expediente de investigación penal.
La red de influencia para conseguir ¢51.000 millones públicos para CONAVI —de los cuales H. Solís recibiría una parte, junto con la constructora Meco—, inició con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. También incluyó al asesor presidencial Camilo Saldarriaga Jiménez y, posteriormente, al diputado liberacionista David Gourzong (ahora subjefe de la fracción verdiblanca).
El año pasado, 2020, existía un “déficit de ¢42.ooo millones de colones por dineros malversados en el CONAVI”.
En diciembre del 2019, Carlos Solís y Mélida Solís iniciaron acciones para conseguir dinero con tal de “encubrir” ese déficit y “continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas”.
“Entre los meses de diciembre del 2019 y enero del 2020, los investigados Carlos Solís Murillo (Gerente de Adquisiciones y Finanzas-CONAVI) y Mélida Solís Vargas (dueña de H. Solís), de común acuerdo, a fin de generar un benefició económico indebido para la constructora H. Solís, influyeron con prevalencia del cargo y personal, respectivamente, sobre Rodolfo Méndez Mata (Ministro MOPT), para que éste (Méndez Mata) realice actos tendientes al convencimíento del presidente de la República respecto a la aprobación de presupuesto extraordinario a fin de destinarlo a algunas líneas de conservación vial a cargo de esta constructora”, acusa el expediente penal 19-000025-128-PE.
Este expediente se tramita por “delitos de cohecho, penalidad de corruptor, tráfico de influencias y otros, en perjuicio de los deberes de la función pública y otros”.
Al funcionario Carlos Solís Murillo se le acusa por recibir dádivas de las empresas constructoras H. Solís y Meco. Un párrafo de la denuncia asegura que Solís Murillo recibió de MECO “licores, el pago de almuerzos costosos, pago de servicios sexuales, patrocinio para la fiesta del CONAVI, así como mensualidades en efectivo”.
“A cambio de tales dádivas, el funcionario Solís Murillo se encuentra siempre al servicio de los intereses de MECO, para hacer actos contrarios a sus deberes,entre esto, se interesó en agilizar y priorizar la ejecución del presupuesto extraordinario que comprendía la suma de ¢200 millones, los cuales automáticamente aseguraban la continuación de los trabajos de MECO”, dice el expediente penal.
UNIVERSIDAD tiene copia de este documento de 573 páginas, ahora conocido como el caso “Cochinilla”.
Gerente de CONAVI habría influenciado a Hacienda por medio de asesor Camilo Saldarriaga
El expediente dice que en diciembre del 2019, Carlos Solís Murillo, gerente del CONAVI, y Francisco Molina Salas (consignado en la causa como “Director Financiero del MOPT”) “dirigieron las solicitudes presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda para que se produzca un resultado lesivo a los intereses de la Hacienda pública”.
En ese momento, “solicitaron la aprobación de ¢51 mil millones de colones, de los cuales Carlos Solís utilizaría parte para encubrir Ios dineros malversados en el CONAVI y continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas tales como MECO y H. Solís”.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo y Francisco Molina Salas contaron con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez , quien influiría sobre el Ministro de Hacienda, en ese momento el viceministro Isaac Castro Esquivel, para que se produjera el resultado pretendido por los funcionarios públicos” (es decir, la aprobación de los ¢51 millones para encubrir un déficit de ¢42 mil millones y continuar pagándole a Meco y H. Solís).
Antes de este artículo, Saldarriaga Jiménez renunció a su cargo en Casa Presidencial (14 de junio). En una declaración pública, dijo que “La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, “en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulado con la Tesorería nacional el giro de transferencias a instituciones como CONAVI. Es algo absolutamente ordinario y legal”.
Para el “mes de julio del 2020, Carlos Solís Murillo, al intervenir en razón de su cargo como Gerente de Adquisiciones y Finanzas del CONAVI, dirigió la moción presupuestaria ante la comisión de Hacendarios (de la Asamblea Legislativa) para producir un resultado lesivo a los intereses de la Hacienda Pública”. Solís Murillo “planteó la aprobación de ¢22.500 millones de colones, de los cuales Carlos Solís utilizaría una parte para encubrir el déficit de ¢42.000 millones de colones por dineros malversados en el CONAVI y continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas”.
De acuerdo a esta misma redacción Camilo Saldarriaga “a sabiendas del déficit de ¢42.000 millones” en el CONAVI “intervendría desde su cargo en favor de la aprobación de dicha moción”.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo contó con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez”, dice la causa penal.
Mélida Solís ‘influyó’ en diputado del PLN David Gourzong
El expediente acusa que “Por su parte, Mélida Solís Vargas, a fin de generar un beneficio económico para su empresa H Solís, producto de la aprobación de la moción de presupuesto del CONAVI ,que implicaría el destino de dineros para sus proyectos, influyó con prevalencia personal sobre el diputado David Gourzong Cerdas, a fin de que la moción presentada fuera avalada en el plenario sin inconvenientes”.
El expediente incluye la transcripción de una llamada telefónica entre Mélida Solís y Carlos Solís (gerente de CONAVI) durante la cual Mélida habría afirmado que “Hacienda aceptó, ahora es terminar de llamar diputados, en eso estoy, don Rodolfo me pidió que me pusiera atrás (…)”. Mélida también dice que “uno de los que puedo llamar es aquel… Gourzong”.
En la misma llamada, Mélida dice que “ya estamos Ilamando a varios diputados, Roberto está llamando unos y yo otros, para que no se pongan tontos ahí en el plenario”.
Roberto Acosta es esposo de Mélida Solís, secretario de la empresa H. Solís y uno de los implicados en la causa penal.
